El relator de la CPI, el senador Renan Calheiros, responsabiliza a Bolsonaro de contribuir a las más de 400 mil muertes por la enfermedad que se hubieran podido evitar (de un total superior a 600 mil) si su gobierno hubiera adoptado las medidas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Se espera que el reporte de la comisión del Senado sea presentado el próximo martes, tras lo que será votado y enviado a la fiscalía para que ésta decida si entablará acciones legales contra Bolsonaro, según informó el medio brasileño Globo News.

Los 11 delitos de los que la comisión acusará al mandatario son: crimen de epidemia con resultado de muerte, violación de medidas preventivas sanitarias, uso ilegal de fondos públicos, incitación al crimen, falsificación de documentos privados, curanderismo –promoción de medicina falsa–, prevaricación, genocidio contra el pueblo indígena, crímenes contra la humanidad, crimen de responsabilidad y homicidio por fallar en la lucha contra la pandemia.

Para Calheiro, todos los datos y análisis que se han recopilado durante estos seis meses de comisión son unánimes en lo que respecta a la negligencia de Bolsonaro.

El informe acusa al gobierno de mantener una oficina paralela para apoyar las medidas en el área de la salud contra la evidencia científica, buscar inocular a la población mediante la contaminación natural (la denominada inmunidad de rebaño), priorizar tratamientos sin eficacia probada, actuar en contra de la adopción de medidas como el distanciamiento social y el uso de mascarillas, difundir falsas noticias y actuar deliberadamente para retrasar la compra de vacunas, detalló Globo News.

Además del presidente, la comisión del coronavirus prevé solicitar la imputación de al menos una treintena de personas, entre ellos los hijos de Bolsonaro, por diversos delitos, incluidos los de malversación de fondos y robo.

En el caso de Bolsonaro, sólo la Procuraduría General de la República tiene la potestad de seguir acciones legales contra el presidente de Brasil.

No es la primera vez que Bolsonaro es acusado de genocidio contra comunidades originarias de Brasil. En agosto, la APIB, principal organización de pueblos indígenas de Brasil, lo demandó por genocidio basándose en un informe que detalla cómo mil 162 personas de hasta 163 localidades originarias murieron por la gestión de las autoridades.

El documento sostiene que el mandatario permitió por omisión de funciones en materia ambiental que se produjera un genocidio, representado en el desmantelamiento de servicios públicos de protección social, permitiendo a su vez el asalto de sus tierras, deforestaciones ilegales e incendios provocados.