El escándalo sobre los «falsos positivos», eufemismo con el que se conoce a los asesinatos de civiles durante el conflicto armado en Colombia para hacerlos pasar por bajas en combate, que ha estado en la opinión pública y bajo investigación durante varios años, ha estallado nuevamente, tras revelaciones hechas por los militares retirados Gabriel Rincón Amado y Gustavo Soto Bracamonte a la agencia AFP.

Soto, quien entre 2006 y 2007 comandó una fuerza élite del Ejército colombiano contra el secuestro, confesó que premió a sus tropas por matar a civiles que hicieron pasar por guerrilleros o delincuentes, y con ello inflaron los resultados del conflicto armado.

«No fui yo el que inicié eso», agregó el militar retirado y explicó que «los soldados sabían cómo presentar las muertes, cómo hacerlo».

Relató, además, que las víctimas eran conducidas a la muerte bajo engaños, como el de ir a hacer un «trabajito».

Según Soto, no importaban las capturas, solo «los muertos». Añadió que esa directriz emanaba del alto mando, en particular, dijo, del entonces comandante del Ejército, el general Mario Montoya, quien medía los resultados operacionales «en muertos».

«A él no le interesaban las capturas […] fui testigo de (una vez que) un mayor de apellido Rodríguez no tenía ningún muerto. Llegó el comandante del Ejército y le dijo: ‘¿Mi mayor, es que en (el municipio de) Barrancominas no hay guerrilla?'», contó Soto.

A ese mismo mayor, según el entrevistado, Montoya le habría enfatizado: «Lo que tiene es que colocar un batallón en línea y dar la orden: ‘disparen’. Y vaya y recoja, como quien dice (a) lo que dispare […] ya es ganancia, eso es muerto».

Soto contó que mientras comandó la fuerza élite del Ejército colombiano contra el secuestro, cargo que ejerció en el departamento Casanare, hubo «83 muertes». Según cuenta, «unas cuatro o cinco fueron operaciones totalmente legales, las demás son muertes ilegítimas».

También reveló que los fondos que le dieron para comprar más armas o buscar a los secuestrados fue utilizado para pagar «reclutadores», personas que conseguían a los civiles en varias partes del país para que el Ejército los ejecutara.

Los uniformados eran premiados. «Tenían cinco días de permiso» y otros beneficios, relató. A él, por estar entre las 10 mejores unidades, lo premiaron con un viaje de 15 días a Quito, Ecuador, en 2007.

Soto fue condenado a más de 40 años de prisión por estas ejecuciones extrajudiciales. Pero, en 2018, tras cumplir 11 años en la cárcel fue dejado en libertad condicional, a fin de que contara toda la verdad.

«Predispuse para que los hechos se cometieran»

Rincón, quien actualmente comparece ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) —mecanismo que juzga y castiga a las partes del conflicto armado—, por su parte, confirmó a la AFP que los jóvenes que luego se convirtieron en falsos positivos eran engañados por «reclutadores» bajo la promesa de un trabajo; ellos aceptaban para ayudar a sus familias.

Entre 2006 y 2008, Rincón fue oficial de operaciones de la Brigada 15 en el departamento Norte de Santander, cerca de la frontera con Venezuela.

«Yo no maté, pero sí predispuse para que los hechos se cometieran. Conocí de hechos de los cuales no denuncié y permití que las unidades que se encontraban allá en el área de combate hicieran esas prácticas», relató.

Mencionó que las órdenes o «instigaciones» (como él las califica) hacia los comandantes de pelotón «tenían que dar resultados como fuera», y eso los llevó a esas prácticas de asesinatos extrajudiciales, a los que se les daba «los visos de legalidad para que se mostrará a la opinión pública de que eran resultados en muerte en combate, donde realmente no lo eran».

Rincón está involucrado en uno de los casos más sonados de falsos positivos, el de las Madres de Soacha, las primeras mujeres en denunciar la existencia de las ejecuciones extrajudiciales del Ejército en Colombia, cuyos hijos eran reclutados y luego aparecían asesinados.

«Los habían emborrachado y los llevaron hacia donde había un falso retén del Ejército y ahí los reclutadores los entregaban al Ejército. Ahí, ya el Ejército se quedaba con ellos y ya al otro día amanecían los muchachos muertos«, contó Carmenza Gómez, una de las madres de Soacha, también a la AFP.

«Quería que los matara»: Un coronel del Ejército colombiano afirma que recibió la orden de cometer ‘falsos positivos’

Por este caso, en 2017, Rincón fue condenado a 46 años de prisión. Lo acusaron del crimen de cinco jóvenes, de 20 a 25 años, que vivían en Soacha y fueron llevados a Ocaña, a 740 kilómetros de distancia, donde fueron asesinados y presentados como caídos en combate. Sin embargo, en 2018, tras pedir perdón, fue puesto en libertad condicional, a cambio de contar la verdad y reparar a sus víctimas.

No es un asunto de «manzanas podridas»

Para el analista internacional, Nicolás Villa Moya, las confesiones de Soto y Rincón son «un capítulo más en un escándalo que simplemente siempre arroja nuevas evidencias y arroja nuevos excesos en la manera en que el Ejército colombiano abusó de la población colombiana», en especial de la más vulnerable.

«Ya son varias décadas y varios escándalos que demuestran que esos asesinatos extrajudiciales, perpetrados por el Estado, no son un asunto de las famosas manzanas podridas, sino que era algo que venía desde las más altas esferas del Estado, como una política para mostrar resultados», agregó.

A la fecha, la Fiscalía de Colombia registra 2.248 falsos positivos entre 1988 y 2014, mientras que la JEP contabiliza 4.439 en un período más corto, entre 2002 y 2008. Las estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), por su parte, dan cuenta de unos 5.000 casos entre 2002 y 2010.