El conflicto armado, iniciado al menos, desde el 21 de marzo 2021 entre Colombia y Venezuela, más exactamente entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana FANB y grupos paramilitares narcotraficantes de Colombia (no el ejército regular colombiano), (llamado por el gobierno venezolano: conflicto tercerizado), que se extendió durante dos semanas, a la fecha de este artículo, ha dejado un saldo de ocho militares de la FANB muertos, más de 30 soldados heridos, y ataques con minas antipersona y zozobra en la población.

A su vez, los combates también dejaron nueve miembros de los grupos armados colombianos fallecidos, la disolución de seis campamentos ilegales y la detención de 33 personas, presuntamente vinculadas con estas organizaciones.

Cuando hablamos de grupos paramilitares narcotraficantes, nos referimos a estos últimos, como factores vitales del conflicto, específicamente focalizado en el Estado Apure de Venezuela y en el Departamento Arauca de Colombia, Estado y Departamento fronterizos de los dos países en cuestión. Ya que son movimientos narcotraficantes, queriéndose expandir, buscando nuevas vías en territorio venezolano y en articulación con Colombia y EEUU.

La demostración palpable de lo afirmado, es que hay un dato innegable: a mediados de 2019, un informe de la Oficina de la Organización de las Naciones Unidas, contra la Droga y el Delito (ONUDD), reveló que en Colombia se produce el 70% de la cocaína que es consumida a nivel mundial. Ya en 2017, el ente se mostraba alarmado por un aumento del 31%, en la capacidad de producción del país neogranadino, contribuyendo a una situación global de “máximos históricos” en cuanto al tráfico internacional de drogas.

La ONUDD, en su informe del año pasado, recalcó que el panorama de 2019 se mantenía sin modificaciones, ya que las hectáreas sembradas de coca, con fines ilegales no han disminuido, como se esperaba después del Acuerdo de Paz. La iniciativa, desmantelada por Iván Duque apenas arribó al poder, ha profundizado el papel central de Colombia en la industria global del narcotráfico, agravando los costos humanos y sociales que trae consigo. El informe también reseñó que, a raíz de la pandemia por covid-19, el consumo de estupefacientes ha crecido y, en consecuencia, se ha visto multiplicado el tráfico global.

Una investigación del diario español El País explica cómo se ha sofisticado la producción de cocaína en Colombia. Según explica la investigación, el cierre de fronteras global por la pandemia no ha disminuido el negocio. Además, la cocaína llega a las ciudades europeas con la mayor pureza que se conozca en la historia reciente: un 69 % en promedio, y en varios casos por encima del 85 %, según el Centro Europeo de Monitoreo de Drogas y Drogadicción. Agrega la investigación, que hay muelles en los que se han decomisado cantidades inimaginables de cocaína, pero que no alcanzan a ser, seguramente, ni un cuarto del total que ingresa.

La investigación señala que, una de las principales razones de este incremento disparado de producción y consumo, se debe a que desde que los grandes carteles colombianos se empezaron a fragmentar en los años noventa, el negocio del tráfico se fue dislocando y tercerizando. Y enfatiza que “a partir de entonces, campesinos, fabricantes, empresarios, transportistas, aduaneros, pilotos, marineros, buzos, policías, militares, peones y vendedores al menudeo, forman los eslabones de una cadena que, al cerrarse, hacen que la cocaína llegue a cualquier destino del mundo.

Así mismo, tanto la Fundación Paz y Reconciliación como las agencias estadounidenses y entes internacionales coinciden en que el Pacífico colombiano (por vía marítima y aérea) es la ruta más utilizada por los narcotraficantes para exportar drogas hacia EE.UU. y Europa. Se calcula que más del 70% de toda la producción de estupefacientes pasa por dicha ruta, primero hacia el Caribe, y luego hacia los principales centros de consumo en Occidente.

A su vez, Antonio María Costa, exdirector la ONUDD, afirmó en 2009, que el lavado de capitales del narcotráfico, mantuvo el sistema financiero de EEUU, a flote luego del crash del 2008. En concreto, Acosta afirmó: “El producto del crimen organizado era el único capital líquido de inversión disponible para algunos bancos al borde del colapso del año pasado”, “Los préstamos interbancarios, en EEUU se financiaron con dinero proveniente del comercio de drogas y otras actividades ilegales”.

En complicidad con los siguientes bancos, que han sido acusados formalmente de lavar dinero de carteles del narcotráfico como Los Zetas, Sinaloa, entre otros, afrontando penas y multas casi siempre ridículas: Bank Of America, Wells Fargo, HSBC, Citigroup.

Entonces, los narcóticos, como ha dicho el periodista italiano Roberto Saviano: “Naturalmente estamos hablando de la única materia comparable al petróleo. No existe, además del petróleo, nada que te haga ganar tanto como la cocaína, nada”. El narcotráfico global mueve más de 320 mil millones de dólares al año, lo que lo convierte en el “lubricante” de la economía mundial y el sistema financiero occidental, donde, como indica Saviano, muy pocos productos ofrecen una rentabilidad similar a la de las drogas.

En síntesis, aunque la ruta de exportación por el Pacífico colombiano es segura y estable, el aumento de la demanda de estupefacientes, obliga a forzar la apertura de nuevas rutas de tráfico desde Venezuela hacia EEUU y Europa, lo cual permitiría abaratar no solo los costos de transporte, sino también alimentar con mayor fuerza el ciclo de lavado de capitales, que permite a las economías occidentales seguir a flote. La fuerte crisis económica en EEUU y el descontento social en ascenso agrega una nueva urgencia, ya que una población narcotizada puede ser controlada con mayor facilidad, mientras la élite financiera continúa acumulando los beneficios del narcotráfico.

Y para esto, EEUU tiene su estrategia: la creación de una nueva plataforma terrorista que busque consolidar el apoyo social que no han logrado, acciones militares en la frontera en alianza con bandas de narcotraficantes, paramilitares y delincuentes. La administración Biden ha decidido tomar el control directo de las operaciones, reuniendo bajo un solo mando a sus Fuerzas Armadas, el Departamento de Estado, la CIA, las organizaciones paramilitares colombianas, los carteles del narcotráfico, el gobierno de Colombia y el sector terrorista interno. Lamentablemente, Venezuela está en el centro de la “política antidrogas» del Imperio norteamericano.

Ya lo señalaba el ministro venezolano de Defensa, G/J Vladimir Padrino López, “El plan imperial es, tercerizar el conflicto para balcanizar a Venezuela; incursionar a Venezuela, apoderarse de un espacio territorial para sus operaciones logísticas, acompañados por la DEA, que es el mayor cartel de drogas del mundo, para causar desestabilización con esos grupos armados, desestabilizar la frontera y venirse al centro del país por el occidente”.

La investigadora María Fernanda Barreto, igualmente lo señala: “Si estos nuevos gobernadores regionales se ponen a las órdenes de los intereses intervencionistas, pueden facilitar el avance paramilitar sobre el territorio venezolano para cubrir rutas de tráfico de drogas desde Colombia hacia el Lago y el contrabando de extracción, y podría impulsar un aumento del desplazamiento forzado en Táchira, Mérida y Zulia para dirigirlo hacia Colombia, y así favorecer las matrices de opinión relacionadas con la presunta crisis que generarían refugiados venezolanos. En suma, un avance de los planes estadounidenses en la región”.

Según el canal Al Mayadeen en Español, a solo 26 kilómetros de Cúcuta, ciudad fronteriza con Venezuela, en la zona rural, hay al menos un centenar de hombres que buscan controlar la región. Se dice que están vestidos con pantalón y camiseta negra, que son “paisas” y siempre están armados. También cuentan que llegaron, en grupos de cuarenta, en avionetas desde Carepa, en el Urabá antioqueño. Se hacen llamar las AGC, y en reiteradas ocasiones han reunido a la gente que vive en los cascos urbanos de los corregimientos de Palmarito, Aguaclara y Banco de Arena de Colombia, para explicarles su misión.

Supuestamente, la misión es sacar al Ejército de Liberación Nacional ELN de la frontera. Y quieren sacar al ELN de la zona rural de Cúcuta y del municipio de Tibú, porque esta es la puerta de entrada hacia la región del Catatumbo, que históricamente ha sido disputada por grupos paramilitares y guerrillas, pues no solo es un corredor estratégico hacia Venezuela y el Caribe, sino que también tiene el mayor número de cultivos de coca del país. De acuerdo con el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) de Colombia, hay 41 mil hectáreas de coca, 20 mil de las cuales están en Tibú.

En resumen, lo que realmente sucede en esta frontera, es que el Estado colombiano, ha delegado el control territorial a narcotraficantes, paramilitares, contratistas privadas que custodian las empresas trasnacionales de la zona y tropas e instalaciones militares estadounidenses, mientras solo enfrenta a las fuerzas de izquierda y ataca a las comunidades organizadas y sus líderes.

Lo lamentable es que EEUU, ante su demencial estrategia, está propiciando y aumentando un posible escenario de guerra entre Venezuela y Colombia, al gestar una intervención contra el país bolivariano a través de tropas irregulares, paramilitares, narco-bandas y grupos delincuentes armados, con la colaboración del ejército colombiano, en la frontera entre ambos países.

Ya lo señalaba, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, al llegar en auxilio de Duque y la política que lleva adelante, diseñada por Estados Unidos y sus intereses en la región: “Nuestra alianza sigue para apoyar la paz y la prosperidad en Colombia, mediante una cooperación en seguridad, desarrollo rural, lucha contra las drogas y derechos humanos”. En realidad, desean (Colombia y EEUU) más drogas.

Finalizando 2020, en plena crisis económica y sanitaria en Colombia y en el mundo por cuenta de la pandemia de Covid-19, el presidente Duque manifiesta haber erradicado del país 130.000 hectáreas de hoja de coca y confiscado también más de 456 toneladas de cocaína; sin embargo, fuentes cercanas al gobierno y al programa de erradicación de cultivos ilícitos indican que las cifras están siendo infladas para demostrar resultados positivos en la lucha contra el narcotráfico, y que esta situación no es de ahora, sino que viene sucediendo desde hace al menos 10 años, poniendo en tela de juicio los resultados dados a conocer por la presidencia finalizando el año.