Estados Unidos promulgó en diciembre de 2022 una ley relacionada con la gobernanza de Ecuador, la United States-Ecuador Partnership Act of 2022 (Senate of United States, 2022) que contempla aspectos sustantivos para la soberanía del país. No es un acuerdo bilateral obtenido a través de los canales reconocidos entre los dos países, sino una ley que fue elaborada y decidida en el Senado y Cámara de Representantes de Estados Unidos, cuyo rango normativo le convierte en política de Estado de ese país, que será aplicada extraterritorialmente en Ecuador. En sus definiciones es explícito que el foco geopolítico es Estados Unidos y sus intereses, no sólo porque determina las prioridades sino porque incluso atribuye a sus autoridades la potestad para diseñar estrategias para Ecuador. 

El Secretario de Estado desarrollará e implementará una estrategia y los programas relacionados para             incrementar las capacidades del sistema de justicia ecuatoriano y de las autoridades encargadas de hacer     cumplir la ley, para combatir las economías ilícitas, la corrupción, las organizaciones criminales                         transnacionales y la influencia negativa de actores extranjeros y nacionales malignos… (Senate of United         States, 2022, pág. 10 section 6).

Desde entonces se han afianzado significativos compromisos para el diseño institucional y económico, la adhesión del país a la perspectiva de la democracia occidental ‘lejos de las influencias extranjeras malignas’, la gestión de recursos naturales y, sobre todo, el alineamiento con los objetivos de seguridad nacional estadounidenses (US Foreing Relations Committee, 2022.12.15). En los debates previos a la adopción de esta ley, la meta de evitar a toda costa el retorno del país al socialismo fue una idea fuerza.

No obstante, aún bajo esta y otras acciones para convertir al país en una suerte de protectorado estadounidense y encajarlo en las dinámicas más extremas del capitalismo corporativo, persiste en Ecuador el horizonte de cambio pautado por la propuesta de la Revolución Ciudadana, que llegó al poder entre 2007 y 2017. Por un lado, la Constitución vigente contiene elementos con gran potencial para alterar las relaciones de poder dominantes y, por otro, el movimiento político que resultó de ese proceso, no sólo ha logrado sobrevivir al lawfare, instaurado desde el retorno al neoliberalismo en 2017, sino que se mantiene como la primera fuerza política del país.

Además, un elemento relevante: el pueblo muestra una adhesión política estable, estimada entre un 35 y un 40%, mientras su líder en exilio, Rafael Correa (2), luego de una gestión reconocida nacional e  internacionalmente, sigue siendo el político con mayor opinión favorable el 51.24% (Maluk, 2024).

Las complejidades de este contexto dual nos llevan a la relevancia de observar el alcance del
proyecto de la Revolución Ciudadana y dimensionar las relaciones de fuerza que influyeron en
sus posibilidades de concreción y que delimitan ahora su ascenso. Esos datos de la realidad nos
permitirán esbozar una aproximación de su adscripción conceptual y política como propone esta
publicación.

La Revolución Ciudadana, como los otros procesos de cambio, es hija de sus tiempos, realidades
y contexto. Surgió al calor de las resistencias a la globalización neoliberal, cuando los pueblos de
la región latinoamericana se levantaron para cuestionar el libre comercio,  la precarización laboral,
la deuda externa y todas las formas de despojo subyacentes a la geoeconomía del capital, así como
para objetar las pretensiones estadounidenses de anexar a la región como parte de su proyecto
hemisférico (León I. , 2022).  De esas bravías resistencias advino la producción de alternativas y
la formulación de proyectos con horizonte de sentido histórico, que han sido viabilizados desde
renovadas perspectivas estratégicas.

Rafael Correa, Presidente de Ecuador (2007-2017) es un referente de la política económica internacional. Desde una perspectiva crítica al neoliberalismo, ha sustentado importantes tesis sobre una nueva arquitectura financiera latinoamericana, soberanía y transparencia económica, instrumentos de control de las prácticas especulativas y otros. Durante su gobierno logró un despunte económico con alcances redistributivos históricos.  Con medidas como la auditoría de la deuda externa y de los Tratados Bilaterales de Inversión, la denuncia del CIADI y otros, sentó las bases de una gestión económica soberana con gran potencial de fortalecimiento endógeno.

Durante su gestión, Ecuador formuló la Constitución de 2008, conocida como del Buen Vivir, que sustenta una refundación plurinacional del Estado, reconoce la diversidad económica y productiva, propone un país articulado desde un enfoque de soberanías (económica, alimentaria, energética geopolítica y otros), por su carácter garantista de derechos es considerada una de las Constituciones más avanzadas del mundo.  A partir de este marco, Correa impulsó un sistema de planificación participativa y rendición de cuentas sin precedentes en el país.

Desde 2017, con el advenimiento del lawfare, Rafael Correa está afectado por una incesante persecución política, mediática y judicial. Acusado de “influjo psíquico”, un delito creado ad hoc para él, permanece en exilio con asilo político en Bélgica. (3)

Ante un capitalismo en búsqueda de recomposición, se colocó un abanico de reconceptualizaciones, resignificaciones e iniciativas de desconexión (Amin, 1986), con herramientas pacíficas como las revoluciones constitucionales. Son procesos de cambio con capacidad de disputar sentidos con referentes y pensamiento propio y que tienen como escenario de transformación sus países y la región, a la vez que la geoeconomía y geopolítica de la globalización.

En Ecuador, como en los otros procesos planteados en la región, el cambio se produjo sin receta previa, a través de una dialéctica entre pensamiento y acción, fue impulsado por  una innovadora pero compleja camada de movimientos políticos, populares y sociales heterogéneos, que aprendieron a frecuentarse en diversidad, a producirse colectivamente y a mirar hacia el mundo para interrelacionar sus estrategias a esa escala. Se trata de un modo innovador de organización para la resistencia y para la producción de escenarios de poder, entendidos como vía posible para disputar alternativas al capitalismo.

Con la Revolución Ciudadana despuntó un fértil periodo de autodefiniciones, cuyo principal resultado fue la  elaboración participativa de la Constitución (Asamblea Nacional Constituyente, 2008) conocida como la Constitución del Buen Vivir por la centralidad de este concepto, que conlleva nociones ancestrales, biocéntricas y antisistémicas.  Esto último, principalmente porque coloca la reproducción ampliada de la vida en el centro de su planteo socioeconómico,  tomando distancia de la acumulación del capital que es el núcleo ordenador del capitalismo. (Leon, 2011, pág. 2)

Un segundo elemento definitorio es la conceptualización del Estado como plurinacional y el planteo de su refundación, para que la diversidad de pueblos indígenas y afrodescendientes sean parte constitutiva e integral de los cambios.  En sentido contrario a la premisa de achicamiento del Estado sustentada por el neoliberalismo,  aquí se lo concibió como gestor del bien común, de los intereses colectivos y de la articulación del país con el mundo, con potestad para redefinir la relación con los poderes corporativos nacionales y transnacionales.

El tercer elemento clave es el desplazamiento de la centralidad de la economía de mercado para reconocer la diversidad económica y productiva, más aún, el propio sistema económico fue 4 conceptuado como popular y solidario. Estas definiciones sistémicas y de soberanía económica constituyen un núcleo duro de la Revolución Ciudadana, que en su gestión de gobierno generó una dinamización económica sin precedentes, con cambios tangibles para el conjunto y con prácticas de redistribución que permanecen indelebles en la memoria de la gente.

La dinamización económica se produjo a través de una estrategia de cambio de la matriz productiva3 para diversificar la producción interna, desde un impulso de lo público y con buenas prácticas en la gestión de los sectores estratégicos. Fue un componente clave la activación del trabajo que se agilizó gracias a la inversión pública. Se fortalecieron los derechos de la clase trabajadora, el salario mínimo se triplicó, de 125 dólares en 2007 pasó a 375 en 2017 (Comercio, 2016), pero también hubo incrementos en todos los sectores. Apuntando a la universalidad, se ensancharon las coberturas de la seguridad social, operó el Seguro Social Campesino y se crearon mecanismos de inclusión para el sector informal y el trabajo doméstico, a la vez, dejaron de ser letra muerta los derechos a la jubilación, salud, y vivienda.

Se multiplicaron las políticas de igualdad, con medidas para aplicar la economía del cuidado que es parte de la diversidad económica. Por primera vez en la historia se equipararon y hasta feminizaron las instancias de poder de decisión del Estado y se desarrollaron mecanismos para hacerla extensiva a todos los campos. Similares políticas fueron orientadas hacia los sujetos de plurinacionalidad, como son los pueblos indígenas, afrodescendientes y montubios, al igual que hacia otros sectores discriminados como la diversidad sexo genérica.

Los derechos de la niñez y adolescencia ascendieron a interés superior del Estado, entre otros con un impulso a la universalidad educativa, con una inversión sin precedentes en infraestructuras,  tecnologías, suplementos alimentarios y otros. Se invirtió el 2% del PIB para propiciar el acceso de los sectores empobrecidos a la educación superior, misma que registró un antes y un después por los incentivos a su fortalecimiento.  Asimismo, el presupuesto de la salud pasó de 504 millones en 2006 a 4.234 millones en 2016 (Ministerio de Finanzas, 2016) con lo que la dotación de servicios y medicamentos gratuitos avanzaron a la universalidad.  Entre 2006 y 2014 la pobreza se redujo del 38,3% al 25,8% (INEC, 2016, pág. 15).  La dotación de infraestructuras transformaron el país 3 Esta estrategia fue coordinada por Jorge Glas,  vicepresidente (2007-2017) perseguido político, encarcelado por el régimen neoliberal y, por primera vez, se establecieron medidas para garantizar el acceso universal al agua, electricidad, vivienda, alimentación, tecnologías digitales, telecomunicaciones y otros.

En cuanto a política económica, los cambios se propiciaron gracias a un eje de desneoliberalización, entre cuyas medidas figuran: la auditoría de la deuda externa, sobre cuya base se conceptualizó a la deuda ilegítima (Comisión para la Auditoría del Crédito Público, 2008); la denuncia del Convenio sobre el Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI); la denuncia de los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) por la cesión de soberanía que conlleva la transferencia de jurisdicción a las instancias de arbitraje internacional (Presidencia de la Republica de Ecuador, 2017). La renegociación de contratos con las transnacionales permitió revertir el orden de prioridades que beneficiaban a las corporaciones en perjuicio del país.

Esta línea de acciones de soberanía económica, conjuntamente con la puesta en pie de mecanismos
de control del poder del mercado y de regulación, entre otros del capital financiero y las telecomunicaciones, constituyeron el eje de mayor complejidad, pues tienen que ver con los intocables centros del poder del capital. Más aún, si la redefinición de la relación del país con las Instituciones Financieras Internacionales resultó en la expulsión de los representantes del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial.

El cuarto elemento de destaque es la definición de las soberanías: económica, geopolítica, alimentaria, energética y otros, que funge como hilo conductor para la aplicación de los mandatos constitucionales en la planificación, en la política pública y, sobre todo, en las relaciones internacionales. Esa perspectiva de soberanía, es constitucionalmente indivisible de la integración latinoamericana y Caribeña y de una proyección histórica con el Sur.

La propuesta y proceso de la Revolución Ciudadana amplificó los derechos de las personas y  colectividades en toda su diversidad: étnica, cultural, de género, sexo genérica, de creencias y más. Adicionalmente, por primera vez en el mundo, el país reconoció constitucionalmente los derechos de la naturaleza.

Todo lo antes dicho se hizo en apenas 10 años y solo hemos esbozado aquí una fracción de un todo mucho mayor. Estos datos de la realidad son ineludibles para dimensionar el proceso y la propuesta de la Revolución Ciudadana, que propone cambios en un contexto en el que los poderes del capitalismo también han desplegado toda su potencia para consumar su proyecto de mercado total, bajo la hegemonía del sector corporativo que, a su vez, ha puesto en jaque no sólo la existencia del Estado, sino los proyectos colectivos y la política como expresión de estos.

El proceso quedó trunco, enfrenta ahora la ofensiva abierta de restauración de un neoliberalismo radical y la correlativa embestida del proyecto geopolítico estadounidense que, luego de la adopción de la antes referida Ley de Asociación (Senate of United States, 2022) deja al descubierto que en Ecuador opera un ‘experimento’ de protectorado capitalista del Siglo XXI, hecho que refuta la versión de que cualquier señalamiento hacia ese país se basa en las teorías izquierdistas de la conspiración.

En Ecuador está en curso un desmontaje del Estado y la  destrucción de un proyecto de soberanía, que reposa en una perspectiva de bien común y de lo público, se evidencia una agenda programática de reconversión de la institucionalidad en módulo de recepción para las operaciones de las corporaciones y de los poderes fácticos, que son ahora prioridad gubernamental. De ahí la relevancia de valorar el camino recorrido y la adhesión popular con la que cuenta el proyecto alternativo al neoliberalismo, para potenciar las estrategias de reposicionamiento.

¿ Socialismo del Buen Vivir, post capitalismo o progresismo? 

El primer elemento para dilucidar las perspectivas de la Revolución Ciudadana es el Buen Vivir,  que es concebido como horizonte para el cambio y como columna vertebral de la propuesta política y constitucional. También se ha erigido en un referente conceptual con visos de alternativa civilizatoria, especialmente “por el cuestionamiento a la lógica de la acumulación y reproducción ampliada del capital y la afirmación de una lógica de sostenibilidad y reproducción ampliada de la vida” (Leon, 2011, pág. 2).

Asimismo, ante la agudización de las contradicciones capital – vida, que se evidencian en esta fase del capitalismo, el enfoque de las interdependencias entre humanos y naturaleza aparece como un aporte para pensar la organización socioeconómica de otras maneras. Se pone en perspectiva un cambio epistemológico que abre caminos a una reconcepualización contrahegemónica de diversas nociones y preceptos, a la vez que se constituye en una matriz a 7 partir de la cual se definen un conjunto de transformaciones antipatriarcales, anticoloniales, de clase y otros (SENPLADES, 2013, pág. 24).

El carácter constitucional de la adopción del Buen Vivir abre posibilidades y desafíos a varios niveles:               como horizonte de cambio estructural, de nuevo ‘modelo’ a construirse a mediano y largo plazos, y como        agenda inmediata, que en términos de política pública implica ante todo un enfoque de transición, pues            se trata, nada menos, de salir del neoliberalismo en una perspectiva de ‘salir’ también del capitalismo, lo          cual, en la experiencia previa, sólo había ocurrido a través de revoluciones radicales que supusieron la              abolición’ de las clases. (Leon, 2011, pág. 2)

En esa línea, las antes mencionadas redefiniciones económicas y el proceso de desneoliberalización, cumplen un rol estratégico para modificar las relaciones de poder, entre otros, a través del fortalecimiento de perspectivas endógenas y distanciamientos de los poderes globales del capitalismo.  La Revolución Ciudadana desafió con sus acciones a los poderes fácticos del capitalismo: a las corporaciones transnacionales, a las Instituciones Financieras Internacionales, a los mecanismos del sector corporativo.  Una audaz iniciativa en el escenario mundial fue la formulación de un Instrumento Vinculante sobre Transnacionales y Derechos Humanos que, con el apoyo de la región y aliados en el mundo, resultó en la creación del Grupo de Trabajo sobre Transnacionales y Derechos Humanos en la ONU (Naciones Unidas. Comisión de Derechos Humanos, 2014) con mandato para avanzar en este sentido.

Asimismo, bajo la perspectiva de que la región tiene capacidad para constituirse en un polo de multipolaridad en la reconfiguración mundial en curso, la Revolución Ciudadana colocó a la integración como eje prioritario, formuló aportes relevantes para una nueva arquitectura financiera regional y para el desarrollo de una institucionalidad que garantice su sostenimiento a largo plazo, si bien el conjunto del proceso tuvo preeminencia.

Las acciones estratégicas en los escenarios internacionales muestran la convicción de que para viabilizar los cambios es ineludible actuar sobre los poderes reales del neoliberalismo y que para tener incidencia es ineludible el desarrollo de articulaciones a escala mundo, desde una identidad  8 geopolítica de Sur. La participación en instancias como el Grupo de Países No Alineados, el G77 + China, el retorno a la OPEP, entre otros, contribuyeron en ese sentido.

Immanuel Wallerstein, que introdujo temprano la perspectiva de sistema mundo, llamó la atención sobre la relevancia histórica de la interrelación entre el todo y las partes, como condición indispensable para la construcción de alternativas que disputen los sentidos y contenidos, para la urgente formulación de un nuevo sistema histórico post capitalista, esto desde su enfoque de la crisis sistémica (Wallerstein, 2005). Con el tiempo, vemos indicios de un proceso acelerado de recomposición del capitalismo, de la mano de los poderes corporativos, no obstante, en cualquiera de los escenarios, es de lo más relevante la formulación de estrategias dirigidas hacia los verdaderos centros de poder del capital, como la Revolución Ciudadana
encauzó durante su decenio.

Volviendo a las definiciones políticas, desde una instancia organizativa abierta, que se concibe como movimiento político y no como partido, la Revolución Ciudadana acuño el concepto de Socialismo del Buen Vivir, una propuesta prospectiva de largo alcance, interrelacionada con las dinámicas de cambio vivas en la región.

El horizonte político de la Revolución Ciudadana es el Socialismo del Buen Vivir. Este articula la lucha por        la justicia social, la igualdad y la abolición de los privilegios, con la construcción de una sociedad que              respete la diversidad y la naturaleza. …El Buen Vivir construye sociedades solidarias, corresponsables y            recíprocas que viven en armonía con la naturaleza, a partir de un cambio en las relaciones de poder.
(Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2013, pág. 24).

Este proceso de construcción política y conceptual quedó en suspenso por la restauración conservadora que opera desde 2017, pero lo avanzado en el decenio aporta con elementos relevantes para colocar a la Revolución Ciudadana como parte de las corrientes antisistémicas del Siglo XXI, donde confluyen distintas perspectivas, movimientos y acciones, que intervienen para modificar o subvertir las relaciones de poder del capitalismo.

*Socióloga y comunicadora.  Directora de la Fundación de Estudios, Acción y Participación Social
-FEDAEPS-  Ecuador.

(1) Boletín #7 Izquierda: teoría y praxis: ¿Gobiernos populares, progresistas, de izquierdas o populistas? Marzo 2024. Grupo de
Trabajo: “Izquierdas y luchas sociales en América latina y el Caribe”, CLACSO. (en prensa)

(2) Rafael Correa, Presidente de Ecuador (2007-2017) es un referente de la política económica internacional. Desde una perspectiva crítica al neoliberalismo, ha sustentado importantes tesis sobre una nueva arquitectura financiera latinoamericana, soberanía y transparencia económica,  instrumentos de control de las prácticas especulativas y otros. Durante su gobierno logró un despunte económico con alcances redistributivos históricos.  Con medidas como la auditoría de la deuda externa y de los Tratados Bilaterales de Inversión, la denuncia del CIADI y otros, sentó las bases de una gestión económica soberana con gran potencial de fortalecimiento endógeno.

Durante su gestión, Ecuador formuló la Constitución de 2008, conocida como del Buen Vivir, que sustenta una refundación plurinacional del Estado, reconoce la diversidad económica y productiva, propone un país articulado desde un enfoque de soberanías (económica, alimentaria, energética geopolítica y otros), por su carácter garantista de derechos es considerada una de las Constituciones más avanzadas del mundo.  A partir de este marco, Correa impulsó un sistema de planificación participativa y rendición de cuentas sin precedentes en el país.

Desde 2017, con el advenimiento del lawfare, Rafael Correa está afectado por una incesante persecución política, mediática y judicial. Acusado de “influjo psíquico”, un delito creado ad hoc para él, permanece en exilio con asilo político en Bélgica.

3.- 3 Esta estrategia fue coordinada por Jorge Glas, vicepresidente (2007-2017) perseguido político, encarcelado por el régimen neoliberal.

Bibliografía

Asamblea Nacional Constituyente. (2008). Constitución de la República del Ecuador. Quito: Asamblea Nacional Constituyente.
Amin, S. (1986). La déconnexion. Pour sortir du systhéme mondial. Paris: La Découverte. Senate of United States. (2022). United States-Ecuador Partnership Act of 2022. Washington: Senate of United States.
Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. (2013). Plan Nacional para el Buen Vivir. Quito:
SENPLADES.
US Foreing Relations Committee. (2022.12.15). Menendez, Risch y sus Colegas Logran la Aprobación del Proyecto de Ley de la Asociación entre Estados Unidos y Ecuador como parte de Legislación Anual de Defensa Nacional. Washington: Foreing Relations Committe.
Comisión para la Auditoría del Crédito Público. (2008). Informe Final de la Auditoría de la Deuda
Ecuatoriana. Quito: CAITISA.
León, Magdalena. (2011) Redefiniciones económicas hacia el Buen Vivir. Un acercamiento feminista. En Buen Vivir: experiencias en Bolivia y Ecuador desde una perspectiva de derechos de las mujeres. Otawa: AWID. 

Wallerstein, I. (2005). La crisis estructural del capitalismo. San Cristobal de las Casas: CIDECI. Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. (2013). Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017. Quito: SENPLADES. 

León, I. (10 de junio de 2022). CIPI. Las Américas en disputa: elementos que inciden en el desenlace de una Cumbre sin altura: https://www.cipi.cu/las-americas-en-disputa-elementos-que-inciden-en-el-desenlace-de-una-cumbre-sin-altura/ Maluk, O. (08-01 de 2024). Encuesta de Maluk: Correa se mantiene como el político con mayor opinión favorable del país: https://confirmado.net/2024/01/08/encuesta-de-maluk-correa-se-mantiene-como-el-politico-con-mayor-opinion-favorable-del-pais/
El Comercio. (14 de 12 de 2016). elcomercio.com. Obtenido de El salario mínimo en Ecuador pasó de USD 160 a 366 en 10 años: