30 años después, las consecuencias son evidentes.

Desde Los Industriales, donde aún vive, María José enumera para BBC Mundo las enfermedades de sus cercanos (y las propias):

Sus padres murieron de cáncer —su mamá, al útero con falla multisistémica en 2015, y su papá, al pulmón con metástasis cerebral en 2012—, su hermana mayor tuvo cáncer de mamas y su hermana menor tiene fibrosis pulmonar. Su marido sufre la enfermedad de Perthes, que afecta los huesos de la cadera, su hijo mayor es autista, y ella tuvo un embarazo molar en 2013, por lo que estuvo un mes hospitalizada.

La historia se repite en el pasaje donde vive.

Varios vecinos tienen cánceres de distinto tipo, lesiones cutáneas, enfermedades cardiovasculares, mujeres con abortos espontáneos y con dificultad para concebir, y niños con una serie de trastornos neurológicos, entre otras dolencias.

«Llevamos 36 años muriendo», dice la mujer. «Esto no puede ser casualidad. Uno va viendo cómo los vecinos van cayendo enfermos de a poquito, es muy doloroso», agrega.

El Estado chileno estima que los afectados por los desechos tóxicos en Arica superan las 12 mil personas.

Todas viven en los conjuntos habitacionales aledaños al relave y, por lo general, tienen una situación económica precaria, por debajo de la línea de la pobreza.

¿Qué pasó?

Entre 1984 y 1985 la empresa minera sueca Boliden trasladó casi 20 mil toneladas de residuos tóxicos desde su planta Rönnskär, en Suecia, a la ciudad de Arica.

El relave fue recibido por la desaparecida empresa chilena Promel que, supuestamente, se encargaría de procesarlo a cambio de más de 1 millón de dólares de la época.

Sin embargo, el trabajo nunca se hizo y el material fue abandonado sin medidas de protección en una zona conocida como «sitio F», que estaba a 250 metros de Sica Sica, la población más cercana.

El problema se agudizó un par de años después, en 1989, cuando se autorizó la construcción de viviendas sociales a pocos metros del lugar.

Eran una especie de «casetas», con cocina, baño, luz eléctrica, agua potable y alcantarillado, pero el suelo era de tierra. Y la tierra estaba contaminada.

Poco a poco, algunos pobladores comenzaron a experimentar picazones, alergias y erosiones en la piel. Pero nadie sospechaba del relave.

En un informe en que Promel le solicita al Servicio Nacional de Salud de Chile de la época autorización para desembarcar el contenido proveniente de Suecia, este no era «tóxico» y cualquier persona podía manipularlo.

El documento -publicado por el Servicio Nacional de Aduanas en 1997- es parte del expediente de una comisión investigadora de la Cámara de Diputados de Chile.

«Como no había ninguna información, las autoridades lo atribuían a la suciedad. Decían que la gente no se bañaba y que por eso teníamos estas erosiones», recuerda para BBC Mundo la dirigente poblacional Verónica Lizama, quien vive en Los Industriales desde 1990 y también ha experimentado severos problemas de salud, al igual que sus hijos y nietos (uno tiene síndrome de asperger, otro autismo y un tercero, problemas a la piel).

Los «polimetales»

A mediados de 1990, la dramática situación de esta comunidad comenzó a divulgarse y eso motivó a que algunas organizaciones iniciaran investigaciones de forma independiente.

Una de ellas fue la ONG Servicio Paz y Justicia, que le encargó al químico de la Universidad de Tarapacá Leonardo Figueroa visitar la zona afectada para realizar estudios de suelo.

«Recuerdo que encontré altas concentraciones de plomo y arsénico, dos tóxicos extremadamente contaminantes», le dice a BBC Mundo.

«El plomo es un metal pesado y por lo tanto tiene una reactividad importante dentro del organismo. Provoca un conjunto de disfuncionalidades, y tiene efectos a nivel cerebral, neuronal, y puede incluso provocar la muerte. El arsénico es más o menos similar, puede provocar cáncer, desarrollo de tumores y lesiones en la piel», agrega.

Pero no fue hasta 1998 cuando las autoridades chilenas reconocieron que había un problema.

Ese año, el Servicio de Salud de Arica tomó muestras del terreno y encontró lo mismo que había descubierto Figueroa años antes.

Las víctimas entendieron por fin la razón de sus extraños malestares.

«Recién ahí nos dimos cuenta de lo que nos estaba pasando a nosotros y a nuestros hijos. Y empezó un largo caminar en búsqueda justicia, de lucha contra un Estado indolente, que aún no termina», indica Verónica Lizama.

Y aunque la Corte Suprema de la nación sudamericana ordenó medidas de seguridad para las miles de toneladas desechos químicos, el material solo fue trasladado (de forma «temporal») unos metros más allá, al sector de Quebrada Encantada.

Más de 20 años después, el relave sigue allí, rodeado de un muro de cemento y cubierto con tierra, un plástico de alta densidad y piedras.

Su presencia no es solo una pesadilla sanitaria para los habitantes del sector. También sufrenestigmatización.

«Mucha gente no quiere venir aquí, los radiotaxis no suben, no llegan pedidos, no quieren comprar nada que provenga de nuestras poblaciones, tampoco podemos vender nuestras casas», me cuenta María José Bejares.

«Cada vez que se empieza a hablar del plomo, a la gente le entra el pánico. Nos llaman ‘los polimetales’».

¿Qué dice Suecia?

El caso cobró nueva vida en junio de 2021 luego de que un grupo de relatores de la Organización de Naciones Unidas (ONU) llamara a remediar la situación con urgencia, incluyendo la repatriación del material a Suecia y la compensación de las víctimas.

«Este caso revela décadas de abandono y una grave violación de los derechos a la vida, a la salud y a un medio ambiente sano de los pobladores de Arica que hasta el día de hoy continúan exigiendo justicia ambiental sin recibir respuesta», le dice a BBC Mundo Marcos Orellana, uno de los relatores de la ONU vinculado al tema.

El llamado tuvo cierto eco en Suecia.

De acuerdo con información del diario El Mercurio, el ministro del medio ambiente del país escandinavo, Per Bolund, afirmó el 18 de junio que su país estaba dispuesto a colaborar con Chile «si se solicita esa ayuda».

Esto dio pie a un proyecto de acuerdo del Senado de Chile, presentado el martes 30 de junio, donde se le solicita al Presidente Sebastián Piñera que inicie en el más breve plazo posible las acciones diplomáticas para que el gobierno sueco repatríe los residuos tóxicos.

El ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Allamand, le confirmó a BBC Mundo que «la Cancillería chilena está preparando una gestión diplomática directa con las autoridades suecas para tratar el tema (…) que debe ser abordado con un espíritu de cooperación, en el marco de la buena relación bilateral entre ambos países».

Sin embargo, desde el ministerio de Asuntos Exteriores de Suecia le aclararon a BBC Mundo que su gobierno «discrepa» de la afirmación de que ellos deban corregir la situación de Arica.

«En el momento de los envíos, no se requería licencia de exportación ya que el material (…) no estaba clasificado como residuo peligroso», señalaron a través de un comunicado.

«Ha transcurrido un tiempo considerable desde que se realizaron los envíos (…) y la situación actual ha sido objeto de revisión por los tribunales nacionales tanto en Suecia como en Chile (…). Es lamentable que el área no haya sido limpiada», indicaron en el documento.

Sobre las palabras del ministro Bolund citadas en El Mercurio indicaron que deben ser entendidas en el contexto de un «diálogo activo» y de «cooperación» que Suecia mantiene con Chile.

Responsabilidades

Para Marcos Orellana, de la ONU, tanto Suecia como Chile tienen cartas en el asunto.

Al Estado sueco sí «le compete una obligación máxima de hacerse cargo de este caso», afirma.

«Suecia tenía la obligación internacional de controlar los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y asegurar que las autoridades competentes recibieran información adecuada y oportuna», afirma.

«Y Chile permitió el ingreso de estos tóxicos sin siquiera realizar un análisis químico y luego las autoridades autorizaron y construyeron viviendas sociales en las cercanías y lugares ya contaminados», añade.

El experto en legislación internacional y medioambiente apunta también a la empresa sueca Boliden.

«Boliden sabía del contenido peligroso de los desechos y, en vez de tratarlos en su origen, decidió enviarlos a un lugar donde claramente era previsible que tendría un impacto sobre el medioambiente y la salud de comunidades pobres», dice.

Consultada por BBC Mundo, Boliden afirmó que las acusaciones son «gravemente erróneas».

Klass Nilsson, director de comunicaciones de la compañía sueca, insistió en que la exportación de los materiales se hizo con la autorización de las autoridades pertinentes de la época.

«Boliden actuó muy por encima del estándar de ese momento (…). Debemos recordar que Chile es uno de los países mineros más grandes y ellos tienen conocimiento experto en todas las áreas y son muy competentes para manejar estas situaciones (…).

«Por supuesto, no deberían haber permitido que se construyeran casas en la zona, eso es sentido común. Y se retrasaron en actuar ante las alarmas», indicó.

Sobre qué responsabilidad le compete al Estado chileno, desde el gobierno de Sebastián Piñera declinaron realizar comentarios para BBC Mundo.

Convenio de Basilea

El abandono de metales pesados en Chile desde Suecia no es un caso único en el mundo.

En los años 80, de hecho, hubo fuertes protestas a nivel mundial luego de que se descubriera que muchos países desarrollados habían depositado sus desechos tóxicos en naciones en vías de desarrollo.

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), se calcula que hacia 1983 el 15% de los desperdicios peligrosos mundiales (aproximadamente 45 millones de toneladas) se eliminaban fuera del país donde se generaba.

Los destinos más comunes estaban en el continente africano y en Europa oriental, en países como Rumania y Hungría. Pero también en América Latina.

El aumento de estas exportaciones, sumado a ciertos escándalos ambientales, convenció a los gobiernos de que era necesario tomar medidas de carácter internacional.

Así fue como en 1992 entró en vigor el «Convenio de Basilea», un acuerdo que en un comienzo tuvo como objetivo regular este tipo de movimientos transfronterizos.

La prohibición de esta práctica vendría casi 30 años después, en 2019, demasiado tarde para la población de Arica.

«Estar en otro lugar»

Luz Ramírez, tiene 44 años y llegó a vivir al sector afectado junto a sus padres en 1990, cuando tenía 15 años.

Allí conoció a quien hoy es su esposo y armó familia. A pesar de graves complicaciones en sus embarazos, tuvo dos hijos: Michelle, de 22 años, y Mauricio, de 11, quien sufre de severos problemas intestinales.

«Cuando empecé a notar que mi niño no era el único con este tipo de problemas en mi barrio, asocié todo y decidí hacerle exámenes. Resultó que tiene niveles de arsénico altísimos en su cuerpo», le cuenta a BBC Mundo.

«Yo me contaminé de esto y al tener a mis bebés en el vientre, ellos absorbieron el arsénico y el plomo como si fueran calcio y hierro», asevera.

Esto la llevó junto a otras vecinas a crear el grupo «Mamitas del plomo», que lucha por conseguir atención sanitaria para sus hijos.

«A través de exámenes estamos demostrando que nuestros hijos están contaminados», me cuenta.

El grupo hizo un «puerta a puerta» para constatar cuántos niños tienen problemas a la salud.

«Nos dimos cuenta de que son muchos más de lo que pensábamos; varios tienen asperger, autismo y dolores de hueso. Hay niños que lloran en la noche de dolor de hueso», señala.

Demandas y reparación

Hasta la fecha, las víctimas han presentado una serie de demandas, con éxitos dispares.

Actualmente, hay una en curso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que fue interpuesta en 2007 por FIMA, una ONG por los derechos medioambientales, pero que aún no se resuelve.

Por otra parte, solo 356 residentes recibieron una indemnización luego de que en 2007 la Corte Suprema dictaminara que el Estado chileno debía compensarlos por problemas a la salud. Cada uno recibió US$15.000 por daños físicos y emocionales.

En 2013, otros 707 pobladores demandaron a Boliden ante la justicia sueca.

Sin embargo, seis años después, en 2019, el tribunal de apelación de ese país absolvió al gigante minero argumentando que el caso había «prescrito.

En su defensa, Boliden insistió en que no hay vínculos entre las dolencias de las personas que presentaron el recurso judicial y los desechos tóxicos abandonados por la compañía en 1984.

Quizás la reparación más importante para los pobladores de Arica es la ley 20.590, aprobada en 2012, que busca establecer un programa de acción en salud, educación, vivienda y medio ambiente en las zonas o terrenos con presencia de metales pesados.

Como parte del plan, se creó un Centro de Salud Ambiental (CSA) que brinda atención médica a las personas afectadas por la contaminación.

No obstante, este programa ha sido cuestionado por los propios pobladores, quienes critican, entre otras cosas, que la ley excluye a los niños nacidos después de 2012 (a pesar de que varios de ellos han registrado presencia de arsénico y plomo en su organismo) y que las medidas sanitarias dispuestas para tratar las distintas enfermedades son insuficientes.

«Esta ley no ha tenido nada de reparación. No resuelve los problemas de salud. Nunca nos ha visto un toxicólogo, por ejemplo; no tenemos especialistas», asegura Verónica Lizama.

«Nos parece aberrante y una falta de respeto. Nos sentimos abandonados. Vengan a vernos, por favor. Aquí tenemos algo que decir», agrega.

Por su parte, los relatores de la ONU señalaron a través de una carta al Estado de Chile que, según la información recopilada, los términos de la legislación «no se han cumplido» y que, a la fecha, ni siquiera se ha hecho un Estudio de Impacto Ambiental en el sector.

Además, desde la ONU afirman que, pese a que el gobierno chileno ha reubicado a algunas personas residentes de la zona, muchas otras siguen viviendo allí. Aún peor: ante la falta de alojamientos alternativos, las casas que quedaron vacías fueron luego ocupadas por migrantes irregulares y solicitantes de asilo.

Respecto al Sitio F, los relatores de la ONU aseguran que este aún no ha sido limpiado a pesar de que algunos camiones han comenzado a operar en ese lugar.

«Error tras error»

A lo largo de estos años, diversos documentales y reportajes sobre la situación en Arica han sacado el tema a la luz.

Por eso, para algunos es inentendible que aún no haya una solución definitiva a esta problemática que sigue enfermando a personas vulnerables.

El antropólogo Rodrigo Pino lleva estudiando el caso desde 2005.

«Son 36 años de negligencia, de desidia, de irregularidades. Ha sido un error tras error, es difícil comprender cómo nunca se pudo abordar en su fondo para evitar consecuencias mayores», le dice a BBC Mundo.

Para él, la solución pasa primeramente por atender de forma inmediata la salud de estas miles de personas «con especialistas y tecnología», y también por retirar los residuos tóxicos del lugar donde aún se encuentran.

«Están a 650 metros de la población más cercana, sin señalética oficial. Cualquier persona puede entrar, es cosa de saltar la pandereta. Es muy irresponsable y de una negligencia enorme», señala.

Una opinión similar tiene el químico Leonardo Figueroa.

«Hay formas de aislar este material y es difícil entender por qué aún no lo han hecho. Los cerros ya se están poblando y mañana probablemente vamos a tener episodios parecidos», advierte.

«Cuesta entender qué pasa… El nivel de abandono es enorme, siempre explotando al más débil, al que no puede defenderse», agrega.

El científico, no obstante, advierte de la complejidad que significaría retirar el residuo tóxico.

«Este material se ha dispersado por décadas y está en las viviendas de todas estas personas. Limpiarlo será muy complicado», señala.

Para los pobladores, la situación es desalentadora.

Luz Ramírez me dice que le «gustaría cerrar los ojos y estar en otra parte. Pero aunque yo me vaya a vivir a la China, esto va a ir con nosotros, va a ir con nuestros niños».

«Quizás no vieron el daño que estaban haciendo pero nos condenaron a vivir de una forma que nadie quisiera», concluye María José Bejares.