Santiago. El tensionado ambiente electoral en Chile, a horas de la aparentemente disputada y trascendente elección presidencial de hoy, registró otra escalada de tono la tarde del viernes, cuando la policía, cumpliendo una orden judicial avisada a la prensa, allanó a la fuerza la sede del partido Comunes, cuestionado y sumido en crisis por los gastos electorales de Karina Oliva, una de las principales figuras que postula al Senado.

Comunes es miembro del Frente Amplio, el bloque de cinco agrupaciones que junto con el Partido Comunista integran el Pacto Apruebo Dignidad, cuyo candidato Gabriel Boric es favorito para ganar, en contienda estrecha con el ultraderechista-pinochetista José Antonio Kast.

Irrupción televisada

Las imágenes, transmitidas en directo por televisión, de un piquete del Grupo de Operaciones Especiales de Carabineros dando con un mazo a la reja de hierro que protegía la puerta hasta forzarla y echarla abajo e ingresar con fusiles automáticos y pistola en mano a la vetusta y solitaria casona en el histórico y tranquilo barrio de Concha y Toro, en Santiago, parecían más bien propias de un operativo contra narcotraficantes o donde esperaban encontrar resistencia armada.

Tan exagerado pareció el despliegue que no dejó indiferente a nadie. Se cuestionó la oportunidad, la parafernalia y la filtración a los medios, y se le comparó con otros momentos cuando los indagados eran políticos o empresarios derechistas y las diligencias se hicieron sin escándalo.

El presidente del Servicio Electoral (Servel), Andrés Tagle, aseguró: “Tengo mis reservas de ese procedimiento con esa violencia y televisado, que haya sido necesario para este tema y ad portas de una elección, con un partido que participa y que no es sólo un candidato. Tengo mis reservas sobre la sensibilidad de esos hechos en la forma que se hizo”, porque ese tipo de allanamiento no va a entregar evidencia sobre el nivel correcto de un honorario profesional en una campaña.

También la Asociación de Fiscales criticó el uso desproporcionado de la fuerza, calificándola de inaceptable en un estado democrático de derecho.

La crisis en Comunes

Comunes estalló en una guerra interna que arroja esquirlas a la candidatura de Boric, cuando a mitad de semana el medio periodístico Ciper Chile publicó la rendición de gastos de Oliva en los comicios de mayo para gobernadores. Ella compitió entonces por Apruebo Dignidad y avanzó hasta el balotaje, en el cual obtuvo 704 mil votos, pero finalmente perdió.

Detonado el caso, Boric la fulminó en el acto, retirándole el apoyo.

Oliva, que se postula ahora para senadora por Santiago, justificó gastos por unos 730 mil dólares en primera vuelta, inferiores a los de sus rivales. Pero en la contabilidad entregada al Servel para obtener reintegro fiscal, hay rarezas como la facturación de unos 150 mil dólares a nombre de un centro de estudios perteneciente a Comunes por asesorías de despliegue territorial y comunicacional o cifras desproporcionadas respecto del costo de algunas actividades, por ejemplo, un desayuno feminista por el que se pagaron unos 62 mil dólares. Y salarios millonarios para siete colaboradores selectos que en conjunto cobraron unos 250 mil dólares.

Oliva, al tratar de explicar, se complicó aún más cuando dijo que los montos pagados a sus asesores cubrían un periodo de seis meses porque la campaña se había extendido desde diciembre a mayo, olvidando que la ley electoral fija 90 días de campaña previos a los comicios. Este cuasi reconocimiento provocó que la fiscalía abriera una investigación por presunto fraude en la obtención de subvenciones estatales.

El ambiente previo

En Chile está prohibido divulgar encuestas desde 15 días antes de una elección, pero no realizarlas, y circulan privadamente. Una de las que trascendió anteayer predice una llegada estrechísima entre Boric y Kast, por lo que ambos avanzarían al balotaje del 19 de diciembre. Otros cinco candidatos figuran mucho más atrás y aparentemente con nulas posibilidades. Pero las encuestas en tiempos recientes han errado mucho en sus proyecciones, así que no se descartan sorpresas.

Además de la presidencia, se eligen 155 diputados, 27 senadores (la mitad de la cámara alta) y 302 miembros de los 16 consejos regionales existentes en el país.

Para muchos, la de hoy es una contienda entre dos proyectos de país: uno, expresado en el estallido social de octubre de 2019, que busca escapar del régimen neoliberal hipermercantilista que consagró la Constitución pinochetista, contra el cual poco o nada hicieron los gobiernos democráticos desde 1990 para avanzar a una sociedad de derechos sociales garantizados; otro, la continuidad de lo añejo, la restauración del conservadurismo y del fundamentalismo religioso que expresa un candidato negacionista que minimiza los crímenes de lesa humanidad cometidos por el pinochetismo. Casi 15 millones de electores están convocados a sufragar, de los cuales 380 mil son extranjeros que viven aquí y casi 60 mil chilenos residentes en 65 países.