Mientras se terminan de redactar estas líneas, los cuerpos de seguridad del Estado venezolano desarrollan un operativo policial con el objetivo de neutralizar las acciones beligerantes que tomaron grupos armados en tres sectores populares de Caracas, en el eje El Valle-Cementerio, la Cota 905 y La Vega.

Se trata de un corredor estratégico que empalma el suroeste de Caracas con salida hacia el estado Miranda, vía Carretera Negra de Los Mangos que empata con la Carretera Panamericana, y que se proyecta hacia casi todo el oeste de la ciudad capitalina.

Los grupos armados en cuestión, también llamados por las autoridades venezolanas como Grupo Estructurado de Delincuencia Organizada (GEDO), se presumen forman parte de las células fundadas y administradas por Carlos Calderón (El Vampi), Carlos Revette (El Koki) y Garbys Ochoa (El Garbys), de acuerdo a un reporte del periodista Eligio Rojas de Últimas Noticias.

Atacaron este miércoles 7 de julio la sede el Sebin-Helicoide, ubicada cerca de la entrada a la Cota 905, con chalecos antibalas y haciendo uso de balas trazadoras como supuesta retaliación a la baja de Leonardo Polanco (Loco Leo), cabecilla del barrio El 70 en El Valle, informan reportes. Este es un acto sin precedentes por parte de grupos irregulares contra instituciones securitarias venezolanas, debido a la importancia operativa y logística de dicha instalación.

Asimismo, las GEDO dispararon contra civiles de manera indiscriminada causando la muerte de tres personas y cinco heridos hasta la mañana de este jueves 8. Hasta el mediodía del mismo día, se reportaron tres víctimas asesinadas más. Los ataques fueron dados a lo largo de avenidas con mucho tránsito de peatones y vehículos, como la Páez (El Paraíso) y la Nueva Granada (con salida hacia el Cementerio), además de zonas populosas como Quinta Crespo (parroquia San Teresa) y la autopista Norte-Sur a la altura del túnel El Paraíso.

Examinemos las características más resaltantes de la llamada Banda de El Koki, su perfil, accionar y posibles motivos, además de su proyección en los ámbitos mediático y político. Resuelto esto, podremos tener la comprensión de un cuadro más complejo que el recitado por el catecismo mediático antichavista de «Estado fallido» en un contexto político de alta importancia.

DE DÓNDE VIENE Y HACIA DÓNDE VA

El historial de quienes lideran los grupos armados en la Cota 905 es difuso, en tanto que parecen ser individuos con una amplia experiencia delictiva en el territorio donde hacen vida pero sin lujo de detalles de sus vidas personales. Alias El Koki precisamente es uno de los criminales más buscados a nivel nacional, con cargos judiciales en su contra desde 2013.

Lo cierto es que alias El Koki lidera el GEDO que controla el negocio de la droga en la Cota 905, una avenida (llamada Guzmán Blanco) que atraviesa las parroquias La Vega, El Paraíso y Santa Rosalía, muy populosas y donde miles de caraqueños hacen vida económica y residencial.

Durante los periodos del plan de desarme del Gobierno Bolivariano y la gestación de las llamadas «zonas de paz» (2015-2017), la banda de la Cota 905 había llegado a acuerdos con las autoridades para la inserción social de sus miembros, sin embargo la posición beligerante de los criminales dio al traste con las negociaciones y comenzó a tomar notoriedad más allá de la Cota 905 durante los últimos dos años, al menos.

El nivel de despliegue es considerable en su zona, en la que cuenta -según Rojas- con una narcodistribución de 32 garitas con una célula de cinco a seis operadores armados cada una. Además del tráfico de drogas se dedican a la extorsión, los secuestros y los asesinatos selectivos (sicariato).

Un precedente inmediato podría identificarse en la banda de El Picure liderada por José Tovar Colina (El Picure), neutralizada en 2016, que dominaba extensos territorios entre los estados Aragua (sobre todo en el sur) y Guárico, que se dedicaba a los mismos delitos endosados a El Koki, bajo una cobertura mediática de los medios corporativos de enfrentamiento a las autoridades oficiales de Venezuela (Runrunes lo llamó «especie de Robin Hood») y con un marcaje político claramente volcado a favor de la agenda antichavista. El modelo de grupo paramilitarizado de El Picure se replica en sus aspectos principales en el proceder de los GEDO, pero en el caso de El Koki en el marco de un territorio más densamente poblado y con mayor circulación económica (legal e ilegal).

El Picure fue dado de baja en El Sombrero y no operaba en zonas urbanas sino rurales e incluso periurbanas. Sin embargo, tenía de segundo a Adrián de Jesús Linares (El Koala), también dado de baja en 2016 y quien tenía actividades criminales en la Cota 905 y El Cementerio.

La expansión de la influencia de El Koki convocó a una «alianza» con otras bandas en El Valle y El Cementerio en 2015, para establecer un cerco que evitara la incursión de los cuerpos de seguridad, con proyección hacia La Vega y Caricuao, y con planes de tomar control de El Guarataro y El Observatorio, correspondientes a las parroquias San Juan y 23 de Enero, dos de las más importantes en el corredor descrito, a pocos kilómetros del Palacio de Miraflores, sede del Gobierno de Venezuela, según las investigaciones policiales.

Sin embargo, las “alianzas” del Koki van más allá del Distrito Capital. A principios del mes de julio sucedió un enfrentamiento entre la llamada banda de alias El Conejo y cuerpos de seguridad del Estado en Las Tejerías, a pocas decenas de kilómetros de la frontera entre los estados Aragua y Miranda a través de la Autopista Regional del Centro. El Conejo mantuvo bajo fuego la sede del CICPC por horas. Los grupos armados de la Cota 905 atacaron una sede policial de PoliCaracas en supuesta represalia a las acciones gubernamentales en Las Tejerías y en defensa de El Conejo. La conexión más evidente consiste en la construcción del corredor mencionado al principio de este informe desde el centro-occidente del país hacia la ciudad capital, o desde ella.

En su campaña de relaciones públicas, El Koki ha manifestado que sus últimos ataques a las autoridades estatales y civiles han sido presuntamente retaliaciones a los operativos policiales contra los GEDO. Hasta que la ministra Meléndez anunció este jueves 8 de julio el comienzo de la misión securitaria en la Cota 905 y sus adyacencias, este venía siendo el comportamiento del grupo armado.

Además de los diferentes delitos de que se valen para sustentar económicamente su negocio, han mostrado usos y recursos propios del terrorismo: ofensivas abiertas contra infraestructuras políticas y económicas, uso de la población como base de «legitimidad» y como escudos humanos, asesinatos indiscriminados contra civiles, uso de granadas de mano sobre objetivos no policiales/militares, control territorial expansivo.

¿Existen motivaciones políticas por parte de los GEDO? En el sentido más práctico del control territorial, sí, en cuanto disputa la geopolítica del suroeste de Caracas, en el corazón de la capital, a las autoridades gubernamentales. ¿Se relaciona con los intereses del antichavismo extremista, sintetizado en los operadores de Voluntad Popular y Primero Justicia? Recientemente fue publicada una foto donde se ve a Carlos Revette con una franela de este último partido político de la derecha venezolana, lo que daría pie a responder afirmativamente la pregunta.

El presidente Nicolás Maduro en una alocución pública el 8 de junio pasado denunció que «(la oposición) está metiendo muchos dólares y billetes para comprar bandas criminales para generar violencia en los barrios». Más allá de la afirmación presidencial, sí existe una sincronía de las agendas por disputarle la autoridad estatal a las instituciones gubernamentales, de facto en el caso de las organizaciones criminales en cuestión.

El control «paramilitar» de las montañas que rodean parte del valle de Caracas y de la Cordillera central del país sería un afán visible de cualquier grupo irregular si tomamos en cuenta que, de acuerdo a reportes de operadores mediáticos antichavistas, el lugar de refugio y repliegue del GEDO de la Cota 905 se encuentra en los Valles del Tuy, a solo pocos kilómetros de los corredores al suroeste de Caracas.

ARMAMENTO, LOGÍSTICA, PROCEDIMIENTOS

Su armamento revela que también está bien insertado en el mercado ilegal de armas en Venezuela, consiguiendo equipos fuera del circuito usado por el Estado. Lo que demuestra que se abastecen de armas que no son orgánicas a los propios cuerpos de seguridad y defensa oficiales.

Por ejemplo, entre el arsenal de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) no se cuenta con el AR-15 de producción estadounidense, un fusil de asalto que cuesta alrededor de 500 dólares en los Estados Unidos, el arma preferida de quienes han perpetrado ataques masivos (mass shooting) en las últimas décadas en ese país norteamericano. Según reportes, existen decenas de AR-15 en manos de las células de los GEDO. En 2015, Freddy Bernal había denunciado que las bandas criminales ya se estaban armando con fusiles directamente de Estados Unidos.

El operativo policial en la Cota 905, desarrollado en estos momentos, se ha incautado, entre otras armas, el fusil de francotirador semiautomático Barrett M82 de procedencia estadounidense. Es un arma que forma parte del arsenal de las Fuerzas Especiales del Ejército de Estados Unidos y de otras unidades especiales de países OTAN.

Los intentos de los grupos armados de la Cota 905 por robar armamento del sector castrense venezolano también se han reportado durante este año. En marzo reciente atacaron un comando de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en cuyo parque de armas se encontraba una batería antiaérea que no lograron robar, según lo publicado por Román Camacho.

El Koki cuenta con armamento pesado como granadas, ametralladora M2, bazucas de diversas procedencias, sobre todo estadounidenses, y municiones para rifles de asalto AK-103 y AK-47, de acuerdo a lo incautado el día viernes 9 de julio por las autoridades.

El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) capturó a una mujer (Ubilmar Yarilet Delgado Palencia) que proveía de municiones a los grupos armados de la Cota 905 desde el estado Lara, reportado en Últimas Noticias el pasado 9 de junio. Dice:

La policía científica asevera que Ubilmar está vinculada a Luis Beltrán Rivero García, apodado en Caracas ‘El Guaro’ y en Lara ‘La Fresa’, también integrante de la banda del Coqui. El Cicpc indicó que ese sujeto «es quien traslada municiones, armas de fuego de diferentes calibres y negocia la compra de las mismas así como de sustancias psicotrópicas y estupefacientes desde Caracas hacia el estado Lara y otras zonas del país».

La logística principalmente se vale de los corredores que han dominado estas bandas paramilitarizadas, y que han convertido no solo en los ejes fundamentales de su negocio, sino también de su poder de fuego. En dichas zonas geográficas disputa la autoridad al Estado por la vía de las armas, por lo que su negocio, como es natural en las economías ilegales, involucra una logística típica de los grupos irregulares insertados en una dinámica narco que buscan suplantar por la vía violenta tareas y obligaciones estatales.

El uso de drones también forma parte del equipamiento logístico de estos grupos armados, hasta ahora solo visto orientado a la vigilancia y la inteligencia, lo que no es un dato menor: la actualización tecnológica de su logística territorial (las 32 garitas y su expansión extraparroquial) se vincula a la recurrencia de tecnología aeronáutica con fines tácticos y estratégicos. En la era de los drones, su uso es casi obligatorio en conflictos asimétricos.

La violencia que desata un elemento de su categoría no involucra el despojo de tierras a la ciudadanía sino que más bien está orientada a arrebatarle el poder de gestión a las instituciones públicas de la geopolítica a la que está circunscrito en un intento descarnado de privatización del territorio.

El caso de los acontecimientos ocurridos desde el día 7 de julio en Caracas corresponden a procedimientos de una puesta en escena en demostración de fuerza y capacidades a las autoridades oficiales y a la población en general, en un contexto político dominado por la llegada de la misión exploratoria de la Unión Europea con miras a su participación en las próximas megaelecciones, maniobra que ya explicamos en esta tribuna. Los métodos terroristas contra civiles desarmados y fuera de todo contexto combatiente confirman el procedimiento más allá de lo hamponil ante situaciones en las que la provocación de caos urbano es el objetivo primordial de la operación originada en la Cota 905.

Pero también, y al mismo tiempo, se puede afirmar que los grupos armados se sirven del montaje propagandístico para mantener la idea de que están combatiendo contra las autoridades venezolanas. Es curioso cómo se graban a sí mismos y nunca aparece el objetivo al cual disparan, ni ápice de efectividad alguna en el gasto aparentemente innecesario de municiones. Es un control de daños ante el repliegue provocado por la contraofensiva gubernamental.

El mismo tipo de videos fueron publicados por montón en Libia en 2011, ya que no había otra manera de mantener la idea de que los llamados “rebeldes libios” avanzaban militarmente contra el ejército de Gadafi, cortinas de humo que daban la impresión de que había feroces combates y así mantener al espectador con la idea de que los grupos antigubernamentales avanzaban contra las fuerzas oficiales.

La combinación de todos esos elementos puede dar pie a la conclusión de que los miembros de la denominada banda de El Koki reproduce prácticas comunicacionales ya vistas en otros escenarios conflictivos en el mundo, además de abastecerse de equipos y armamentos ajenos a los mercados existentes en Venezuela.

CONSIDERACIONES EN EL MARCO DE LA ACTUAL GUERRA DIFUSA

Los acontecimientos precipitados por las acciones criminales de los grupos armados irregulares le dan contorno al perfil que abanderan en el carácter difuso de la guerra que se libra contra Venezuela, con auspicio de Estados Unidos y sus delegados en la región.

No son pocos quienes opinan que la asunción de grupos armados en el país tiene que ver con la estabilidad que promocionan las instituciones estatales a lo largo de todo el territorio nacional en el marco de una guerra híbrida; el desafío al Estado a través de la fuerza es un elemento que ha tomado relieve en los últimos años, desde que el Gobierno Bolivariano desarticuló la Operación Daktari en 2004, una incursión paramilitar que tenía por objetivo la vida del presidente Hugo Chávez. Aunque desde la oposición señalan que se debe a un «Estado fallido», expediente enarbolado desde hace años por los sospechosos habituales, bien podemos argumentar que la proliferación de estos actores no-estatales se relaciona con un ecosistema económico criminal y de operadores que tienen la vía armada como eje primordial de sus acciones antigubernamentales, siempre en constante enfrentamiento con las instituciones venezolanas.

Las experiencias en torno a la extinta banda de El Picure, Óscar Pérez, la Operación Gedeón, las disidencias de las FARC (instrumentalizadas de manera indirecta por el Estado colombiano) en el estado Apure y, ahora, El Koki tienen un hilo común: el desafío abierto, no velado, al gobierno de Nicolás Maduro. En cuatro palabras: el cambio de régimen. Sus intereses pueden ser varios, pero los propósitos son compartidos.

El hecho de que Estados Unidos haya asumido diversas estrategias para el cambio de régimen en Venezuela, incluida la vía armada y por delegación, es un elemento que no puede dejar de descartarse a la hora de abordar el análisis sobre la guerra irregular a lo interno del país. Las guerras proxy, es decir, por delegación, de forma indirecta y con actores subsidiarios, han venido siendo un recurso clásico de las últimas administraciones demócratas de la Casa Blanca. El actual consejero de seguridad nacional de Joe Biden, Jake Sullivan, presionó para armar a los «rebeldes sirios» (trasunto nominal para llamar a los terroristas de Al-Qaeda et al en Occidente) cuando trabajó para Hillary Clinton en el Departamento de Estado y hacer lo mismo con el ejército ucraniano en el conflicto en el Donbass mientras fungió como asesor de Biden cuando éste ocupaba la vicepresidencia bajo la administración Obama.

Que la mayoría de las acciones subversivas de los grupos armados antichavistas tengan características propias del terrorismo y el paramilitarismo, siempre insertos en los corredores de las economías ilegales (tráfico de drogas y de armas, extorsión, secuestro, sicariato), también da cuenta de los elementos en común que los une, no solo en propósitos, sino en procedimientos.

La guerra informativa, las operaciones psicológicas y la protección que suelen tener dichos actores no-estatales por parte de ONG y combatientes mediáticos asimismo arrojan luz sobre los intereses que tienen los operadores políticos y mediáticos en torno a situaciones de conmoción generadas por los grupos armados. La propaganda del «Estado fallido» es enarbolada como un recurso que va de la mano con cada movimiento beligerante contra el Estado venezolano y los líderes políticos del chavismo.

El concepto de «guerra difusa», acuñado por el ministro G/J Vladimir Padrino López para nombrar el tipo de conflicto irregular que ha experimentado el país en estos casos particulares, bien puede servir para señalar el marco en el que se mueven los grupos armados de la Cota 905. Ello implica el traslado de los teatros de operaciones de guerra irregular a los barrios de Caracas y sus adyacencias, donde se desarrollan «espacios difusos» en los que las relaciones elementales de funcionamiento institucional se intenta que queden parcial o totalmente inhabilitadas y donde los actores no-estatales que disputan el territorio intentan imponer sus propias reglas.

Este es un ejercicio que influye en diferentes dimensiones, que atraviesa las áreas políticas, económicas, militares, sociales y culturales, puesto que, de acuerdo a sus características, tiene como principal objetivo, y aquí tomamos las palabras del ministro Padrino López, «el control de la población, el cambio total de las estructuras del poder y la pulverización del Estado-nación, desmembrándolo junto con su sociedad para quedar a merced de la cúpula gubernamental norteamericana y sus intereses, particularmente centrados en el control de los recursos naturales que constituyen la riqueza estratégica de la nación».

Al cierre de este informe, el despliegue de las fuerzas de seguridad venezolanas ha logrado que los grupos armados irregulares se replieguen de la Cota 905, incautando armamento, recursos de logística y dando de baja a algunos miembros de los combatientes irregulares. La neutralización de dichas bandas y sus economías criminales se torna urgente en un momento definitorio para la existencia de la República Bolivariana, en un momento en que la violencia terrorista se ha convertido en un elemento dominante de la estrategia de cambio de régimen contra Venezuela.

teleSUR no se hace responsable de las opiniones emitidas en esta sección