El cónsul de Bolivia en Barcelona, Alberto Pareja Lozada, ha prestado declaración este miércoles ante la Fiscalía en La Paz en el marco de la investigación por presunta corrupción en la compra a una empresa española de 170 respiradores para luchar contra la pandemia de coronavirus.

En un principio el diplomático fue llamado en calidad de testigo, aunque finalmente el fiscal cambió la figura legal a sindicado. Tras prestar declaración, Pareja permanece en celdas policiales a la espera de la audiencia de medidas cautelares con el juez, donde se decidirá si enfrenta su defensa en libertad o desde la cárcel.

«Estamos desvirtuando todas las acusaciones que hace el Ministerio Público de manera infundada, porque el cónsul lo único que hizo fue proporcionar toda la ayuda para que los respiradores lleguen de manera pronta a Bolivia», ha sostenido el abogado del cónsul, Luis Fernando Roca, en declaraciones a Bolivia TV.

El diplomático llegó al país hace unos días, después de que fuera llamado a la Paz para brindar un informe ante la Cancillería sobre su participación en la adquisición de los equipos.

Respiradores que triplicaban el precio de venta

Fernando Valenzuela, exdirector jurídico del Ministerio de Salud, fue quien señaló a Pareja como una de las personas que participó en la negociación con la empresa española GTA Innova para la compra de los respiradores.

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Además, en mayo, el empresario Fernando Humérez, que es considerado como ‘testigo clave’ de la Fiscalía, testificó que el cónsul verificó personalmente los equipos y dio su visto bueno a los mismos, y que Iñaqui García, representante de la empresa que intermedió en la adquisición de los respiradores, IME Consulting, acompañó a Pareja durante la verificación.

El caso gira en torno a la compra de 170 respiradores durante la pandemia de coronavirus en Bolivia. El material fue adquirido, a través de intermediarios, gracias a un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a un coste que ronda los 27.000 dólares la unidad, cuando el precio de venta era casi tres veces menos.

El escándalo se destapó cuando a mediados de mayo profesionales sanitarios bolivianos denunciaron que los respiradores adquiridos solo valdrían para emergencias, no para terapia intensiva en las UCI del país. A partir de entonces se investiga este caso de corrupción, el más importante desde que el gobierno de facto se hizo con la Presidencia de Bolivia, hace siete meses.

A consecuencia de este proceso, el exministro de Salud Marcelo Navajas se encuentra en prisión preventiva por tres meses, después de ser detenido junto a otros investigados, lo que motivó su destitución. Además, Fernando Valenzuela, exdirector de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud, y Geovanni Pacheco, exdirector de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento (AISEM), también se encuentran en la cárcel.