La denuncia por presuntos delitos cometidos en la administración de Podemos presentada por José Manuel Calvente, abogado que trabajó en el partido desde su fundación y hasta que fue despedido en diciembre pasado, llevará a parte de la cúpula de la formación a declarar ante el juez el próximo mes de noviembre por un presunto delito de malversación.

El titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, ha citado como investigado para el día 20 de noviembre a uno de sus principales dirigentes, Juan Manuel del Olmo, secretario de Comunicación y responsable de las dos últimas campañas electorales. El mismo día están citados la gerente, Rocío Esther Val, y el tesorero, Daniel de Frutos, según consta en un auto del pasado 30 de julio adelantado por Público y al que ha tenido acceso elDiario.es. En otro escrito posterior, del 31 de julio, el magistrado cita también como investigada a Andrea Deodato, trabajadora del partido.

Podemos, como persona jurídica, tiene la condición de investigado desde que solicitó personarse en las investigaciones y asistir a la declaración de Calvente, a lo que el juez accedió con la única figura jurídica posible en su caso, la de investigado, y sin que el magistrado haya razonado por el momento los indicios que sostienen dicha condición.

El juez tampoco detallado hasta la fecha en sus escritos cuáles son los indicios que remiten a los investigados y se limita a citarlos “a la vista del contenido de la declaración” del letrado y de lo expuesto en la denuncia que interpuso en diciembre de 2019 ante la Guardia Civil. Fuentes de Podemos consideran que el juez está haciendo una “investigación prospectiva”. Es decir, practicando diligencias “dando por supuesta la culpabilidad de los investigados desde el inicio de la investigación” con el objetivo de “hacer un caso mediático que dure meses, aunque luego jurídicamente quede en nada”, aseguran estas fuentes.

Además de los dirigentes del partido, el juez también ha citado en calidad de investigados a dos altos cargos de Neurona Comunidad S.L., empresa de comunicación política que ha trabajado en varias campañas electorales de Podemos. El juez ha puesto el foco en los trabajos que esta consultora y otra llamada ABD Europa LDA —localizada en Portugal— hicieron para la formación en los comicios del 28 abril de 2019. Así, pide a la Policía Judicial que identifique todos los pagos realizados a ambas mercantiles y al partido que aporte los trabajos realizados. También pide a las entidades bancarias Bankinter y BCP Millenium que remitan documentación de cuentas de ambas consultoras.

Entre las pruebas solicitadas, el magistrado pide a la Policía que “examine” la cuenta adscrita a la llamada Caja de Solidaridad de Podemos —una especie de fondo al que los dirigentes del partido hacen donaciones de sus sueldos — para determinar “si se llegó a pagar los 50.000 euros a la persona física o jurídica que se encontrara detrás de #404 Comunicación Popular”.

Por otro lado, pide también al partido que aporte la “normativa interna” sobre los sueldos y complementos que reciben sus empleados y solicita a la gerente y al tesorero que presenten las “facturas, tickets y demás documentación” que determinaron que “se les abonara mensualmente una cantidad por gastos en el ejercicio de sus funciones”, así como sus nóminas desde enero de 2019 hasta la actualidad.

Otra de las diligencias está remitida al Registro Mercantil de Madrid al que pide que “informe sobre las sociedades mercantiles en cuyos órganos de administración se encuentre Juan Carlos Monedero”. Aunque siempre ha estado en la trastienda de Unidas Podemos, Monedero dejó en 2015 la dirección del partido y la primera línea política. Ha sido nombrado recientemente director de la Fundación Instituto 25-M, vinculada a la formación desde su nacimiento.

Asimismo, el juez parece querer indagar en las obras del edificio que el partido compró en el barrio de Ciudad Lineal (Madrid) y donde se ha ubicado su sede estatal. Así, ha citado como testigos al arquitecto que realizó el proyecto de reforma del inmueble y a los representantes legales de seis empresas de suministros, carpintería o climatización que participaron en las obras. También solicita al partido que aporte los contratos de ejecución de obra que firmó con el arquitecto y el resto de mercantiles, así como las facturas emitidas y la “documentación contable y bancaria” que acredita el pago de las mismas.

Denuncia ante la Guardia Civil

El juez acordó todas estas diligencias entre uno y dos días después de tomar declaración a Calvente, que compareció en sede judicial el pasado 29 de julio. El abogado había presentado en diciembre del año pasado ante la Comandancia de la Guardia Civil en Barcelona —donde reside— una denuncia de más de 40 folios en la que describe unos hechos a los que asegura empezó a tener acceso a mediados de 2018 en el ejercicio de su cargo de responsable de protección de datos y de seguridad de la información confidencial del partido y apunta a varios empleados y dirigentes del partido.

Ese mismo mes había sido despedido del partido tras la denuncia de la abogada Marta Flor por acoso sexual. Esa causa quedó archivada provisionalmente el pasado 29 de julio después de que la jueza Rosa María Freire tomara declaración a ambos. La magistrada consideró que no se ha acreditado que se hubiera cometido el delito “ante la falta de evidencia de favor sexual alguna, ni ninguna situación objetiva intimidante, hostil o vejatoria hacia la querellante por parte del querellado”. El abogado asegura, sin embargo, que el motivo es su despido son las «diversas investigaciones internas» que inició junto a otra letrada del equipo, Mónica Carmona, tras las sospechas de irregularidades en el partido y asegura sentirse víctima de una «trama corrupta» dentro de la formación.

Calvente califica los hechos descritos por él mismo como financiación ilegal, blanqueo de capitales, administración desleal y revelación de secretos. Con la denuncia del abogado, la Guardia Civil elaboró un atestado que remitió a un juzgado de Martorell rebajando los posibles delitos a malversación de caudales públicos y administración desleal. Este juzgado, con el paréntesis de la crisis sanitaria, terminó por inhibirse en favor de los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid por una cuestión de competencia y el asunto recayó por reparto en el Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, que abrió unas diligencias por esos delitos.

La de Calvente no es la primera iniciativa en los tribunales contra la cúpula de Podemos por su supuesta financiación irregular, si bien hasta el momento ninguna ha tenido recorrido judicial. En 2016, tanto la Audiencia Nacional como el Tribunal Supremo rechazaron sendas querellas presentadas con la base del llamado informe P.I.S.A., un documento sin sello de ninguna unidad policial ni firma de funcionario, que fue publicado días después de que la formación irrumpiera por primera vez en el Congreso con 69 escaños a finales de 2015. Desde entonces, el partido busca en los tribunales el origen y autoría concreta de ese informe, que se ha atribuido a la policía política que albergó el Ministerio del Interior entre 2012 y 2016, durante la primera legislatura de Mariano Rajoy.

Además, recientemente, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) archivó una denuncia presentada por Calvente contra el actual secretario de Organización del partido, Alberto Rodríguez, y la gerente, Rocío Esther Val, por supuestas injerencias en su trabajo como delegado de Protección de Datos, según adelantó infoLibre. El letrado acusó a ambos dirigentes de haber cometido «ciertos actos en el desempeño de sus funciones» que podrían haber constituido una «infracción grave» de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD). La resolución del organismo que dirige Mar España archivó la denuncia alegando que Calvente no había aportado “ninguna acreditación” de que se hubieran producido dichas infracciones. Es decir, que no había pruebas de que se hubieran producido.

Podemos pide la nulidad por haber recibido solo un “extracto parcial” de la declaración del abogado

Podemos ha solicitado al juez que ha imputado a varios miembros de su cúpula que declare la nulidad de todas las diligencias acordadas tras la denuncia por presuntos delitos cometidos en la administración del partido. Entre ellas, la citación como imputados de varios de sus altos cargos. Los letrados de la formación basan esa petición en el hecho de que el juzgado les ha entregado un “extracto parcial” y no la totalidad de la testifical del abogado José Manuel Calvente, cuya denuncia ante la Guardia Civil y posterior declaración en sede judicial está en el origen de las pesquisas. A juicio de los abogados de Podemos esta situación genera a sus defendidos una “evidente indefensión”.

En un escrito al que ha tenido acceso elDiario.es, los letrados alegan que en un primer momento, el 4 de agosto, “únicamente” se les proporcionó la grabación de los primeros 41 minutos y 52 segundos “no constando la entrega de la grabación del tiempo restante, que deberían ser unas 2 horas y 40 minutos”. Y añaden que cuando un día después requirieron el resto de la grabación, recibieron como respuesta que lo entregado “es lo único que hay en el procedimiento, junto con la documentación que esta parte aportó en dicha comparecencia”.

El hecho de que se se les haya entregado únicamente un “extracto parcial” de la declaración es para los abogados del partido causa de nulidad de la testifical de Calvente y de las actuaciones acordadas con posterioridad, pues estas se habían adoptado “a la vista del contenido esa declaración”, de la que aseguran tener únicamente un “extracto parcial, con deficiencias técnicas para entender las respuestas del denunciante y en el que no constan las preguntas formuladas ni por el Ministerio Fiscal” ni por la defensa.

Las fuentes jurídicas consultadas consideran que es relativamente habitual que las partes tarden algunos días en recibir el conjunto de las actuaciones o que se produzcan problemas técnicos. En Podemos, sin embargo, califican de “sorprendente” la respuesta que aseguran haber recibido del juzgado cuando acudieron a solicitar la declaración “íntegra” por si se había tratado de un error.