Álvaro Sánchez Castrillo

Imagen del movimiento 15M.

E.P.                                                                                                     

Y cuando quedaban solo siete días para una nueva cita con las urnas a nivel autonómico, los cimientos de un nuevo movimiento social empezaron a levantarse en pleno corazón de Madrid. Era 15 de mayo de 2011, el año del aumento de la edad de jubilación, de la prima de riesgo por las nubes, de la reforma constitucional que blindaba el pago de la deuda. Miles de personas se habían dado cita en las calles de la capital en un inédito tsunami de protesta contra la clase política que terminó cristalizando en una suerte de Estado autogestionado en plena Puerta del Sol. A pesar de ser completamente transversal, el empuje de una juventud hastiada por la ausencia de expectativas de futuro fue clave. “Somos la generación más preparada y la menos valorada”, decían. Gritos de auxilio que, sin embargo, no han terminado traduciéndose en una mejora sustancial de sus condiciones de vida. Ahora, diez años después de aquel 15M, hacen frente a un mercado laboral todavía más precario –inestabilidad y sueldos bajos– que imposibilita cualquier proyecto vital a largo plazo.

Solo un mes antes de la toma masiva de las plazas en un contexto de históricos recortes sociales, los jóvenes se encargaron de poner la semilla del cambio. Lo hicieron agrupados alrededor de la plataforma Juventud Sin Futuro. Y con un lema claro y conciso –“Sin curro, sin casa, sin pensión”– que reflejaba a la perfección la dramática situación a la que se enfrentaba la población de menor edad. Por aquel entonces, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la tasa de paro de los menores de 25 años se situaba por encima del 40%, llegando al 65,3% entre los que tenían entre 16 y 19 años. Algo mejor se encontraban en las franjas superiores. De los 25 a los 29 años, esta cifra se situaba en el 26,66%, mientras que entre la población de entre 30 y 34 años era del 21,13%. Atrás había quedado ya aquel mínimo histórico del 17% que se registró en el tercer trimestre de 2006. En apenas un lustro, el desempleo de la juventud se había triplicado, situando a España como el país de la Unión Europea con más jóvenes sin empleo.

Ahora, una década después de que las pancartas y las tiendas de campaña alterasen por completo la estampa tradicional del kilómetro cero, las cifras están ligeramente mejor que entonces. Un 58,23% de los jóvenes de entre 16 y 19 años estaban en el primer trimestre de este año en el paro, frente al 36,52% de la población que se movía entre los 20 y los 24 años. Por encima de los 25 años, la tasa se situaba por debajo del 25%. No obstante, los datos todavía siguen siendo realmente preocupantes. Sobre todo, si se comparan con los del resto de países de nuestro entorno. España cerró 2020 con un 40,7% de menores de 25 años en situación de desempleo, más de veinte puntos por encima de la media de la Unión Europea –16,9%–, la cifra más elevada de todas las registradas por Eurostat. En Alemania, la tasa se encontraba en el 6,3%. En Francia, en el 18,1%. Y en Italia o Portugal, en el 29,7% y 23,7%, respectivamente.

 

Precarización del empleo y sueldos más bajos

A esto se le suma, además, una precarización progresiva pero imparable del mercado de trabajo a lo largo de la última década. La inestabilidad laboral se ha adueñado por completo de la vida de unos jóvenes forzados a elegir entre el paro o la precariedad. En el primer trimestre de 2011, el 54,82% de los asalariados menores de 30 años tenían un contrato indefinido, frente al 51% que el Consejo de la Juventud de España cifraba en su último informe, el relativo al primer semestre de 2020. La disminución se ha producido por igual tanto en los menores de 25 como en la población que se mueve entre los 25 y los 29 años. Sólo la franja de entre 30 y 34 ha mejorado ligeramente en este sentido, pasando del 71,4% de hace una década al 72% de los primeros seis meses del año de la pandemia, que se ha convertido en el nuevo lastre para una generación perdida.

 

Cada vez más jóvenes tratan de sobrevivir con contratos temporales. De hecho, en España la tasa de temporalidad entre los menores de treinta se sitúa por encima de la media de la Eurozona y de países como Alemania, Francia, Italia o Reino Unido. Y lo lleva haciendo desde antes incluso de que estallara la Gran Recesión, tal y como ponía de manifiesto hace algunas semanas el Banco de España en su reciente informe La crisis del covid-19 y su impacto sobre las condiciones económicas de las generaciones jóvenes. En el primer semestre de 2020, además, más de tres de cada diez contratos temporales –34,9%– tenían una duración inferior a un año, frente al 17,8% que se prolongarían durante doce meses o más, según los datos del organismo autónomo en el que están representadas las entidades juveniles de todo el Estado y los diferentes Consejos de la Juventud autonómicos.

Un recrudecimiento de la precariedad laboral reflejado en los sueldos de unos jóvenes que han visto mermada su capacidad adquisitiva en la última década. Justo antes de que comenzara a engendrarse el 15M, los asalariados menores de 25 años ingresaban neto al año 11.570 euros, frente a los 15.416 euros de los trabajadores de entre 25 y 29 años y los 17.746 euros de los que superaban la treintena. Ahora, entran en sus cuentas bancarias entre 2.400 y 2.850 euros menos al año. El salario neto medio anual del primer grupo de edad se sitúa actualmente en los 8.916 euros, frente a los 12.929 euros de la segunda franja y los 15.669 euros de la tercera, según el Consejo de la Juventud de España. Es decir, que ahora hay menos proporción de jóvenes parados que en aquel 2011 –aunque sigue siendo medalla de oro europea en desempleo juvenil– pero con trabajos más inestables y unos sueldos más reducidos. Salarios que en 2019, según un estudio de Fedea, eran entre un 26% y un 50% menores –dependiendo de la franja de edad– que los de la década de los ochenta.

Sin curro pero también sin casa

La juventud sigue, a día de hoy, “sin curro”. Pero también “sin casa”. Principalmente, porque los precios son prohibitivos. Actualmente, los asalariados menores de treinta años tienen que dedicar entre un 52,2% y un 75,6% de su sueldo de media para acceder a una vivienda libre en propiedad con financiación hipotecaria. En 2010, esa cifra se situaba en los 51,1% para los trabajadores con entre 25 y 29 años y el 68,1% para los menores de 25 años. Solo ha mejorado ligeramente la situación para el rango de edad comprendido entre los 30 y los 34 años: han pasado de tener que dedicar un 44,4% a un 43%. A pesar de ello, las cifras están muy lejos de ese 30-35% de máximo que recomiendan los expertos para comprar una vivienda evitando el sobreendeudamiento. Con ese indicador en mente, el precio máximo tolerable de compra de un trabajador menor de treinta en el primer semestre de 2020 se movía entre los 63.861 euros y los 92.610 euros, frente a un precio medio de la vivienda libre situado en los 161.010 euros. Hace una década, ese mismo dato oscilaba entre los 78.265 euros y los 104.282 euros.

Igual de complicado se torna el alquiler. En una década, y a pesar de la caída de los salarios, el precio medio de la renta en nuestro país ha crecido un 40%. En el informe Observatorio Joven de Vivienda en España correspondiente al primer trimestre de 2011, elaborado por el Consejo de la Juventud de España, la renta media de vivienda libre ascendía a 642 euros. En el primer semestre de 2020, ya estaba situada en los 904 euros. El coste de acceso al alquiler por asalariado se movía, hace una década, entre el 50% y el 66% entre los menores de treinta. Ahora, se mueve entre el 85,8% y el 124,4%. No hay una sola comunidad autónoma en la que el pago de la renta no suponga para sus jóvenes menos de un tercio de su salario neto. Pero hay algunas zonas que son un auténtico agujero negro. Madrid es una de ellas. En la comunidad autónoma, la renta supone mensualmente para un asalariado de entre 16 y 34 años de media más de ocho de cada diez euros netos que entran en su cuenta todos los meses. Solo le supera Cataluña y Baleares.

Precios imposibles que retienen a cada vez más jóvenes en casa de sus padres. Si en 2011 el 10,1% de los chavales menores de 25 años vivían fuera del hogar de origen, ahora son el 4,9%. Una tendencia registrada también en el resto de franjas de edad. En la de 25-29 años, la tasa de emancipación ha caído en una década del 46,9% al 38,4%. Y en la de 30-34 años, ha disminuido del 75,9% al 68,9%. La juventud española es una de las que más tarde se independiza de toda Europa occidental. En concreto, la media se sitúa en los 29,8 años, según datos de Eurostat. Sólo Italia o Portugal la supera de entre los países de su entorno, con una media de 30 años. Datos que contrastan con lo que sucede más al norte. En Alemania, por ejemplo, es de 23,7 años. En Francia, de 24. Y si ya se pone el foco en los países nórdicos, la diferencia es abismal. En Dinamarca o Finlandia, por ejemplo, los jóvenes se independizan, de media, con 21 o 22 años, respectivamente.

La imposibilidad de abandonar el nido retrasa cualquier intento de construir un proyecto de vida, de conformar una familia o de tener hijos en un país que ha visto cómo la natalidad ha caído en picado en la última década. En 2019, último año con datos completos, nacieron en España 359.770 bebés, un 23,7% que en el 2011 del 15M. En aquel año venían a este mundo 9,16 niños por cada 1.000 habitantes, frente a los 6,65 de 2019. Una década en la que la edad media del primer hijo, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), también se ha incrementado, pasando de 30,1 años a 31,1 años.