Bogotá. La Corte Suprema de Colombia ordenó ayer el arresto domiciliario del ex presidente y senador Álvaro Uribe, el político más influyente del país en este siglo, dentro del proceso que se le sigue por manipulación de testigos contra un opositor, informó el propio ex mandatario.

La privación de mi libertad me causa profunda tristeza por mi señora, mi familia y los colombianos que todavía creen que algo bueno he hecho por la patria, tuiteó Uribe.

El presidente colombiano, Iván Duque, en un mensaje en sus redes sociales señaló: “Soy y seré siempre un creyente en la inocencia y honorabilidad de quien con su ejemplo se ha ganado un lugar en la historia de Colombia.

Duele como colombiano que muchos de los que han lacerado al país con barbarie se defiendan en libertad o, incluso, tengan garantizado que jamás irán a prisión, y que a un servidor público ejemplar, que ha ocupado la más alta dignidad del Estado, no se le permita defenderse en libertad con la presunción de inocencia, lamentó Duque.

No obstante, el máximo tribunal decidió ayer que el ex mandatario cumplirá la privación de la libertad en casa y desde ahí podrá llevar su defensa con todas las garantías del derecho al debido proceso.

Como parlamentario, Uribe no tiene fuero, pero sí el privilegio de sólo poder ser investigado por el máximo tribunal.

El ex mandatario de 68 años, que siempre ha alegado inocencia y cuenta con un sólido apoyo popular tras su política de mano dura contra las guerrillas izquierdistas, es cuestionado también por grupos de derechos humanos por su apoyo al paramilitarismo e impulsar la práctica de los falsos positivos (civiles ejecutados reportados como guerrilleros abatidos en combate).

Podría ser juzgado por soborno y fraude procesal, delitos que son castigados con un promedio de ocho años de cárcel.

Uribe, quien fue interrogado por los magistrados en octubre pasado, terminó enredado en un giro insospechado de la justicia.

En 2012 presentó una denuncia contra el senador de izquierda Iván Cepeda por un supuesto complot en su contra apoyado en testimonios falsos.

El líder político sostiene que Cepeda –uno de sus mayores adversarios políticos y testigo en su proceso– contactó a ex paramilitares presos para que lo involucraran en actividades criminales de los grupos de ultraderecha que combatieron a sangre y fuego a las guerrillas izquierdistas.

Pero la corte se abstuvo de enjuiciar a Cepeda y en cambio decidió abrir en 2018 la investigación contra el ex mandatario bajo la misma sospecha: manipular a testigos contra su opositor.

La lección que nos da esta decisión, que esperamos conocer en todos sus detalles, es que no hay individuos, no hay personas que en Colombia estén por encima de la justicia y de la ley, por muy poderosas e influyentes que sean, reaccionó Cepeda en un mensaje a la prensa.

Además de este expediente, Uribe está vinculado a más investigaciones por presuntos delitos penales relacionados con el largo conflicto colombiano.

El Centro Democrático, partido de Uribe, lleva a cabo una intensa campaña mediática para defender la honorabilidad de su líder.

Tras diezmar militarmente a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la antigua guerrilla que firmó la paz en 2016, Uribe se opuso a ese pacto por considerarlo demasiado indulgente con responsables de delitos atroces.

La decisión contra el líder de la derecha colombiana promete un terremoto político.

Los seguidores del gobierno consideran injusto que Uribe termine preso mientras sus enemigos, los ex jefes de las FARC, responden en libertad frente a la justicia de paz creada para sancionar los delitos más atroces cometidos en el curso del conflicto colombiano.

El senador de la antigua guerrilla FARC Julián Gallo, conocido también como Carlos Antonio Lozada, expresó que la decisión de la Corte fortalece el estado de derecho.

Hemos vivido días muy difíciles, con una presión indebida del Poder Ejecutivo sobre las altas cortes, y esa voz de independencia no puede más que fortalecer la institucionalidad colombiana, comentó.