Sin embargo, el hecho relevante ha sido la designación, como presidenta de la Convención, de Elisa Loncón, representante del pueblo mapuche. Una bofetada en todo lo alto para la sociedad racista, profundamente arraigada en Chile. La sola idea de pensar en un Estado plurinacional se puede considerar un triunfo. Elisa Loncón es constituyente por el cupo reservado a los pueblos originarios. Activista política sin adscripción partidaria. Maestra, académica, profesora de inglés y doctora en literatura. Pero no son los méritos académicos lo que valoramos, sino el hecho político y sus consecuencias.

Su elección es resultado de un bloque antineoliberal entre los constituyentes, que han impuesto sus candidatos frente al denominado partido del orden, integrado por la derecha y los representantes de la ex Nueva Mayoría, a excepción del Partido Comunista. El vicepresidente que acompañará a Elisa Loncón, es Jaime Bassa, adscrito al Frente Amplio, profesor de derecho constitucional y electo para la candidatura. Apruebo dignidad. Sorpresa o no, la elección expresa un avance al cual sumar la condición paritaria de los constituyentes, un hecho excepcional en la historia mundial, y para Chile, con la particularidad de ser la primera vez que sus asambleístas lo son por voto directo.

Pero no podemos olvidar que lo sucedido está marcado por la rebelión popular de octubre de 2019. Fueron el cuestionamiento del orden neoliberal, el rechazo a la corrupción, el descrédito de las instituciones del Estado y la irrupción de los movimientos sociales que tomaron las calles de las principales ciudades y pueblos del país el principio sobre el cual se levanta la Convención Constituyente. Expresa la realidad de un Chile diverso, conflictivo, fragmentado, con necesidades de cambio y profundamente hastiado que dijo basta.

Es significativo que los constituyentes del bloque antineoliberal pidiesen, como parte de su mandato, la liberación de los presos políticos detenidos durante la rebelión popular y juzgar a los responsables, de carabineros y de las fuerzas armadas, cuyos actos son una flagrante violación a los derechos humanos.

Sin embargo, los límites impuestos por los acuerdos de paz y por una nueva constitución, firmados a finales de 2019, son un escollo. Zafarse de estos, mostrará la capacidad para convertir la Convención en una Asamblea constituyente soberana y sin ataduras. Como sucediera en la revolución francesa, la convocatoria de los Estados generales, por el rey Luis XVI para sesionar por separado: nobleza, clero y el tercer Estado, fue desoído. El tercer Estado compuesto por la burguesía, artesanos, sectores profesionales, comerciantes, llamó a constituirse en una sola cámara. Luis XVI cerró y clausuró las sesiones. Pero, convocados en otra sede, juramentaron no separarse hasta tener redactada una Constitución. Nacía la Asamblea Constituyente soberana cuyo poder no era delegado. Un poder originario no sometido a tutelas cuyos principios eran fundacionales del nuevo orden. La historia no se repite, pero el ejemplo es válido.

En Chile, no todo se resolverá en la Convención Constituyente, incluso si se logra una redacción que reconozca el Estado plurinacional, los derechos de una ciudadanía plena como son salud, educación, vivienda, igualdad de la mujer, derechos de las minorías sexuales, la protección del medio ambiente y una vejez con pensiones dignas, será necesario que se acompañe de la posterior elaboración de leyes que la hagan realidad.

En otros términos, sin códigos que la implementen se quedará en un articulado de buenas intenciones. En este sentido, el partido del orden tiene una parte importante del poder político y todo el económico. Controla la judicatura y los medios de comunicación social.

Las elecciones presidenciales a finales de este año serán la siguiente batalla. Un presidente y un Parlamento desafecto a la Constituyente pueden hacer fracasar a ésta. Si además, tienen la hipoteca de aprobar los acuerdos por una mayoría de dos terceras partes de cuórum, y respetar los tratados de libre comercio, el camino no es fácil. Aceptar estos postulados, supone reconocer el derecho a veto de las empresas trasnacionales para impugnar su articulado si se vulneran sus derechos.

Pensemos en una redacción que reconozca la propiedad del Estado sobre los recursos naturales, agua, níquel, cobre, coltán, recursos marinos, fuentes de energía etcétera. En definitiva, el poder constituyente del bloque antineoliberal debe lograr que la Convención se declare independiente, soberana e inviolable en sus decisiones, tanto a la hora de fijar su reglamento como en la redacción de la Carta Magna. Nada debe atarlos a los acuerdos espurios que maniatan sus decisiones. De lo contrario, se habrá conseguido una victoria pírrica. Una nueva constitución sin posibilidades de ser aplicada. El partido del orden habrá triunfado.