Diego Farpón. LQS. Abril 2020

Hace unos días, una noticia corría como la pólvora: el Ministerio de Trabajo prohibía los despidos. Las clases trabajadoras, parecía, podrían respirar tranquilas: ocurra lo que ocurra se protege a la clase del trabajo frente a la clase del capital

El Ministerio de Trabajo legislando a favor del capital: la mentira de la prohibición del despido, y la forma y el fondo (o los sueños y la realidad)

No es una cuestión de moralidad: es un problema de principios. Un gobierno nunca puede mentir al pueblo. Menos cuando, en teoría, es un gobierno de izquierdas, esto es, que responde a los intereses del pueblo y no a los del capital. No puede mentir ni con circunstancias excepcionales ni sin ellas. Aquel gobierno que se apoya en la mentira carece de todo crédito ante las masas trabajadoras: ¿dónde queda su autoridad? ¿Cómo puede confiar el pueblo en quien le miente? ¿Se puede confiar en las promesas de un gobierno –tales como derogar la Ley Mordaza o las contrarreformas laborales- cuando su actuación se sustenta en la mentira? ¿Por qué tendríamos que creerles cuando dijeron que iban a derogar dichas leyes, que, de momento, aún están vigentes?

Hace unos días, una noticia corría como la pólvora: el Ministerio de Trabajo prohibía los despidos. Las clases trabajadoras, parecía, podrían respirar tranquilas: ocurra lo que ocurra se protege a la clase del trabajo frente a la clase del capital. “No se puede despedir”, el artículo 2 va a “impedir despedir”, declaraba Yolanda Díaz, la ministra de trabajo, el 27 de marzo.

¿Pero qué dice el artículo 2 del decreto aprobado ese día 27? “La fuerza mayor y las causas económicas, técnicas, organizativas y de producción (…) no se podrán entender como justificativas de la extinción del contrato de trabajo ni del despido”. No justificativas. De esta manera la agudización de la crisis del capital provocada por el COVID-19 no es un argumento válido para que el despido sea procedente, de forma que no queda justificado. El empresariado no puede despedir alegando que la causa es el COVID-19. No sólo no queda justificado el despido, sino que tampoco está justificada la extinción del contrato de trabajo.

Nos ceñiremos a la primera cuestión, la del despido. Sobre la segunda, la extinción de los contratos, sabido es que son muchas las empresas que cometen fraude de ley y, atendiendo a las posibilidades legales para la explotación de la fuerza de trabajo en las condiciones en la que esta está más desprotegida: extinguen contratos cada cierto tiempo para firmar otros nuevos y así no tener que ampliar las plantillas, reduciendo al tiempo las posibilidades de organización de las clases trabajadoras para hacer frente a la clase del capital –todo lo cual se disfraza, habitualmente, bajo el argumento de “necesidades de la producción”, y que podría ser cierto sino fuese por la constatación de que esas necesidades lejos de obedecer a necesidades coyunturales son la dinámica bajo la cual se ampara el proceder del capital-.

Resolveremos, no obstante, la primera cuestión también rápidamente: el despido no está prohibido, está declarado improcedente, está injustificado. Eso dice la ley. Por lo tanto, la clase capitalista puede despedir a quien quiera, teniendo en cuenta que la indemnización, al ser un despido improcedente, tendrá que ser de 33 días por año trabajado, en lugar de ser de 20 al no poder escudarse en el despido procedente fruto de las consecuencias de la crisis sanitaria.

Nos preguntamos entonces por qué miente la ministra de trabajo, Yolanda Díaz. Y nos preguntamos, también, por qué ningún miembro del Gobierno sale a aclarar este asunto y a decir la verdad, que los despidos serán declarados improcedentes, al tiempo –imaginamos la escena-, que de forma rocambolesca intenta justificar las declaraciones de la ministra, diciendo que no fueron bien entendidas –que no mal expuestas-.

Lejos de corregir la actitud, el 2 de abril la ministra de trabajo, ante los datos laborales, afirmaba que las 620.000 personas que han sufrido un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) no son paro. Observemos: no trabajas, estás en casa, cobras paro, pero no cuentas para las cifras del desempleo. Poco importa la formalidad jurídica y mucho la realidad, y por mucho que artificialmente se quieran reducir las cifras de desempleo lo cierto es que quien ha dejado de trabajar no está trabajando. Si preguntamos a quienes se han ido a casa con un ERTE y han dejado de trabajar, ¿nos dirán que están trabajando, aunque no tengan que ponerse despertador, o nos dirán que están en el paro? Parece surrealista, pero es veloz la degradación de la izquierda cuando entra a formar parte de las instituciones de un Estado burgués en una coyuntura en la que el capital es incapaz de reproducir la tasa ampliada de ganancia y no hay posibilidad de repartir migajas entre las clases trabajadoras y, al contrario, la dinámica del capital hace que sean estas clases las que paguen la crisis del modo de producción capitalista. Clases que se encuentran indefensas pese, a que en teoría, gobiernen las/os suyas/os.

Este Gobierno tenía una serie de compromisos con las clases trabajadoras. Comenzó afirmando que sería necesario liquidar las contrarreformas laborales de los gobiernos que abiertamente representan al capital. Más tarde la postura fue modulada: se derogarían, sólo, las medidas más lesivas de las contrarreformas laborales. Hoy, el Gobierno miente a las clases trabajadoras, que no sólo están indefensas ante el empresariado, sino que, a diferencia de ayer, creen que están protegidas: la ficción del capital para mantener la cohesión social –la subordinación de la clase del trabajo al capital- ha dado un nuevo paso. ¿Cuánto tardará el estallido social? ¿Cuándo lleguen los despidos las masas se levantarán para impugnar su nulidad, tal y como ha declarado la ministra de trabajo? La paz social, que parece incuestionable ante el confinamiento al que se somete a la población: ¿se ha roto pero aún no es visible? ¿O todavía tiene tiempo el Gobierno para contener a las masas?

Las contradicciones del capital no se pueden detener, pese a todo, mientras se mantenga el modo de producción capitalista. Aunque no sea perceptible, es seguro, ante o después, nuevamente, estallará el conflicto social. ¿Cuáles serán entonces las exigencias de las clases trabajadoras? ¿Se constituirán en organización política, o pondrán sus expectativas en otras fuerzas políticas? ¿En cuáles? La crisis sólo acaba de volver a repuntar, la lucha de clases volverá a asomar con inusitada fuerza cuando pase este periodo: las condiciones materiales de la vida de las clases trabajadoras vuelven a ser impugnadas con fuerza por el capital y por quienes gestionan el Estado burgués.

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