A partir de este jueves 24 de septiembre, todos los jueces salvadoreños mayores de 60 años de edad y con 30 años de prestación de servicios, serán cesados de sus labores, como consecuencia de la aplicación de un decreto legislativo promovido por el partido del presidente Nayib Bukele.

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Según advirtió la Corte Suprema de Justicia (CSJ) este miércoles, de no cumplir la medida, los magistrados podrían perder su indemnización. La cifra de afectados sería más de 200.

Este decreto de retiro obligatorio indica que los jueces deben presentar su renuncia para el día 24 como fecha tope con el objetivo de que puedan disfrutar de una bonificación de 24 meses de salario, de acuerdo con el comunicado publicado por la CSJ este miércoles.

El órgano judicial toma como respaldo el decreto de la Asamblea Legislativa (Parlamento) controlada por los partidos simpatizantes de Bukele que el 31 de agosto ordena la separación de los jueces para reformar esa entidad, donde los afectados entienden la acción del presidente como una purga.

Luego de ser promulgada por el presidente el 17 de septiembre, la CSJ acordó dar la bonificación solo a quienes renuncien antes de su entrada en vigencia.

“Los jueces que no presenten su renuncia en la fecha antes estipulada, o que cumplan cualquiera de los dos requisitos quedarán cesados de pleno derecho”, refleja el comunicado.

Varios juristas que rechazan la medida presentaron una denuncia al Estado salvadoreño ante la Comisión Interamericana de derechos humanos (CIDH), en Washington, EE.UU., por una clara violación a los derechos humanos producto de la reforma a la ley de la carrera judicial.

El ente judicial exceptúa de la medida a los casos que por relevancia histórica y precedente a la reparación de víctimas de crímenes de lesa humanidad aún se encuentren abiertos.

Sin embargo, no detalla en el comunicado si se debe a que el pleno de la Corte optó por no aplicar la medida a estos magistrados, en tanto el decreto aprobado y publicado en el Diario Oficial no da cuenta de salvedades.

El juez que resolviera en noviembre de 2020 certificar a la Fiscalía con el objetivo de determinar si Bukele cometió delito cuando bloqueó las inspecciones judiciales de archivos del Ejército, Jorge Guzmán, es uno de los magistrados afectados.

Con su dictamen, se buscaba información del operativo militar que terminó en la masacre de civiles en El Mozote en 1981, cuya causa penal conoce Guzmán, Según los medios locales, el juez no se acogería a la excepción para continuar en su cargo, sino que pide su derogación.