El primer préstamo rápido con el FMI aprobado por el congreso de la República fue por $508 millones y el segundo denominado de “stand by” con ese organismo sería por $1.750 millones para un total de $2.258 millones. Según muchos personajes, ahora el FMI no impone condiciones a los gobiernos que les presta. Sin embargo, eso no es tan cierto, ya que ese organismo le dicta a los gobiernos las supuestas metas que los gobiernos se deben autoimpone para cumplir y poder otorgar dichos préstamos. En el caso de Costa Rica es evidente que el gobierno tendrá que comprometerse a reducir el déficit fiscal que se ubicará en casi el 12% y el nivel de endeudamiento que, en este año, llegará al 70% del PIB.

El neoliberal, Rodrigo Arias, hermano del expresidente Osar Arias, con la más grande desfachatez declaró, recientemente, que con los acuerdos del gobierno con el FMI «… sabemos que el país tiene que tomarse una medicina dura y amarga…». (La Nación, 2 de septiembre de 2020).

En realidad, esa «medicina dura y amarga» no se la va a tragar el «país», sino que serán los trabajadores privados y públicos, los sectores populares y algunos sectores de clases medias los que van a hacer atragantados con las salvajes medidas de ajuste fiscal que el gobierno de Alvarado tendrá que aplicar con el acuerdo fondomonetarista. Los capitalistas como los Arias, los grandes empresarios y los super ricos no se van a tragar nada, sino que van a salir ganando, ya que probablemente compren las empresas estatales que se vendan como parte de ese acuerdo y sigan enriqueciéndose a manos llenas.

La política gemela de endeudamiento y déficit fiscal crecientes de los últimos años, por parte de los gobiernos del PLN, PUSC y PAC, debido a la reducción de los impuestos directos, ha llevado a Costa Rica a una profunda crisis económica, acentuada por la pandemia de la covid-19.

Después de endeudar al país y someterlo a los altos déficits fiscales, las corruptas jaurías del PLN, PUSC y PAC, pretenden hacer pagar esa gigantesca deuda y déficits fiscales sobre las espaldas y bolsillos de los trabajadores y sectores populares, reduciendo los salarios, así como con la venta de activos, privatización de servicios y la reducción del Estado, mediante la fusión de instituciones, mediante despidos masivos.

Por otra parte, el problema socioeconómico del desempleo es gravísimo. Por lo tanto, un eventual acuerdo con el FMI va a profundizar el desempleo, en este caso, en el sector público, puesto que el gobierno para cumplir con las metas del FMI tendrá que vender algunas empresas estatales, así como eliminar o cerrar algunas instituciones públicas. Existen otras fuentes de financiamiento menos draconianas que el FMI. Por ejemplo, el mismo BCIE, los bancos chinos y otros países. Los trabajadores y las organizaciones sindicales deben oponerse y rechazar cualquier acuerdo con el FMI que signifique la venta de las empresas estatales y la privatización de servicios, así como despidos en el sector público.

Un plan alternativo de reconstrucción ante el Covid-19

Frente a la profunda recesión económica que atraviesa el país y desempleo masivo que golpea duramente a miles de trabajadores se requiere de una política que resuelva el grave problema de la desocupación. Como sostiene un trabajador desempleado en una entrevista lo que necesita es que el gobierno le garantice un trabajo, no migajas de comida, una o dos bolsas de alimentos que les da el MEP a sus hijos y que sólo le sirven para tres días. En realidad, esta es una demanda correcta. El profundo y grave problema de la desocupación debe ser resuelto a lo inmediato.

Para resolver esa situación desesperante para miles de miles de trabajadores desempleados planteamos las siguientes medidas.

1. Elaboración y ejecución de un Plan de Obras Públicas que le de trabajo a los desempleados. Mediante este plan se podría construir nuevos hospitales y clínicas públicas, hacer escuelas y colegios, ya sean nuevos o reconstruir los viejos edificios educativos, construcción de carreteras nacionales y cantonales, construcción de alcantarillas y acueductos; destrucción de cuarterías y precarios y la construcción de vivienda dignas para miles de familias que viven hacinadas.

2. Exigir que todas las empresas que han suspendido miles de contratos de trabajo a miles de trabajadores, los recontraten de inmediato. Asimismo, las empresas que han reducido las jornadas de trabajo y los salarios de miles de trabajadores les garanticen de inmediato sus trabajos y sus salarios completos.

3. Exigir al gobierno que, de inmediato, realice la apertura de todas las actividades económicas, productivas y de otro tipo que se encuentran cerradas por la emergencia sanitaria, obviamente, garantizando todas las medidas sanitarias y de protección para los trabajadores y usuarios.

4. Implementar una escala móvil de salarios y escala móvil de horas de trabajo para los trabajadores en las diferentes actividades económicas para impedir, ya sea la suspensión de contratos, la reducción de jornadas y de los salarios. Esa escala móvil de los salarios sería para garantizar el empleo a todos los trabajadores en las empresas, dándoles trabajo a todos los trabajadores y distribuir las horas de trabajo entre los todos, pero garantizando los mismos salarios para todos los trabajadores. Retomamos las palabras de Trotsky del programa de transición que plantea que “El proletariado, bajo la amenaza de su propia desintegración, no puede permitir la transformación de un sector creciente de obreros en desempleados crónicos, en indigentes viviendo de los desechos de una sociedad que se desmorona. El derecho al empleo es el único derecho serio dejado a los obreros en una sociedad basada en la explotación. Hoy este derecho les está siendo recortado a cada paso. Es el momento de levantar contra el desempleo, tanto “estructural” como “coyuntural”, junto con la consigna de trabajos públicos, la de escala móvil de horas de trabajo… Los sindicatos… deben vincular a los que trabajan y a los desempleados con lazos solidarios de responsabilidad reciproca. Sobre esta base, todo el trabajo disponible se dividiría entre todos los obreros de acuerdo con la forma en que se determine la duración de la semana laboral. El salario medio del obrero sigue siendo el mismo que con la vieja semana laboral…”.

Los fondos para ejecutar ese plan de obras públicas, así como las demás medidas para garantizar los trabajos a los miles de desempleados, al sector informal y a los trabajadores con contratos de trabajos suspendidos y jornadas reducidas, deberá de salir de la aplicación de medidas de emergencia económica, tales como:

A. Incrementar el impuesto de renta, utilidades o ganancias de las grandes empresas nacionales y transnacionales.

B. Eliminar las exoneraciones fiscales a las empresas de zonas francas y otras de regímenes especiales.

C. Impuesto a las riquezas de los superricos.

D. Combate a la evasión y elusión fiscal.

Rápida destrucción de empleos

La situación de Costa Rica es realmente dramática y desastrosa. La tasa de desempleo que se ubicó en el trimestre mayo-julio en el 24,4% es un desastre social sin precedentes histórico. 557.000 personas sin empleo. Detrás de esa espeluznante cifra de calamidad social hay miles de trabajadores que, ahora, no tienen dinero ni siquiera para comer. La pauperizacion y miseria de miles de personas es creciente.

Para julio del año 2019 la tasa de desempleo era del 11.5%, lo cual quiere decir que hubo un incremento del 112.2% de la desocupación. Si bien es cierto que la pandemia ayudó a elevar esa tasa de desempleo, sin embargo, las políticas del gobierno de Alvarado, antes de la pandemia y durante la pandemia, ha sido el principal responsable de semejante destrucción social y miseria.

El desempleo de Costa Rica, antes de la pandemia, era el más alto de Centroamérica, ubicándose en 12,4%. En Guatemala era del 2,18%, en El Salvador del 6,30%, en Panamá del 7,10%, en Honduras rondaba entre 5%-6%, de Nicaragua no hay datos del Banco Central al respecto. Entonces, como se puede observar el desastre venía desde antes de la pandemia.

El gobierno de Carlos Alvarado y del PAC en el gobierno han conducido a los trabajadores y al país a la ruina. Obviamente, detrás de ese monumental desastre está el modelo económico de promoción de las exportaciones y de la incapacidad de los gobiernos de turno de garantizar el derecho más elemental que deben tener las personas: ¡el derecho al trabajo! Este desastre es intolerable.

La prioridad actual debe ser la exigencia al gobierno de un plan económico que garantice dar trabajo de forma inmediata a los 557.000 desempleados. El bono proteger que ha dado el gobierno a los desempleados, a los trabajadores suspendidos y con reducción de jornada es una miseria para semejante desastre social.

Sin trabajo, sin comida y con hambre no existe democracia. Esta se convierte en una falacia. Costa Rica urge y necesita un cambio y giro radical profundo hacia un sistema socioeconómico que garantice igualdad real.

Perú ocupa el primer lugar como país en el mundo que más empleo ha perdido (38%) y el segundo lugar lo ocupa Costa Rica (24.4%) aunque en el informe adjunto se dice que es 21%, lo cual es un dato anterior. El tercer lugar lo ocupa Chile con 21%.

Hay dos razones que explica que Costa Rica sean como un «subcampeón mundial» en desemplear a trabajadores.

Primero que el desempleo antes de la pandemia ya era muy alto 12,4%. El más alto de todos los países centroamericanos. Ese altísimo desempleo precovid es el resultado del modelo económico de promoción de las exportaciones.

En segundo lugar, las políticas económicas del gobierno de Alvarado durante la pandemia han sido globalmente equivocadas, destructoras del empleo. También sus políticas para enfrentar la pandemia han sido equivocadas. Carlos Alvarado no ha pasado la prueba con la pandemia. No la supo manejar.

Tomó las medidas al revés. Al inicio se pudo tomar políticas de cierres menos drásticas y aperturas de actividades más controladas. Mientras que en la fase de desbordamiento actual se debía tomar políticas de cierres más drásticas y aperturas más estrictas, pero más bien en esta fase de crecimiento acelerado de la infección ha hecho lo contrario, lo cual su política contribuye a acelerar la peste de la covid-19, no a disminuirla. De ahí el mayor número de contagios, hospitalizaciones y muertes.

El saqueo a los salarios sin precedentes

El saqueo a los salarios, bajo el timo de que quien más tiene más debe pagar, es un engaño por parte del gobierno de Alvarado para ingenuos e idiotas. Si analizamos seriamente todas las medidas propuestas que pretende aplicar el gobierno de Alvarado como parte del acuerdo con el FMI en realidad llevan a la ruina a miles de familias. Veamos.

1. Congelamiento de los salarios por cuatro años.

2. Eliminación de las anualidades por cuatro años.

3. Incremento del impuesto a los salarios en los diferentes tramos. De 840 mil a 1.2 millones del 10% al 12.5%. De 1.2 a 2 millones 20% y así sucesivamente.

4. Cobro a las transacciones electrónicas financieras en 0.3% por cada 100 mil colones.

4. Incremento al impuesto a las casas del 0,25% al 0,75%, es decir, un aumento del 200%. 0.25% actual a las municipalidades y el nuevo 0.50% para el gobierno. Esto no solo es un abuso sino una lagartada del gobierno de Alvarado, intolerable.

5. Incremento de las tarifas de agua y electricidad.

6. Aumento de la inflación de los productos básicos.

Si comenzamos a sumar todos los efectos de esas medidas impuestas por el gobierno de Carlos Alvarado las consecuencias para los trabajadores son gravísimas. Prácticamente se están robando, de diferentes formas, más o menos entre el 25% y 50% de nuestros salarios. En otras palabras, nos están arruinando.

La operación bandida del gobierno Alvarado es simple, actúan a nivel de los usureros: no hay aumento de ninguna forma de los salarios, pero si habrá reducción de los sueldos por todas las nuevas vías mencionadas anteriormente, entonces el resultado es sencillo: en términos de dos a cuatro años los salarios serán reducidos significativamente entre un 25 % y 50 % y, por ende, a todos los trabajadores del sector público nos habrán empobrecidos.

En Defensa de la Caja de ANDE 

La caja de ANDE fue fundada en el año 1944, cuando muchos de estos políticos que pretenden destruirla ni siquiera habían nacido. Esta institución tiene 76 años de estarse capitalizando con los salarios de los trabajadores de la educación. Ni el Estado ni ningún gobierno le ha dado fondos públicos para surgir y desarrollarse. El patrimonio y todos los activos de la institución han surgido de los mismos salarios de los trabajadores.

Solo los que hemos aportado para la caja de ANDE tenemos el derecho a intervenir en ella. Existen muchas críticas de los llamados incorrectamente «accionistas» que son ciertas. La caja de ANDE necesita una reforma integral.

Primero, necesita una representación en su junta directiva de los denominados «accionistas» no solo de los sindicatos. Las burocracias sindicales se han apropiado indebidamente de la caja de ANDE. Las directivas sindicales simulan elecciones de sus representantes en la directiva de caja de ANDE, pero esa elección es una farsa. Todo el mundo lo sabe. Los representantes de los accionistas deben ser mayoría sobre los sindicatos.

Segundo, los intereses anuales deben acreditarse al capital social de forma mensual o anual. A su vez, los intereses convertidos también en capital social ganarían intereses. Esto no sucede así actualmente.

Tercero, todos los prestamos deben bajar de interés. El préstamo de vivienda debe pagar máximo entre 5% y 6%, no 10% actual.  Con ese interés del 10% y a un plazo de 30 años una casa se paga como tres veces su valor. ¡Eso no puede ser! Y así sucesivamente debe pasar con los demás préstamos. A su vez, los préstamos para los compañeros que ganan menos los intereses deben ser menores.

Cuarto, los directores de caja de ANDE no deben tener doble representación en otras instituciones. No se debe ser representante en caja de ANDE y a su vez en vida plena y otras subsidiarias de caja de ANDE. Esos cargos deben ser ocupados por representantes de los accionistas, electos en asambleas.

Cinco, todos los privilegios de los directivos de caja de ANDE deben ser eliminados de tajo.

De último, nos oponemos de forma categórica a cualquier impuesto a caja de ANDE, ya que esta institución no tiene ningún carácter lucrativo. Caja de ANDE no es banco ni institución financiera que genera ganancias privadas que sean apropiadas por personas particulares.

¡Fuera Manos del Gobierno de Caja de ANDE!

¿Movilidad Voluntaria o Despidos? 

El impresentable y rastrero ministro de Hacienda, Elian Villegas, con el mayor descaro que lo caracteriza plantea en conferencia de prensa que el gobierno de Alvarado va a solicitar a miles de trabajadores del sector público para que se acojan de forma «voluntaria» a la movilidad. Es decir, que los trabajadores del sector público «voluntariamente» acepten ser despedidos. Este ministro sinvergüenza sostuvo que esa medida pretende reducir de forma significativa la planilla del Estado.

El mentiroso de Carlos Alvarado dijo, recientemente, que no habría despidos en el sector público, sin embargo, no era cierto, ya que la llamada «movilidad voluntaria» es una forma camuflada de despidos. ¡NO A LOS ACUERDOS CON EL FMI! ¡Todos a las Calles a defender el Empleo y los Salarios! ¡Que la deuda pública y el déficit fiscal la paguen las bandas de políticos y empresarios que la hicieron!