Después de más de siete años de proceso, el tribunal del arbitraje internacional del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), notificó su decisión final, declarando que el Estado costarricense no deberá pagar ninguna indemnización a la empresa canadiense Infinito Gold Ltd., que reclamaba cerca de $400 millones porque se le canceló la concesión del proyecto minero Crucitas, en Cutris de San Carlos.

Así lo informaron hoy el Ministerio de Comercio Exterior (Comex) y el Ministerio de Ambiente en un comunicado conjunto.

El caso contra Costa Rica inició en 2014 y fue planteado por Infinito con base en el “Acuerdo entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de Canadá para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones”.

En su fallo (laudo arbitral), el tribunal determinó que “Costa Rica no le denegó justicia al inversionista, ya que los tribunales nacionales observaron correctamente los principios del debido proceso, y brindaron a Infinito acceso a las oportunidades de defensa necesarias”.

También señaló que “es legítimo que el país se declarara libre de la minería metálica a cielo abierto, como un objetivo soberano para proteger el medio ambiente”; pero que al tomar esa decisión se tenía que considerar la posible existencia de trámites en curso relacionados con la obtención de un permiso de exploración o explotación minera, y resguardar su situación. “Al omitir hacerlo, se violaron los principios de proporcionalidad y razonabilidad que la Administración Pública debe respetarle a todos los Administrados, incluyendo los inversionistas”, apuntó.

A pesar de lo anterior, concluyó el tribunal, “Infinito no demostró que la omisión indicada le hubiera provocado un daño y, por ende, no corresponde que Costa Rica le pague ninguna indemnización”.

El equipo nacional que tuvo a cargo la defensa de este caso estuvo liderado por el Ministerio de Comercio Exterior, e integrado por funcionarios de varios departamentos del Ministerio de Ambiente y Energía, la Procuraduría General de la República, peritos en los campos del derecho administrativo y finanzas y la firma legal internacional Arnold & Porter Kaye Scholer, se informó.