Cuando llevamos más de un mes de arresto domiciliario sin plazo fijo, se hace más que evidente el esperpéntico papel del militarismo en la conducción de la crisis.
Y no sólo porque se ha desenmascarado que los militares son innecesarios para cualquier tarea que tenga que ver con los cuidados que se necesitan o con el mantenimiento de un orden público, reducido por la bisoñez de nuestros mandatarios a orden callejero del peor estilo, sino, también, por lo anacrónico de enjaretarnos una especie de parte diario de la retahíla de uniformados con sus chatarreras soltándonos soflamas y chascarrillos que harían las delicias de Gila.

Pero a ello se une, y parece que ya es una cuestión asumida por la gente del común, que mientras las necesidades de sanidad y salud pública han sido maltratadas por la casta política que nos ha tocado en suerte (dice alguno que cada pueblo tiene la que se merece, lo cual habla mal de nuestra resignación tan complaciente), el gasto militar no ha dejado de crecer; y de crecer para algo que no necesitamos, hasta situarse en cifras que se encuentran anualmente entre los veintimuchos a treinta mil millones anuales, según los cálculos más creíbles (ya sea Tortuga, Utopía Contagiosa antes de parar máquinas o la Coordinadora En Pie de Paz), cifras en todo caso muy por encima de los que nos ofrecen algunos centros de paz y algunos expertos que publican en estos días en los medios más o menos oficiales (que aunque ofrecen cifras inferiores al no computar todo el gasto militar, también son igualmente inasumibles para la sociedad).

En plena campaña de objeción fiscal, además del contraste entre el enorme gasto militar y su enorme inutilidad para defender lo que realmente nos interesa y necesitamos, resulta igualmente muy criticable:

• 1) el para qué del gasto militar, cuestión que se responde verificando nuestra política militarista e intervencionista (90 operaciones militares en el exterior desde Felipe González a Sánchez/Iglesias pasando por la retahíla de presidentes másdelomismo que llevamos consumidos; 17 operaciones militares actuales en escenarios de guerra y más de 16.000 millones de euros destinados a la guerra en el exterior desde 1989; seguimiento de la doctrina y la geopolítica de la OTAN y de sus intereses de dominación, un ejército desmesurado y privilegiado con capacidad de presionar y alterar la política estatal, una política militar que contempla el ejército como garante del estatus quo y que prevé su implicación frente a posibles «enemigos internos» y «quintacolumnas» de intereses externos; una expansiva promoción de la venta de armas, un proceso sostenido de militarización social . . . )
• 2) Y el enorme despilfarro que comporta, amén de sus objetivos explícitos, este gasto.

Sin ir más lejos, he podido verificar hasta qué punto cuando se supone que los recursos públicos deben estar centrados a la crisis del COVID-19, la contratación del ejército ha servido, desde febrero de 2019 al 8 de abril (últimos datos de los que dispongo) entre otras cosas, para acondicionar piscinas y jardines, comprar una cinta de correr, financiar bordados para los gorros militares en una base militar o adquirir agua mineral, entre otras lindezas no menos absurdas.

De modo que quiero añadir una lista (una más) de agravios de este gasto militar insolidario y que debería ser inasumible.

a) Despilfarro en contratos menores desde 14 de febrero de 2020.

Efectivamente, amigos, he revisado los «contratos menores» que aparecen en el portal de transparencia del Gobierno referidos al Ministerio de Defensa para llegar a esta conclusión.

Desde el 14 de febrero hasta el 8 de abril constan nada menos que 58 contratos menores del Ministerio de Defensa por el total de 549.731 euros (medio millón de euros) teóricamente para necesidades de la defensa durante este período en el que la mayor prioridad estatal se suponía que era (al menos eso nos decían los voceros del gobierno, esos que nos fabrican las verdades que debemos pensar y creer) acabar con la amenaza del COVID-19.

Pero el ejército ha necesitado cerca de 20.000 euros para mantenimiento de piscinas y contrato de socorristas, labor como se sabe, de primera necesidad, o más de 7.000 euros para mantener jardines, también muy necesaria labor para luchar contra la pandemia.

¿Y qué no decir de los más de 17.000 euros necesarios para dotar a las bases militares de agua mineral y dispensadores, o de los casi 1.500 para adquirir una cinta de correr, o lo gastado en vacunas caninas o en bordar las gorras militares con un cordón rojo, entre otras cosas?

Hay ocasiones en que, asumido que debo tener un especie de perversión irremediable que me lleva a encontrar la paja en el ojo militar ajeno, no doy crédito a lo que encuentro: hasta yo mismo me asusto. ¿Me estaré engañando? ¿Se justifica este gasto de casi 550.000 euros en aspectos como los antedichos cuando nos acribillan a diario los medios de comunicación con la falta de material quirúrgico o las deficientes condiciones en que se obliga a trabajar al personal sanitario?
No me puedo resistir a poner, aunque es larga, la tabla de este gasto. No lo hago por masoquismo, sino porque empiezo a pensar que más de uno se puede creer que me lo estoy inventando en mi excentricidad. Para ver la tabla completa, y por su enorme extensión, podéis consultarla el en pdf que acompaño un poco más abajo, pero aviso que aún hay más.

b) Contratos «mayores»

Además de estos contratos menores, el Ministerio de Defensa ha comprometido otros 172,18 millones de euros desde enero hasta la fecha en otro tipo de contratos que, como poco, se nos antojan insólitos, como son contratos para seguros de responsabilidad civil sanitaria de defensa, seguridad privada para las dependencias militares o servicios de limpieza. De estos contratos ha han adjudicado una parte considerable, por valor de 140,64 millones de euros y ha comprometido (aún sin adjudicar) otros 31,54 millones más. ¿Un dinero que podría haberse recortado del gasto militar y transferido a las necesidades acuciantes y que van a desbordar la deuda pública en materia de sanidad y de protección a la sociedad?

Aportamos igualmente el cuadro de dichos contratos que, a nuestro juicio, se comentan por sí solos.

c) ¿Y eso es todo?

Con los militares me he acostumbrado a hacerme siempre esta pregunta, porque siempre queda algo más. No se caracteriza lo militar por su racionalidad (eso ya lo sabíamos) ni por su transparencia.

El ejército del Aire acaba de formalizar un nuevo contrato para el mantenimiento de 3 aviones de patrulla marítima (uno de ellos operando en la Operación Atalanta) por importe de 2,9 millones de euros. La idea de la reparación es extender su vida útil hasta que tengan presupuesto para comprar tres aviones C.290 de Airbus de reemplazo (el precio por cada uno de estos nuevos aviones supera los 30 millones de euros), lo que implica que, por esta curiosa fórmula, acaban de asegurarse al menos otros 90 millones de euros más en compra de material militar, lo que demuestra que la «pandemia» y la cortina de humo que supone centrar todo el eco comunicacional en ella está siendo muy provechosa para el desmesurado gasto militar español, pero muy insolidaria, a la vez, con lo que realmente interesa a la sociedad.

Por otra parte, el último Consejo de Ministros (14 de abril) también aprovechó para autorizar más compromiso de gasto destinado a lo militar y adoptar otras medidas «sutilmente» militarizadoras. Veámoslo.

• a) Para la continuidad de los contratos de sistemas informáticos del Ministerio de Defensa, otros 727.000 euros de compromiso de gasto.
• b) Se declaran de interés para la defensa los terrenos circundantes a la base militar de El Goloso (Madrid) para hacer un parking militar.
• c) Se autoriza a que una empresa contratista de defensa pase a manos de capital francés.

d) El capítulo de convenios del Ministerio de Defensa

También febrero y marzo han sido meses fructíferos para afianzar convenios de colaboración militarista.

El propio portal de transparencia del Gobierno señala la suscripción de los siguientes:

• Convenio de 31 de marzo con el Centro Preuniversitario Más Camarena para el desarrollo de actividades mutuas en el ámbito de las emergencias, principalmente válido para la campaña de autobombo de la UME.
• Con la Universidad de Sevilla para la realización de prácticas académicas tuteladas en centros militares y para alumnos militares.
• Convenio del INTA y la Universidad de León para realización de prácticas y trabajos de fin de grado.
• Con la Federación de Municipios de la Región de Murcia para la incorporación de militares al mundo laboral como policía.

e) Encomiendas de gestión

La encomienda de gestión es una técnica de nuestro derecho administrativo que permite que una competencia que tiene que desarrollar una administración la realice un tercero, supuestamente porque la administración no tiene medios técnicos para realizarla por sí misma. Lógicamente al «encomendado» se le paga por la gestión que realiza en nombre de la administración. Según nuestra ley este tipo de «encoimendas» debería ser muy excepcional y justificado, pero es una figura de la que abusan todas las administraciones para hacer funciones que le son propias y que o no quieren hacer por sí o que endosan a un tercero (generalmente a una empresa pública o a un organismo autónomo dependiente del Estado) para darle un pellizquito del presupuesto.

Hasta ahora he prestado muy poca atención a esta modalidad con la que el Ministerio de Defensa (no es el único) dota de recursos extra a sus organismos autónomos y empresas dependientes, a pesar de que tanto el Tribunal de Cuentas (que llegó a pedir en 2015 una ley que limitara esta perversión), como otros órganos fiscalizadores del Estado, han criticado la anomalía y las irregularidades de las encomiendas de gestión efectuadas por diversas administraciones.

Además de las encomiendas de gestión a los organismos autónomos militares, Defensa utiliza esta modalidad para «encomendar» la gestión de actividades propias a empresas del sector militar, particularmente a las que están participadas por Defensa, como es el caso de las que realiza Defensa (y no sólo) a favor de ISDEFE o INDRA, o una gran parte de las administraciones del Estado a favor de INDRA; HISPASAT u otras.

Normalmente, dado que localizar todas las encomiendas es un trabajo muy complicado, no suelen incluirse las partidas de encomiendas de gestión realizadas por ministerios ajenos a Defensa a favor de empresas militares participadas por Defensa o a organismos autónomos militares, aunque su montante es, a la vista de las que he ido encontrando con alcance para dos tres y hasta cuatro años, importante y forma parte del gasto disperso en otros ministerios y oculto a nuestro conocimiento.

Bien, vayamos a ilustrar estas prácticas, poniendo ejemplos de algunas de las encomiendas «vigentes» a 14 de abril según el portal de transparencia del Gobierno.
Encontramos una primera por la que la Jefatura de Sistemas de Información, Telecomunicaciones y Asistencia Técnica del Ejército de Tierra (JCISAT) encomienda a ISDEFE la gestión de actividades relacionadas con los sistemas de información y comunicaciones que teóricamente es lo que tiene que hacer el JCISAT y le da razón de ser. El monto económico, que contempla la actividad que ISDEFE para 2020 (contempla actuaciones en 2019 y en 2020), es de 735.045,55 euros, un pastuzal que Defensa inyecta a su propia empresa como quien no quiere la cosa. Así yo también sabría gestionar una empresa por manta que fuera.

También el INTA, un organismo autónomo militar, encarga a ISDEFE, cuyo presidente es el propio Secretario de Estado de Defensa, junto con , encargó en julio de 2019 para realizar desde 1 de agosto de dicho año a 31 de julio de 2020 la encomienda para realizar labores de asesoramiento en el propio objeto que constituye la razón de ser del INTA, de las cuales corresponden a 2020 otros 372.939 machacantes que le han atizado para dicho trabajito.
Otra encomienda de gestión a ISDEFE vigente hasta julio de 2020 lo es para la instalación de antenas DSS53 y DSS56 que necesita el INTA y no puede instalar por sí mismo, que para el año 2020 implica la cantidad de 75,59 milloncetes de nada que INTA inyecta a la empresa de Defensa por hacer lo que debería hacer INTA por sí y con sus medios.

Del mismo modo, el Ejército del Aire realizó otra encomienda de gestión a favor de la empresa ISDEFE por la que le soltará en 2020 la nada despreciable cantidad de 1,37 millones de euros por labores de consultoría relativos a reglamentos de vuelo y otras cosas en las que se supone que el ejército del aire es experto.
Fuera del ámbito del Ministerio de Defensa, ISDEFE también ha recibido el encargo de la Secretaría de Estado para el Avance Digital (Ministerio de Asuntos Económicos) para realizar determinadas actuaciones de apoyo a la labor de explotación, mejora continua e innovación del sistema de control y gestión de las ayudas públicas de I+D en el sector de las nuevas tecnologías. Por dicha encomienda recibirá en 2020 la cantidad de 698,593,74 euros, más otros 586.790,78 euros el año 2021.

La misma secretaría de estado realiza una encomienda parecida para el asesoramiento en el sector radioeléctrico, por la que le soplarán en 2020 la cantidad de 1.727.244,72 euros y otros 1.431.870,60 en 2021.

Una tercera de la misma secretaría de estado (y hay mucha más) también a ISDEFE para poyar las actividades del Secretario de Estado, por importe de 528.439,36 euros en 2020.

El Ministerio de Ciencia e innovación cuenta con una encomienda a favor del INTA para la observación de la atmósfera, de la que el INTA para colaborar con el CSIC, así como diversas encomiendas más con el CSIC, el Centro de Astrobiología, el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas y otras instituciones similares; el Ministerio de Asuntos Exteriores múltiples encomiendas y convenios con INDRA, . . .

El IMSERSO también a iNDRA, al parecer de forma no muy ortodoxa, lo que dio lugar a la apertura de diligenciaas de investigación a finales de 2019 por parte de la Fiscalía Anticorruoción.

El suma, y sigue puede continuar. No es mi propósito desglosar por completo (tampoco tengo el tiempo y la paciencia para ello) el total de estas encomiendas, pues hay tantas, tan alambicadas y dispersas por todas las administraciones que necesitaría dos arrestos domiciliarios más para poder completar el rastreo, lo que no creo que beneficiaria mi ya deficitaria salud mental ni aportara más que una cifra más a las ya abrumadoras del derroche militar.

f) Luchar contra el gasto militar y sus implicaciones

Lo importante es destacar que mientras la economía se ralentiza, mientras los esfuerzos sociales se centran en los cuidados, mientras las prioridades son de salud pública, la ruleta militar sigue sumando, en detrimento de las necesidades sociales y generando mayor deuda, y sin que la gente acabe de conocer cómo rueda este desagüe económico y ético que nos deja secos.

Más aún en esta época en la que la urgencia social ha destapado las desnudeces y miserias del militarismo y no somos únicamente los y las antimilitaristas quienes vemos las vergüenzas de este desnudamiento.

En mi criterio la conclusión no puede ser otra que la lucha contra el gasto militar, una lucha con diversos ejes, como, por ejemplo (no necesariamente de forma consecutiva, sino, en la medida de lo posible todas a la vez):

• Exigir transparencia y aflorar todo el gasto militar, incluyendo lo escondido, lo despistado, lo disfrazado y todo el sistema de opacidad.
• Evaluar socialmente este gasto y las razones que aparentemente lo justifican.
• Generar el debate social acerca de todo ello y contrastarlo con las verdaderas necesidades sociales.
• Conseguir que los movimientos y organizaciones de perspectiva alternativa y liberadora incorporen a sus agendas específicas la preocupación por el gasto militar y su injusticia.
• Desencadenar luchas desde abajo contra las propias industrias militares, contra las actuaciones militares y contra el soporte financiero de todo ello (banca armada, empresas involucradas, fondos de inversión, etc).
• Provocar lucha contra la deuda militar y en pro de su declaración de deuda ilegítima e impagable.
• Desencadenar movilización social en contra el gasto militar del mismo por medio de el repertorio de lucha usual en los movimientos alternativos, entre otros, la objeción fiscal y su pretensión de convertirse, más allá de un acto testimonial, en una verdadera desobediencia civil con capacidad de provocar cambios no queridos por el militarismo.
• Provocar acciones efectivas y directas de quitar poder al gasto militar y empoderar las necesidades de seguridad humana.

Lograr pequeñas victorias en cada una de estas líneas permitirá posicionar mejor a la lucha por la desmilitarización social, lo que equivale también a decir lucha contra el paradigma dominación-violencia y sus prácticas sociales, base del vigente «modelo» de defensa militar y de la estructura que lo sustenta en apoyo del tipo de mundo perverso que hemos logrado construir hasta ahora.