Desde hace unas semanas, estamos presenciando una situación límite sin paragón en la historia reciente de nuestro país con la crisis del Covid-19. El sector sanitario se ha visto hondamente afectado, llegando a su colapso, y con él, las condiciones profesionales y laborales de los trabajadores. El eco de la lucha de clases, es cada vez más intenso en los pasillos hospitalarios de todo el país. Una vez más, los profesionales de categoría inferior como son los celadores, son objeto de múltiples ataques. Ya advertí en un artículo anterior que los celadores, como categoría profesional, se estaban enfrentando a una encrucijada de la que bien tendrían que salir airosos, o no salir (1). Intenté desarrollar mínimamente el enfrentamiento que se cierne en los centros sanitarios, y las políticas institucionales que empujan a esta categoría profesional al basurero de la historia. En la actualidad, la situación es más compleja de lo que se podría prever.

Con el recorrido temporal que tiene el Covid-19 en nuestro país, se puede observar ya con suficiente perspectiva, que los celadores han sido uno de los grandes perjudicados. Actualmente son considerados grupo de bajo riesgo ante el Covid-19, al igual que el personal de limpieza. El Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS-COV-2 realizado por el Ministerio de Trabajo, analiza diferentes escenarios de riesgo de exposición en el entorno laboral, especificando que la actividad laboral que no incluya contacto estrecho con una persona sintomática es de bajo riesgo (2). Consideran al celador de bajo riesgo porque, en su imaginario, el celador únicamente se limita al traslado de objetos y de pacientes sin tener contacto físico. No sospechan mínimamente que este sea el encargado de trasladar al paciente de una camilla a la cama, el que le ayuda a bajar de la ambulancia, le levanta, le acuesta o le moviliza junto con la Técnica de Cuidados de Auxiliar de Enfermería (TCAE), o cualquier otra labor donde el contacto directo es inevitable. Hay que tener en cuenta que la mayoría de los ingresados por Covid-19 son pacientes de edad avanzada, con movilidad reducida, por lo que es necesaria la intervención del celador. Tampoco hay que olvidar que son los últimos que despiden a los fallecidos, trasladándolos a los mortuorios. Me hace pensar, que las personas que han redactado el procedimiento o bien no se han informado de las funciones del celador, o les da tanta indiferencia y desprecio que no pretenden proteger al profesional. La sustitución de este personal –al igual que el de limpieza– es fácil, porque no necesita formación específica para ejercer su labor. Pero esta política no se verá con el personal médico ni con enfermería, ya que esta crisis ha demandado más de los que estaban disponibles, ya que muchos de ellos habían emigrado allende nuestras fronteras, donde se les ofrecía mejores condiciones laborales.

Esta consideración por parte del Ministerio de Trabajo tiene consecuencias funestas para los celadores, en protección y en prevención. Un ejemplo lo podemos encontrar a finales de marzo cuando el Sindicato Asambleario de Celadores de Gestión y Servicios denunció que los celadores recibían los Equipos de Protección Individual (EPIs) únicamente cuando les sobraba a las categorías superiores (3). Nada más leer la noticia me recordó a El Hoyo, film dirigido por el bilbaíno Galder Gaztelu-Urrutia. La película se desarrolla en una prisión construida en vertical, en la que una plataforma va transportando alimentos por pisos. Los que están en los superiores no tienen problema en alimentarse, pero los que están en los inferiores se mueren por inanición. También está ocurriendo que por esta consideración de personal de bajo riesgo, se les den a los celadores material de más baja calidad (aún más si cabe), aunque también en otros centros, los EPIs facilitados a los trabajadores son iguales para todas las categorías. Los celadores también se contagian, si el Estado publicase las estadísticas diferenciando las categorías se podría observar que es un claro grupo de riesgo. Pero a posteriori argumentarán que haya sido por descuido o por desinformación, porque no hayan leído el protocolo, aunque tampoco ha habido una formación específica para ello en la mayoría de los casos.

Esta política se contradice con las medidas de protección en materia de seguridad laboral y salud garantizadas por la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y en el artículo 17.1.d Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud (Ley 55/2003, de 16 de diciembre), poniendo nuestra propia vida y la de nuestros familiares en peligro. De igual forma, se niega la PCR a personal sanitario o no sanitario con síntomas leves o asintomáticos, pudiendo trasmitir la enfermedad a personas sanas.

Para poder solucionar esta situación, las salidas individuales o de categoría no son validas, así que habrá que trabajar en una salida colectiva. Todos los trabajadores sanitarios y no sanitarios compartimos problemas comunes para afrontar esta pandemia. Se ha comprobado que las privatizaciones y recortes realizados desde hace más de dos décadas que de por sí llevaban a una situación límite al sector sanitario, ha afectado enormemente la respuesta a una pandemia de estas características alcanzando su colapso. Privatizaciones que tienen su origen en la Ley 15/1997, aprobada por el PP, PSOE y los partidos nacionalistas de derechas.

Ley que fue aprovechada por estos partidos para facilitar la entrada de capital privado en un servicio tan esencial como es nuestra salud, haciendo negocio de ella (4). Las consecuencias son sobradamente conocidas: han provocado el deterioro y destrucción de lo público, además de la muerte de cientos de ciudadanos, a favor de pingües beneficios de las empresas privadas.

La única solución frente a este colapso, y a la mejora de las condiciones laborales y de prevención de los celadores y todos los profesionales, y sobre todo que no se vuelva a producir en un futuro, son las siguientes medidas:

–Derogación inmediata de la Ley 15/1997, retornando todo lo privatizado a manos públicas.

–Sanidad pública a toda la ciudadanía sin exclusión de ningún tipo.

–Nacionalización de las empresas estratégicas del sector farmacéutico y biosanitario, además de los centros privados sanitarios y de las residencias de ancianos.

–Prohibición total de la participación de la empresa privada en cualquier aspecto sanitario.

Los trabajadores de sanidad deben de jugar un papel fundamental para afrontar esta crisis en la que tanto nos jugamos, defendiendo una sanidad pública y nacionalizada. Únicamente de esta forma se podrá conseguir unas mejores condiciones laborales y de prevención.

1 Fernández Rincón, Javier, “Celadores en la encrucijada. Lucha de clases en sanidad”, La Comuna, 13 de agosto de 2019. Disponible en:

2 “Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS-COV-2”, 8 de abril de 2020. Disponible en:

3 “Sindicato Asambleario de Celadores y Personal de Gestión y Servicios denuncia que los celadores solo reciben Equipos de Protección Individual (EPIs) cuando sobran a médicos y enfermeros”, Publico, 27 de marzo de 2020. Disponible en:

4 Maestro, Ángeles, Crisis capitalista y privatización de la sanidad. El capital y sus cómplices políticos y sociales, Madrid, Cisma, 2013.