El día 2 de setiembre las fuerzas militares, actuando como Fuerzas de Tarea Conjunta, asesinaron a dos niñas, María Carmen y Liliana Mariana Villalba, niñas de 11 años, en la localidad de Yvy Yaú, en el Norte del país. Un hecho tenebroso ejecutado por las llamadas Fuerzas de Tarea Conjunta bajo presunto combate al llamado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). Las dos niñas poseen la nacionalidad argentina y estaban de visita a sus familiares residentes en Concepción, igualmente al norte del país. Esta operación fue realizada bajo la dirección del Presidente de la República y Jefe de Estado, Mario Abdo Benítez, la fiscalización de la Fiscalía General de la República y de jueces.

Los cuerpos de María Carmen y Liliana Mariana Villalba, fueron enterrados sin ningún trámite como NN. Sin siquiera proceder a una identificación de las niñas asesinadas. Los respectivos “uniformes militares” con que fueron vestidas las asesinadas, incinerados a su vez por “temor al COVID”.  Destrucción intencional, premeditada de pruebas del asesinato.

Política, institucional e ideológicamente, la Fuerza de Tarea Conjunta, está dirigida, controlada y subordinada a agentes norteamericanos e israelíes, y apoyadas por paramilitares y militares colombianos. Formalmente, está compuesta por fuerzas armadas, policiales y por agentes del servicio de lucha contra la droga.  Es una fuerza cuestionada por sus actos de corrupción generalizada, por asociación con narcotraficantes y por la persecución y aterrorización de movimientos campesinos y de la población. Incluyendo los ajustes de cuentas entre las mismas fuerzas al más puro estilo de la Mafia.

Un crimen internacional como parte de una práctica hemisférica

Este asesinato cruel interpela a una reflexión política y social contextualizada, más allá de la legítima indignación que provoca el accionar delincuencial e infanticida de Mario Abdo Benítez y del gobierno en su conjunto.

Primero, importante es subrayar que este crimen de Estado no es un hecho aislado. Es una política del Estado relacionada estrechamente con la Masacre de Curuguaty, hecho montado por los poderes fácticos, para perpetrar el crimen del Golpe de Estado de junio del 2012 contra el gobierno de Fernando Lugo.  Fue en ese junio del 2012 que se produjo el resquebrajamiento de toda la institucionalidad del Estado, incluyendo la ruptura de la estructura jurídico-política y social.

Asimismo, el crimen se produce en una situación de tensiones sociales agudizados, de conflictos, de agudización de la lucha de clases, de crisis estructural final del Estado paraguayo y de su sistema capitalista subdesarrollado, dependiente, periferia de la periferia.

Se produce en medio de una ofensiva político-empresarial violenta contra los sindicatos, contra la educación pública, contra maestros, contra la salud pública, contra estudiantes, con el objetivo de que el capital trasnacional y grupos mafiosos empresariales locales, se apropien ilícitamente de recursos públicos y de empresas públicas.

Segundo, el análisis contextual de este atroz crimen, nos permite ubicarlo dentro de la ofensiva de agresión del imperialismo norteamericano en la región. Y ubicable dentro de la ofensiva regional de fuerzas militares, políticas, económicas fascistas y neofascistas contra los procesos de cambio, de transformación social, contra los pueblos.

Tercero, el hecho del asesinato de las dos niñas es inseparable de la ofensiva, de las agresiones y de los crímenes cometidos por el régimen imperialista norteamericano contra la República Bolivariana de Venezuela.  Recordemos al respecto la presencia y el apoyo incondicional del gobierno fascista de Mario Abdo Benítez, del Partido Colorado y de otras fuerzas políticas y económicas criollas, al acto de agresión imperialista en el 2019.

Cuarto. Jurídicamente, desde las normas del Derecho Internacional Penal, el asesinato de las dos niñas, cae bajo la figura de Ejecución extrajudicial o Ejecución sumaria. En su naturaleza jurídica, este asesinato es un Crimen de lesa Humanidad, acorde con la definición adoptada por el Estatuto de Roma de 1998, por el Derecho internacional consuetudinario.  Fue cometido en el contexto de la acción planificada por el Estado mismo como política. Es Política de Estado.  No se trata de un “error”, de un acto aislado. Es un crimen internacional, cuyo primer responsable es Mario Abdo Benítez. La complicidad de grupos económicos de propaganda, de sus “periodistas” en este crimen, es un hecho.

El asesinato de las dos niñas, este Crimen de Lesa Humanidad, como política de prolongación de otros crímenes, constituye un punto de ruptura. Las clases dominantes cruzaron la línea roja. Ya no existen límites. El mensaje a la población es claro.

De ahí que la lucha frontal es “ninguna impunidad para todos y cada uno de los criminales de Lesa Humanidad, sea cual fuere su grado de responsabilidad”. Y esa lucha reclama a su vez, exige, una confrontación político-social directa con las clases dominantes

Es a la vez, un reto para las fuerzas progresistas y de izquierda.  Una ocasión para un reagrupamiento, para volver a reconstruir legitimidad, credibilidad. Una oportunidad en esta crisis final del Estado paraguayo, para construir una respuesta colectiva y orgánica; para retomar su origen e identidad que son las luchas en las calles, insertos en los movimientos sociales y respondiendo a las expectativas populares. Antes de que vengan por la cabeza de todos con un Plan Cóndor II ya en marcha.