La noticia de la detención preventiva del expresidente (2002-2010) y actual senador del partido de derecha Centro Democrático Álvaro Uribe Vélez, por orden de la Corte Suprema de Justicia el pasado 4 de agosto, logró interrumpir la cotidianeidad nacional estancada en repetir el mantra del autocuidado, dar reportes de las crecientes cifras de contagios-fallecimientos relacionados con el pico de la pandemia, y la resignada cuarentena obligatoria que propició una radical parálisis de la movilización social.

La decisión judicial, tan usual en la región pero inhóspita en Colombia, consiguió lo que la escalofriante cifra oficial de 190 asesinatos de líderes y lideresas durante lo que lleva el mandato Duque, no ha logrado obtener¹: mover al establecimiento y la sociedad de su letargo político.

Lo que resulta más excepcional de la decisión judicial es entender cómo el escurridizo expresidente, para algunos –intocable- terminó siendo procesado. De hecho la investigación penal fue inicialmente impulsada por el mismo Uribe contra el también Senador Iván Cepeda, ubicado en la orilla ideológica opuesta, fiel a su acostumbrada práctica de perseguir judicialmente a todo el que ose controvertirlo o desafiarlo.

Cepeda había responsabilizado a Uribe de contribuir a la formación de grupos paramilitares desde los inicios de su carrera política como director de la aeronáutica civil y en su gestión como gobernador de Antioquia; versiones que como una lluvia de declaraciones caían frecuentemente sobre el expresidente por paramilitares históricos, sometidos a la justicia y extraditados por él mismo, pero que Uribe contenía con un fuerte paraguas de amenazas, intimidación, persecuciones y abogados rabiosos. A cambio Uribe lo denunció penalmente ante la Corte Suprema de Justicia acusándolo de comprar testigos para engañar a la justicia, no obstante dentro de los medios de prueba el alto tribunal decidió interceptar los teléfonos de algunos de esos testigos encontrando que entre ellos habían comunicaciones indirectas con el expresidente, lo que le llevó a cambiar la orientación de la investigación archivando la denuncia impulsada por Uribe y abriendo una nueva en el que Cepeda era la víctima justamente de los delitos que le habían endilgado en la investigación anterior: soborno a testigos en actuación penal y fraude procesal. En esta ocasión Uribe es presentado como el determinador de la manipulación de testigos, por lo que podría decirse que personificó al cazador cazado.

Ahora bien, el objeto de la investigación no se corresponde con las graves acusaciones que pesan sobre el historial del expresidente recientemente recordado mediante la serie documental de acceso abierto, en forma gratuita por Youtube bajo el título “Matarife, un genocida innombrable” creada por el abogado y periodista Daniel Mendoza; como estrategia de defensa de su representado en un proceso impulsado nuevamente por Uribe para acallar al reconocido periodista Gonzalo Guillen. En este sentido, el proceso que promovió la detención domiciliaria investiga conductas posteriores al 16 de febrero de 2018, por lo tanto no se refiere a su actuación previa ni durante los dos periodos presidenciales. Sin embargo, la tormenta que desató evidencia que la historia del conflicto armado colombiano aún no está saldada porque algunas de sus piezas más importantes siguen desencajadas esperando ser ubicadas en su lugar, siendo la central el mismo Álvaro Uribe Vélez, quien sigue encarnando el eterno retorno a las divisiones más viscerales y violentas de la sociedad ante la ausencia de un relato nacional que cuente e incluso condene lo que realmente ocurrió.

A la decisión unánime de la Sala Especial de Instrucción de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que valoró como creíble el riesgo de obstrucción a la justicia por Uribe en razón al innegable poder político, económico, jurídico del expresidente y su capacidad para influir en los medios de pruebas, entre ellos los testimoniales https://www.eltiempo.com/justicia/cortes/alvaro-uribe-velez-el-expediente-de-la-corte-suprema-de-justicia-contra-el-expresidente-526804, le surgieron defensores y contradictores en todas las esquinas del país, incluyendo al sector gremial-empresarial prestos a juzgar la decisión judicial y a quienes no desanimó la dimensión del gigantesco expediente compuesto de nada menos que 1554 folios pues, colombiano que se respete lleva un leguleyo dentro.

Tras la orden de detención a su mentor Uribe, y haciendo uso de su investidura presidencial, una suerte de dado de rol que reúne en una misma persona múltiples caras como jefe de estado, jefe de gobierno, comandante en jefe de las fuerzas militares y jefe de la administración; el presidente Duque se dirigió a los colombianos en un mensaje breve para exponer su inconformidad con la orden judicial. Lo hizo interrumpiendo la programación ordinaria de la televisión, y por fuera de su diaria intervención que desde marzo ocupa una franja para mostrar la gestión de su gobierno frente a la pandemia (contribuyendo a consolidar una nueva versión del populismo de derechas que se me ocurre llamar pandelismo).

En su mensaje manifestó su rechazo a la medida cautelar en tres formas: 1. Pidiendo que se le otorgara el derecho al investigado de defenderse en libertad, al que de antemano considera inocente; 2. Que como ciudadano espera que las vías judiciales operen; 3. Exigiendo que se garantice la presunción de inocencia de Uribe, en su concepto puesta en duda por la decisión judicial.

Los pilares del argumento del Presidente Duque residen de una parte en su amistad con el ahora detenido y por otra, sobre la honorabilidad que supone haber sido expresidente, no una vez sino por partida doble. Sobre el primer argumento, está claro que la amistad no puede operar como una prueba del comportamiento judicial de nadie, aunque se trate de la filia propiciada por el gremio de los expresidentes. Error en el que también incurrieron los exmandatarios de la región (incluido Aznar) que se atrevieron a mandar un mensaje de respaldo a Uribe, al que luego se uniría el Vicepresidente Pence de US y ya puestos, hasta la derecha española con Casado. Las cartas de apoyo a la inocencia de Uribe resultan jurídicamente irrelevantes pues los jueces no toman sus decisiones basados en qué tan bien le cae el investigado a sus amigos, o mediante una encuesta de popularidad política. Lo cierto es que la búsqueda de apoyos internacionales para Uribe parece derivarse de una gestión internacional salida de la Casa de Nariño por el siempre fiel ciudadano-jefe de estado para su amigo.

Ahora bien, el impacto político epistolar es otro. De hecho sino habláramos en Colombia, estos apoyos podrían resultar irrelevantes, pero la experiencia nos dice lo contrario. En particular el del gobierno estadounidense que ya antes se ha entrometido en la justicia nacional presionando individualmente a los magistrados independientes por una de las vías más rastreras como es cancelarles las visas de ingreso a su país por decisiones jurídicas que sólo le conciernen a la jurisdicción nacional. Una humillante retaliación de un gobierno extranjero contra un ciudadano-magistrado o magistrada y su familia, tolerados por el gobierno nacional, en casos tan vergonzosos como el del magistrado José Lizarazo a quien se le retiró la visa por haber sido ponente de la ley estatutaria de la Justicia Especial para la Paz –JEP- indispensable para avanzar en el proceso de paz en el país. https://www.semana.com/nacion/articulo/embajada-de-estados-unidos-se-pronuncia-sobre-cancelacion-de-visas-a-magistrados/614417 .

El segundo argumento también merece un análisis. Duque plantea una suerte de inmunidad presidencial ya no solo por la responsabilidad de los presidentes en el ejercicio de sus funciones, de cierta manera inscrita en la cultura política nacional, sino incluso extendida. Es decir antes y después de haber ostentado el cargo, interpretación derivada de la “honorabilidad” presidencial. Interpretación que no cuenta con ningún asidero jurídico-político, pues sería tanto como sostener que llegar a ser presidente significa obtener una patente de corso para delinquir, o que en una república hay ciudadanos por fuera del cumplimiento de la ley, lo que configura una contradicción en sus términos, pues justamente lo que profesa la república es el gobierno civil de igualdad ciudadana frente a la ley.

Lo cierto es que con la decisión cautelar el órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria puso de presente que en el régimen presidencial no prevé tal inmunidad extendida en el tiempo o si se quiere una inmunidad retroactiva y ultra activa, que palabras más palabras menos significaba proteger por siempre a Uribe Vélez.

En los días subsiguientes, en lo que podríamos llamar la semana del desespero creativo irresponsable, Duque en conjunto con su bancada en el congreso llegaron a proponer toda clase de descabelladas ideas. Desde una asamblea nacional constituyente para decapitar a la Corte Suprema de Justicia, pasando por la eliminación de la JEP; o una razonable reforma integral a la justicia para volverla más eficiente pero acto seguido, una tutelatón contra la decisión de la Corte, que justamente saboteaba el discurso de la eficacia de la justicia que acababan de reclamar.

Por supuesto que la propuesta de reforma de la justicia es el sueño eterno de todos los gobiernos, lo cual de por sí no es negativo, de hecho es necesaria. Lo malo es el momento en que se solicita y con qué fines. Amenazar con una modificación de la estructura del estado por una decisión judicial pareciera desproporcionado, particularmente cuando miles de ciudadanos ni siquiera tienen acceso a ella. En este sentido las intervenciones de Duque más allá de ejemplificar una indebida intromisión en las competencias exclusivas de la rama judicial, propia de manual de introducción al derecho constitucional, lo que mostró el presidente es la lógica corporativa que rige su partido, en el que la Corte Suprema de Justicia es vista como su subordinada, y en caso de que actúe en forma independiente, simplemente la fusiona o extirpa. Nada más provocador para darle oxígeno a la crispación, dolores, odios y amores que despierta la figura de Uribe.

Cuando la tormenta ya se había desatado, ante las opiniones y reclamos en redes sobre la extralimitación del presidente en su intervención, Duque se defendió arguyendo que sus comentarios se encuentran al abrigo de su condición de ciudadano en el marco de su libertad de expresión.

La ingeniosa defensa del presidente nos recordó que bajo todas las gruesas capas de poder que le revisten, y dentro de las cuales por ejemplo cuenta con la tontería de un control de constitucionalidad exclusivo como es la objeción presidencial, o la facultad para declarar los estados de excepción en conjunto con su gobierno, o del poder normativo para regular las leyes; reside un ciudadano con preocupaciones legítimas sobre las actuaciones de los jueces, dispuesto a deliberar como cualquier otro sobre los destinos del país. Considero que la respuesta del presidente es jurídica y políticamente insostenible por varias razones.

En primer lugar porque si bien todos los servidores públicos pueden participar políticamente expresando sus opiniones en forma privada, cuándo estas se hacen mediante el uso de los recursos públicos, en el ejercicio de sus funciones, rodeados por los símbolos del estado como es la bandera nacional, en alocución en virtud de su investidura, el ciudadano que se dirige a los colombianos única y exclusivamente está validado por el mandato que se lo permite, es decir, como presidente.

En segundo lugar, el presidente simboliza la unidad nacional, razón por la que cada una de sus palabras tiene impacto en la vida económica, política y social no solo del país sino incluso regional, y según de lo que se trate hasta global. Las repercusiones de sus intervenciones pueden llegar a ser inconmensurables en la capacidad para movilizar en el mejor de los casos a la ciudadanía, o en el peor de ellos, propiciar el odio sobre sectores históricamente vulnerables poniéndolos como objetivo de toda clase de ataques. De hecho cada intervención del ciudadano-presidente acarrea responsabilidades de estado por los daños y perjuicios que pueda causar. En esta dirección de análisis, cuando bajo tal calidad el primer mandatario antepone su amistad, cercanía, admiración al investigado penal, sobre la obligación de cumplir el mandato constitucional y la ley de respetar las decisiones judiciales, rompe con la debida imparcialidad de sus actuaciones.

En tercer lugar, el presidente anunció que podría iniciar acciones constitucionales para impugnar la decisión de la Corte Suprema, facultad que le asiste a los servidores públicos haciendo uso de los medios a su disposición para defender sus derechos mediante el litigio de sus propios asuntos, o los encomendados por mandato legal en el ejercicio de sus funciones, o de los otros a los que les esté impedido defenderse por la vía de la agencia oficiosa. No obstante, en este caso el Senador Uribe cuenta con un enjambre de abogados que pueden impugnar esta decisión y las que vendrán mediante los mismos medios de defensa que le otorga el proceso penal, por lo que amenazar con acudir a la acción de tutela sin contar con la legitimación por activa, por cuanto el único afectado es Uribe y es a él al que le conciernen sus propios asuntos, la intervención presidencial no solo resulta desafortunada sino inviable. Más aún frente al inolvidable slogan de su gobierno: “el que la hace la paga”.

Lo cierto es que en un régimen presidencial, en donde tan sólo discernir cuándo el primer mandatario funge en alguna de sus calidades en forma exclusiva, particularmente como jefe de estado o de gobierno ya resulta difícil, pretender despojarse retóricamente de todos sus atributos para argüir la calidad de ciudadano solo es posible bajo la renuncia efectiva de todos y cada uno de sus poderes así como potestades que se le otorgan- como irrumpir en la televisión nacional-, cosa que el presidente Duque no ha hecho.

En todo caso no sobra recordar que hasta el momento Uribe solo ha sido receptor de una orden de arresto domiciliario, no muy distinto del que ya recae sobre el resto de los ciudadanos que por mandato del presidente Duque nos tiene encerrados desde hace cinco meses. Pero que a diferencia de la mayoría de nacionales, condenados a una cuarentena más bien estricta, arrinconados por el hambre, la violencia intrafamiliar y la delincuencia, la detención de Uribe tiene lugar en nada menos que una hacienda ubicada en un municipio en las inmediaciones del caribe (muy próxima a su departamento Antioquia) llamada el Ubérrimo, con una explotación agropecuaria de unas 1500 hectáreas y un sistema de seguridad conformado por varios anillos prestados por la policía. Lo que parafraseando al exjefe paramilitar Mancuso puede considerarse el cumplimiento de lo que era el sueño del movimiento nacional antisubversivo, vivir en “ese paraíso entre los andes y el mar”.

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