La Fundación Raíces, que da asesoramiento jurídico y protección a menores institucionalizados, recoge que 55 niños y niñas han sufrido agresiones físicas y psicológicas bajo el techo de la administración pública

Un reportaje extraído de Aprodeme –23 julio 2020 | 5 min lectura- Fuente Newtral

M.I. se crió con su madre hasta que con 13 años esta falleció en un accidente de coche. De su padre nunca supo nada, por lo que ante la situación de orfandad, tuvo que irse a vivir con familiares de su madre. Tras un incidente de abuso en el seno familiar, que nunca denunció, M.I. se escapó de casa y comenzó a vivir en la calle. 

Así estuvo seis meses hasta que la Policía dio con ella y la llevó al Centro de Primera Acogida de Hortaleza (Madrid). En ese momento tenía 16 años y estaba embarazada de tres meses. Decidió seguir con el embarazo adelante.

En el centro, cuenta que una noche uno de los educadores estaba golpeándole en la cabeza a otro de los menores tutelados. M.I. salió en su defensa y el educador acabó propinándole una patada en el abdomen y esta cayó al suelo. Ya en su habitación, M.I. comenzó a sangrar. Otra de las educadoras la acompañó a Urgencias en un taxi. Allí relató la agresión que acababa de sufrir, pero la educadora desacreditó su versión, por lo que esta no apareció en el informe médico ni el caso fue derivado al Juzgado. M.I. sufrió un aborto, pero nunca pudo denunciar su situación.

Este es uno de los relatos que aparece en el reciente informe Violencia institucional en el sistema de protección a la infancia, elaborado por Fundación Raíces y que recoge los testimonios de niños, niñas y adolescentes acogidos en centros de protección a menores que habrían sido agredidos por el personal que forma parte de la administración pública (personal de seguridad, educadores, policía…).

Violencia sobre menores extranjeros no acompañados

En total, el informe recoge 55 agresiones ocurridas entre octubre de 2016 y junio de 2020. Los casos corresponden a menores de entre 12 y 17 años; la mayoría, de menores extranjeros no acompañados procedentes, sobre todo, de Marruecos, pero también de Guinea, Argelia, Gambia, República Dominicana y Camerún.

“La clave del informe es la desprotección a la infancia, pero que la mayoría de menores agredidos que hemos atendido sean extranjeros pone de manifiesto que están en una mayor situación de vulnerabilidad”, explica a Newtral.es Lourdes Reyzábal, psicóloga y directora de Fundación Raíces.

Ismael, de 15, señala:

“En el centro, los vigilantes

abusan y nos pegan.

Nos encierran

en una habitación oscura”

“Hay niños españoles que están bajo la protección de la administración pública, pero en estos casos, aunque también hay desarraigo y desamparo, por normal general tienen algún familiar. Aunque sea un familiar que la administración no considera válido y por eso se le ha retirado la tutela, pero está ahí y puede preocuparse por su situación dentro del sistema. Los menores extranjeros no acompañados son un blanco para el agresor porque están solos del todo”, añade Reyzábal.

El informe destaca que la mayoría de menores relata “haber recibido golpes y puñetazos por todo el cuerpo, puñetazos en la cara, y en los oídos, patadas en el estómago y en la cabeza, pisotones en el cuello, empujones, golpes con porras y defensas individuales, engrilletamientos y hasta alguna mordedura”. En algunos casos, apunta el documento, las agresiones físicas van acompañadas de “insultos y vejaciones que adoptaron la forma de mensajes de odio relacionados con su país de origen, raza, religión…”.

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Secuelas psicológicas

Además de recoger los partes de lesiones, documentados con fotografías, el informe ha entrevistado a estos 55 menores que llegaron a la Fundación Raíces buscando ayuda y asesoramiento jurídico. “En el centro, los vigilantes abusan y nos pegan. «Nos encierran en una habitación oscura”. Pero también hay violencia verbal, con frases que recoge el documento como “negro de mierda” o “sois marroquíes, si no estáis contentos, os podéis marchar; sois demasiados”, contó Ismael cuando tenía 15 años.

Lourdes Reyzábal apunta que hablar de conflicto entre residentes y educadores o vigilantes es erróneo: “No se les puede equiparar como si fuesen iguales. En realidad se trata de adultos agrediendo a niños y niñas en situación de especial vulnerabilidad. Adultos, además, que forman parte de la administración pública y que, en teoría, deberían velar por su seguridad y bienestar”.

Fundación Raíces alerta

de secuelas tales como

“estrés postraumático, sentimientos profundos

de baja autoestima y

normalización de la violencia”

Respecto a las secuelas psicológicas, Fundación Raíces alerta de secuelas tales como “estrés postraumático, ansiedad generalizada, sentimientos profundos de baja autoestima y normalización de la violencia”.

Amaya Prado, psicóloga de familia en un centro de servicios sociales y miembro del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, explica a Newtral.es que “el propio hecho de comunicarle a un menor que tiene que ser institucionalizado ya genera una ruptura con su entorno y sensación de desarraigo”. Prado apunta que aparecen síntomas como “dificultad para conciliar el sueño, dificultad en el rendimiento académico, así como agresividad en algunos casos”.

Dificultad para denunciar

Lourdes Reyzábal considera que “no hay mecanismos suficientes para controlar a la propia administración”: “El sistema de servicios sociales identifica, por ejemplo, cuando se vulneran los derechos de un menor en el hogar, en el colegio… Pero no hay vigilancia sobre la administración que tiene que protegerles”.

El informe destaca que cuando alguno de estos menores ha intentado denunciar algún hecho, “ha encontrado múltiples obstáculos por parte de sus educadores y del equipo directivo del centro”. “En los casos en los que los niños y niñas, con la asistencia de Fundación Raíces, han podido denunciar y algún educador o educadora ha acudido para completar su capacidad ante las autoridades, han desacreditado la versión del niño, criminalizándole y dificultando la interposición de la denuncia”.

“No hay mecanismos de denuncia previstos ante la posibilidad de violencia institucional, es una carencia y deficiencia del sistema”, insiste Reyzábal. Por ello, incide en la importancia de que la ley de infancia, cuyo proyecto fue aprobado en junio en el Consejo de Ministros, “sea modificada para que contemple la violencia institucional y herramientas para detectarla y prevenirla”: “Ahora mismo, apenas hay referencias, y debería ser uno de los grandes puntos de la ley”.

[Ley de protección a la infancia: preguntas y respuestas]

Determinación de la edad

En los últimos cuatro años, Fundación Raíces ha atendido a 537 menores “que han sufrido algún tipo de vulneración de sus derechos por parte de distintas administraciones públicas españolas”. De ellos, 349 estaban bajo la guarda o tutela de la Comunidad de Madrid.

Una de estas vulneraciones sería, según Fundación Raíces, “la ejercida por el Ministerio Fiscal al someter a niños y niñas, que cuentan con documentación acreditativa de su edad o identidad, a pruebas médicas de determinación de la edad, algunas de ellas especialmente invasivas, como la exploración de los genitales”.

Fundación Raíces señala

las consecuencias de las pruebas

de determinación de la edad:

“Se les niega la condición de infancia

y se les impide acceder a sus derechos”

Uno de los casos es el de M.K., que tenía 15 años cuando la Fiscalía le declaró mayor de edad sobre la base de una prueba radiológica. “A pesar de contar con pasaporte en su país de origen, según relata, nadie en el Centro de Primera Acogida de Hortaleza le apoyó para que le enviaran el documento. M.K sobrevivió más de diez meses entre la calle hasta que, con el apoyo de Fundación Raíces, logró que sus familiares le enviaran su pasaporte a España, lo envió a la Fiscalía, comprobando que era menor de edad”, apunta el informe.

Este organismo critica “la escasa fiabilidad de estas pruebas”: “Muchos de estos menores son convertidos en adultos y abandonados en la calle sin que puedan recurrir directamente dicha decisión. Se les niega la condición de infancia y se les impide acceder a sus derechos y a la protección que les correspondería, abocándoles a largos procesos judiciales para poder defender su edad”, apunta Lourdes Reyzábal.