Fuente: Umoya num. 103 2º trimestre 2021                             Jorge Lázaro Martínez/                                                            Beatriz Castañeda Aller.

Las reservas de gas natural halladas frente a las costas de Cabo
Delgado en 2010 atrajeron la inversión internacional, creando
un agujero sistémico que ha provocado el empobrecimiento de
la población en beneficio de las grandes multinacionales y los
grupos armados.

El verde es el color que, tiñendo muchos lugares del mundo, antecede a la violencia. Sigue siendo una paradoja que la presencia de una gran riqueza natural se transforme en los territorios en pobreza, en saqueo y en guerra. En Cabo Delgado, la región más pobre de Mozambique, los colores de la riqueza son diversos: el color del gas que se descubrió en 2010 y atrajo la violencia y la inmersión internacional, los rubíes, el oro. Todos recursos de la tierra que han convertido a esta región, según la han venido denominando diversos análisis, en el Cabo del Olvido.

“Verde que te quiero verde”, se ha citado tan a menudo a Lorca, frecuentemente olvidando los versos que le siguen, que auguran un vergel perseguido por barcos y caballos simbolizando la muerte. En Cabo Delgado, la muerte ha llegado en los grandes barcos de las multinacionales petroleras, que han convertido a
Mozambique en uno de los mayores exportadores de gas natural del mundo, y ha venido en los caballos de las empresas extractoras del oro y los rubíes.
Un fenómeno que ha traído grandes beneficios, que nunca caen por debajo de la élite gubernamental, y la atención de grupos armados ilegales, cuyas acciones siempre repercuten sobre la población civil con insuficientes respuestas por parte del Gobierno.

El conflicto en el norte de Mozambique ha desencadenado hasta la fecha más de 670.000 personas desplazadas, tal y como ha señalado Naciones Unidas. Gran parte de los ataques han sido reivindicados por grupos yihadistas, como el reconocido por el grupo Al Shabaab el pasado mes de marzo en la ciudad de Praia, que se perpetró a pocos kilómetros del megaproyecto gasístico
financiado por la multinacional francesa Total. No obstante, la toma de los grupos yihadistas de enclaves importantes como el puerto de Mocímboa da Praia no ha parecido afectar a los proyectos gasísticos que se llevan desarrollando durante los últimos años en la provincia. Por el contrario, a pesar de estos ataques, la multinacional francesa Total ha firmado un acuerdo para seguir colaborando y apoyando los proyectos de la zona, que están alimentando las desigualdades sociales y económicas en el
norte de Mozambique.
El nexo entre territorios que alojan grandes megaproyectos y la violencia de grupos armados no es azarosa. De una parte, los bienes naturales atraen a grupos ilegales que encuentran en actividades como el tráfico de heroína, madera, marfil, oro, personas o piedras preciosas una fuente de financiación. Además, las violaciones de derechos humanos creadas por un contexto de guerra desvían la atención de las vulneraciones de las grandes multinacionales, responsables de arrebatar por la fuerza el trabajo, las tierras y los recursos de los pobladores locales. El clima de pobreza y la falta de oportunidades favorece la llegada del yihadismo, tal y como ha indicado el informe de junio de 2020 de la ONG francesa Les Amis de la Terre France. De esta forma, no es casualidad que la zona sur del país albergue la industria,
mientras la zona norte, donde se encuentra Cabo Delgado, albergue los recursos naturales y, con ellos, la pobreza y la violencia. En consecuencia, en la región Cabo Delgado, el 60% de la población es analfabeta, el 50% vive por debajo del umbral de la pobreza y el 88% de la población joven se encuentra en situación de desempleo.
Hasta el momento, la estrategia del Gobierno ha resultado del todo inefectiva y sus medidas han sido insuficientes. El despliegue de las fuerzas militares internas como respuesta superficial a un problema sistémico no ha frenado el avance de la violencia. Esto, unido a los recortes en los salarios de los empleados públicos presionados por el Fondo Monetario Internacional (FMI), incluidos
los cuerpos militares, ha desencadenado contrataciones de grupos mercenarios financiadas por corporaciones
internacionales. El Ministerio de Interior de Mozambique ha contratado, entre otros, a grupos de mercenarios entre los que se encuentra el Grupo Wagner de Rusia, Frontier Services Group o el Grupo Asesor de Dyck de Sudáfrica, unidos a otros ya existentes como Arkhê Risk Solutions y GardaWorld.
De nuevo, rascando bajo la financiación de estos grupos se encuentran los logos de las multinacionales de Total y ExxonMobil, entre otras.
En este contexto de violencia sistémica, la respuesta del Gobierno ha creado un clima de insatisfacción popular.
Amnistía Internacional ha señalado que todas las partes en conflicto han cometido crímenes de guerra, incluidos los insurgentes y las fuerzas gubernamentales, y se ha apuntado
que las Fuerzas de Seguridad han vulnerado y violado en muchas ocasiones los derechos humanos. La crisis climática, la falta de oportunidades y la explotación de los recursos naturales por parte de las élites occidentales, con el beneplácito de los gobiernos locales, ha aumentado la presencia del yihadismo y los grupos armados no solo en Mozambique, sino en todo África Subsahariana. La mejor estrategia para frenar su avance no es enviar grupos mercenarios o cuerpos militares, sino sacar las excavadoras de la tierra, devolviendo a Cabo Delgado un olvido occidental en el que la vida digna y pacífica sea posible.