Otra vez quedaron en entredicho las evaluaciones de impacto ambiental, ese instrumento clave para determinar si un futuro emprendimiento es aceptable o no desde un punto de vista ecológico. En una confesión pública impactante, un conocido académico reconoció que los científicos y técnicos que preparan esas evaluaciones han sido “secuaces” y “cómplices” de las empresas que los contratan. Esos reportes, muchas veces de enorme complejidad, son los que empresas deben elevar a las autoridades, y que en no pocas ocasiones terminan siendo los justificativos que legitiman las aprobaciones de emprendimientos que son rechazados o denunciados localmente.

Todo comenzó con la intervención de Fabián Jaksic en un conversatoriosobre los desafíos ambientales en una Constitución, realizado el pasado noviembre de 2019. Jaksic es un muy conocido ecólogo de la Universidad Católica de Chile, distinguido en 2018 con el Premio Nacional de Ciencias Naturales.

En esa ocasión dijo que  fueron “secuaces”, “cómplices” que fueron “cooptados por las empresas”. Agregó que no se escondería porque todo fue hecho con “conocimiento de causa, sabiendo que si me echan de una universidad me van a contratar en otra”. Dejó en claro que esa cooptación proviene de las empresas que contratan servicios para preparar los estudios de impacto ambiental, y no sólo eso, sino que ofreció ejemplos de cómo actúan esos engranajes. Reveló que  le tocó “defender casos no sólo de Energía Austral, sino también de CMPC y Celulosa Arauco, que son grandes donantes de las universidades”, y que “cuando a mí me llama el Rector, y me dice, ‘oye en Arauco tienen un problema con un Santuario (…) ya bueno, no podemos quedar mal acá. Hazte cargo’, termina el Rector. Y yo me hago cargo.”

La revelación es impactante, en tanto deja al desnudo que las grandes empresas, que son justamente las que están asociadas a los emprendimientos de mayor riesgo ambiental, actúan sobre los técnicos que deben preparar los estudios de impacto ambiental. Recordemos que son las empresas las que deben contratar esos informes técnicos y que el gobierno a su vez deberá revisarlos. Es común que se los exhiba como estudios de gran calidad y objetivos, que revelarían las verdaderas condiciones en las cuáles operaría, por ejemplo, una minera o una represa. Ese blindaje científico técnico es usado muchas veces por las autoridades gubernamentales para otorgar los permisos y frenar la crítica ciudadana.

Jaksic admitió que “todos” saben en Chile y que le consta que en las consultorías “la mayor parte de las Universidades a su vez son cooptadas por las empresas”. Para hacer todo un poco más grave además reconoció el papel del dinero: “Una cosa es ir a ser secuaz de algo, y la otra es además hacerlo barato. En eso no estamos, nosotros cuando nos dicen algo, decimos ‘oiga, ya, perfecto, pero les va a salir caro’”. Todo esto puede explicar que en esa mesa redonda, Jaksic admitiera que eso le deba “vergüenza”, y que esperaba que no ocurriera nunca más.

La confesión de este académico generó una fuerte polémica, con un punto destacado en un respetuoso pero a la vez duro cuestionamientode Pablo Razeto. Pero esos dichos dejaron en evidencia algo que muchos, especialmente desde las organizaciones ciudadanas vienen denunciando en Chile, y que se repite en países vecinos. Se han cuestionado las evaluaciones de impacto ambiental porque hay casos en que son de mala calidad, convirtiéndose en un trámite administrativo que legitima emprendimientos que tienen evidentes nocivos en el ambiente y la salud.

Esta problemática permite entender algunos indicadores alarmantes. Hace ya algunos años, una revisión de 620 proyectos mineros ambientalmente evaluados entre 2005 y 2012, mostró que se aprobaron 581 y sólo se rechazaron 39. Esta es una tasa de aprobación fenomenal: 94 % son aceptados, indicando que no tendrían efectos en el entorno, o que estos pueden ser amortiguados o revertidos. Un resultado difícil de entender dados los impactos ambientales que observan las comunidades locales. Otra revisión que considera todo tipo de proyecto evaluado entre 1997 y 2009, confirma ese patrón al encontrar que se aprobaron más del 71 %.

En los países vecinos es más o menos lo mismo. Basta como ejemplo Perú, donde las evaluaciones de impacto ambiental de las mineras son objeto de durísimos cuestionamientos. Pocos años atrás, el gobierno peruano intentó acallar esos reclamos, y encargó a una agencia de Naciones Unidas auditorías independientes sobre cien estudios de impacto ambiental. La primera revisión abordó el estudio de impacto ambiental del proyecto minero “Tía María”, que despertaba una enorme resistencia ciudadana. Se hicieron 138 observaciones a esa evaluación, y varias de ellas de enorme gravedad. La respuesta del gobierno peruano fue cancelar el contrato de revisión de los 99 casos restantes y rechazar esa primera revisión.

En estas situaciones hay por lo menos dos cuestiones superpuestas. Por un lado, los informes técnicos de las evaluaciones ambientales se presentan como resultado de ciencias que serían objetivas y neutras, que podrían dar indicaciones certeras en cuestiones ecológicas, indubitables. Por otro lado, entienden que los científicos estarían desprovistos de todo lo bueno y malo que se encuentra en cualquier persona, inmunes a ideologías, ambiciones, grandezas y bajezas. Sería un científico objetivo y neutro que sirve a una ciencia también neutra y objetiva.

Esas concepciones son uno de los pilares de los modelos de gestión y políticas ambientales simplistas. Las evaluaciones ambientales brindarían toda la información necesaria y podrían indicar con certeza (sin incertidumbres o con dudas manejables), las condiciones por las cuales se aprueban, por ejemplo, nuevas represas, plantaciones forestales o emplazamientos industriales. Los políticos y funcionarios estatales deberían simplemente seguir esas evaluaciones. Nótese que en este esquema la participación ciudadana es innecesaria o secundaria porque el saber necesario está en el “experto” ubicado en la academia.

Pero en el mundo real sucede lo que narró Jaksic: llama por teléfono una autoridad de la empresa que está siendo evaluada. En ese momento, aquel modelo simplista se derrumba, y se cae en un contexto donde operan las presiones ya en la preparación de las evaluaciones. A eso se suma que, en el paso siguiente, la autoridad gubernamental ambiental también puede recibir llamados del mismo tipo, agregándose otros factores (carecer de personal o recursos para revisarlos en detalle, urgencias en los tiempos de revisión, presiones de los jefes políticos, etc.). De ese modo se llega a esos niveles de más de 90% de informes aceptados.

En Chile, no sólo podría estar sucediendo eso, sino que además se enfrenta otro problema que no todos reconocen: distintas actividades de enormes riesgos ecológicos están exceptuadas de hacer esos estudios (esto lo indica acertadamente Razeto para el caso de los embalses de agua que son “chicos” y por lo tanto no son evaluados).

También debería reflexionarse si es una tarea propia de las universidades convertirse en consultoras que venden estudios de impacto ambiental. En ello hay todo tipo de tensiones entre la generación de conocimiento que debe ser público y enfocado en las necesidades nacionales, propio de la misión universitaria, con el contrato que implica que los investigadores trabajen para una corporación. La cuestión es real, y Jaksic también sirve de ejemplo, en tanto es director del Centro de Ecología Aplicada y Sustentabilidad (CAPES). Ese es un centro un centro de la UC y la UAI, financiado por el CONICYT, y que en su web además lista apoyos de otras universidades (como la U Chile), pero también a la Sociedad Nacional de Minería (SONAMI) y a la empresa Arauco.

Para aclarar mejor este punto, entiendo que está muy bien que los investigadores, profesores y estudiantes, analicen la estructura y dinámica de los ecosistemas, y que esa información pueda a su vez ser aprovechada por consultores contratados por alguna empresa, pero que también sea accesible a los vecinos y ONGs ambientales que enfrentan esos emprendimientos. Es más, sería mucho más valioso que las universidades instalaran “observatorios” que efectuaran revisiones independientes (tanto de las empresas como del Estado) de esos estudios de impacto ambiental corporativos, e hicieran público todos sus resultados.

Toda esta temática está abierta a discusión. Después de la polvareda levantada por sus declaraciones, Jaksic aclaró algunos puntos y retrocedió en otros. De todos modos reconoce que en el actual Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental adolece “ambigüedades que impiden asegurar apropiadamente un equilibrio entre la explotación económica y el cuidado de nuestros ecosistemas”.

El gran mérito de todo esto está en que pone en primer plano debatir sobre el papel de los académicos, los límites en las ciencias, y la institucionalidad de las evaluaciones ambientales. Dejó en claro que las advertencias desde la sociedad civil no eran infundadas, y hay una cooptación empresarial. Y obliga a todos a tomarse en serio una sustantiva modificación del sistema de evaluación ambiental.