Con las residencias de mayores en primera línea de las consecuencias de la pandemia, las empresas que están detrás de estos centros han vuelto a ser noticia. Muchas de ellas están gestionadas por grandes fondos de inversión y de capital riesgo o aseguradoras. Otras, por entidades más pequeñas, que han realizado una incursión en el tercer sector para sacar adelante recursos de este tipo. Una de ellas es la Real Asociación de Hidalgos de España, que gestiona una escuela de genealogía heráldica y nobiliaria y también organiza coloquios sobre nobleza. A esos proyectos, suman dos residencias de ancianos, una de ellas ha contado con plazas concertadas de la Comunidad y ha debido ser intervenida durante la pandemia por el Gobierno regional.

«La falta de apoyo de las administraciones a las residencias de mayores ha sido manifiesta, absolutamente desbordadas por los acontecimientos», se quejaron desde este colectivo, que durante años ha recibido dinero público por decenas de plazas concertadas en un centro de mayores en Ciempozuelos (Madrid). La gestión de residencias y de un colegio mayor puso en peligro en 2014 su declaración de utilidad pública, que habían obtenido en 1967, todavía durante el franquismo. Tras un proceso judicial, en 2018 recuperaron este beneficio que permite exenciones fiscales y justicia gratuita.

Gracias a la documentación aportada en esa causa, las sentencias emitidas recogen datos sobre las cantidades que maneja este colectivo. En 2012, el 99% de los ingresos obtenidos (10,2 millones de euros) se obtuvieron por tres vías, según un extracto del fallo. La primera, a través de las «ventas y otras actividades mercantiles, por importe de 6,033.913 (sic) euros, que es el precio abonado por los usuarios de los establecimientos de la entidad, dos residencias de ancianos y un colegio mayor». La segunda, «convenios con administraciones públicas, en la suma 2.028.777 euros, correspondientes a la parte concertada de una de las residencias de ancianos». Y la tercera, 2,1 millones de euros, «por aportaciones de los usuarios de la residencia de ancianos concertada».

Esta asociación aglutina «a los hidalgos y otros nobles en una unidad nobiliaria de carácter nacional». En 2015, contaban con más de dos millares de asociados, según los datos que aportaron a Hola. Entre sus fines apuestan por «agrupar al conjunto de la nobleza de España y representarla ante las instituciones», «realizar proyectos altruistas que atiendan necesidades sociales», así como «mantener vivos y promover los valores tradicionales de la hidalguía y los principios del humanismo cristiano». La asociación está presidida por Manuel Pardo de Vera, exdirector en Unión Fenosa Distribución y caballero de la Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén, entre otras distinciones.

En la Junta directiva también se encuentra Cristóbal Colón de Carvajal. «Es la actual cabeza de la rama principal de los descendientes del descubridor (sic) de América. Como tal ostenta los títulos de Almirante y Adelantado Mayor de las Indias, duque de Veragua y marqués de La Jamaica», recoge la biografía publicada en la web de la asociación. En el consejo asesor de esta asociación hay otros apellidos conocidos, como los de Fernando Ramírez de Haro y Valdés, Conde de Bornos y marido de la ex presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre; Pedro de Borbón Dos Sicilias y Orleáns, Duque de Calabria o Amalio de Marichalar y Sáenz de Tejada, Conde de Ripalda.

Conciertos con la Comunidad

Como en el resto de la sociedad, la pandemia ha paralizado todas las actividades que tenían previstas. Entre ellas, han tenido que aplazar el Congreso de las Ciencias Genealógica y Heráldica previsto para octubre. Estaba planeado que el evento contase con el rey Felipe VI como presidente de honor y con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde José Luis Martínez-Almeida, como miembros del comité de honor.

Este colectivo que agrupa a los nobles de España ha recibido dinero público procedente de la Comunidad de Madrid para ofertar plazas concertadas a mayores dependientes en una de las residencias que gestionan. Según la documentación publicada en los acuerdos marco del Gobierno regional,  en 2017 ofertaron 320 plazas y en 2013, 148. Asimismo, en los acuerdos de Consejo de Gobierno se deja constancia de esa financiación. Por ejemplo, en 2011 se aprobó una prórroga del contrato en vigor, que contemplaba el concierto para 60 plazas «por importe de 1.383.156 euros, para los años 2011 a 2014».

En el Boletín Oficial regional también hay rastro de esta asociación como una de las adjudicatarias en 2005 del «contrato de gestión de servicio público» centrado en la «atención a personas mayores en plazas residenciales subvencionadas por la Consejería de Familia y Asuntos Sociales». Se ofertaron 60 plazas en aquel momento, coincidiendo con los primeros años del Gobierno de Esperanza Aguirre. Actualmente, su marido forma parte del consejo asesor de la organización.

Críticas a la Comunidad por la gestión de la pandemia

La gestión de la residencia ha sido amonestada por la Comunidad en los últimos años. El Gobierno autonómico les penalizó con 15.177 euros por incumplir en tres ocasiones los pliegos firmados con el Gobierno regional para gestionar Casaquinta. El centro ha sido reincidente; en 2015 y 2017 fue amonestado por «personal insuficiente» y en 2016 por «falta de información a los familiares sobre incidencias relevantes en la atención a los usuarios».

La gestión de la pandemia no ha sido fácil en esa residencia, que fue una de las 14 intervenidas por la Comunidad por «un incremento no esperado de fallecimientos», justificaron desde el Gobierno autonómico. Para la asociación esta actuación «ha consistido en una simple supervisión administrativa, nada de medicalizar el centro ni de prestar ningún tipo de ayuda sanitaria». «Fue todo un barniz político, lavarse la cara ante la opinión pública para hacer ver que se hizo algo en aquellos centros con mayores dificultades por la pandemia», explican en su publicación oficial, La Gacetilla de Hidalgos.

En esta revista reconocen que durante las primeras semanas la situación «fue absolutamente crítica por el brusco y repentino número de contagiados y fallecimientos». La Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores (Pladigmare) incluyó esta semana a esta residencia en la ampliación de denuncia presentada presentada el 31 de marzo ante la Fiscalía de Madrid para que investigue se se ha podido producir «algún delito de homicidio imprudente, lesiones y omisión del deber de socorro por parte» de la residencia «y omisión del deber de perseguir determinados delitos y denegación de auxilio por parte de la administración autonómica», recoge Europa Press.

La gestión de dos residencias y un colegio mayor le generó problemas a este colectivo en 2014. El BOE recogía en 2014 la revocación de su declaración de utilidad pública. Cuatro años después volvían a lograr ese beneficio, tras un procedimiento judicial que no falló a su favor en la primera instancia. En 2016 la Audiencia Nacional daba la razón al Ministerio del Interior al considerar que «se desprende que la actividad asociativa, básicamente, se configura como una actuación en el trafico jurídico mediante la prestación de servicios de carácter oneroso en la atención a personas mayores y en un colegio mayor o residencia de estudiantes». La Abogacía del Estado llegó a asegurar que destinaban «una parte muy limitada de sus ingresos» a «fines altruistas».

Finalmente, dos años después el Tribunal Supremo falló a favor de los hidalgos españoles asegurando que la ley de asociaciones recoge que estas organizaciones «no pueden tener una finalidad de lucro, pero ello no obsta a que puedan desarrollar actividades remuneradas en beneficio de su finalidad de interés general».

eldiario.es ha tratado de recabar la versión de la Real Asociación de Hidalgos de España, de la dirección de la residencia Casaquinta y de la Comunidad, para conocer cuántas plazas concertadas oferta la residencia actualmente, sin haber recibido respuesta por el momento.