El estado de excepción nacional decretado por Lasso permite que las fuerzas armadas se unan a la policía en las calles de todo el país para combatir a narcotraficantes, lo que generó suspicacias y rechazo entre indígenas y sindicalistas, que convocaron a jornadas de protesta contra la política económica del gobierno y el sistemático aumento del precio de los combustibles, aunque el viceministro de Gobernabilidad. Juan Manuel Fuertes, aseguró que está garantizado el derecho de los ciudadanos a manifestarse.

En un decreto emitido la noche del lunes, el mandatario dispuso durante 60 días una fuerte presencia en las calles de la policía y las fuerzas armadas con patrullajes de 24 horas para combatir con firmeza al narcotráfico, la delincuencia y la violencia generada por grupos delictivos.

Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, declaró a radio La Calle que hay preocupación porque el gobierno no está resolviendo los problemas económicos y sociales que están llevando a la gente a las calles, y más bien pretende aplacar la reacción de la población con una visión militar.

Isabel Vargas, presidenta de la Unión Nacional de Educadores de Ecuador, señaló que con el estado de excepción el gobierno pretende bloquear la reacción popular a sus propuestas económicas, y lo que ha demostrado el presidente es que no hay diálogo.

Agregó que si bien los niveles de violencia e inseguridad son preocupantes, con el estado de excepción Lasso busca que el Consejo de Administración de la Asamblea Nacional (CAL) califique los dos proyectos económicos urgentes –en materia tributaria y laboral– que planea enviar el Ejecutivo al Congreso esta semana, y que luego pasen al pleno y se conviertan en leyes.

Militares patrullan las calles en Quito y Guayaquil

Durante la jornada se hizo evidente la presencia de militares en ciudades como Quito y Guayaquil, donde realizaron controles de armas y revisiones a pasajeros del transporte público y en las calles, en los sectores considerados más peligrosos.

Gremios de campesinos y agricultores protestaron el pasado lunes en cuatro provincias del país y bloquearon carreteras en demanda de precios sustentables para sus productos y en contra del alza mensual del precio de la gasolina, que en poco más de un año ha subido de 1.48 dólares por galón a 2.50.