Memorias de la Barbarie (III). Habla abogado de detenidos en Tuluá.

El abogado Juan Carlos Herrera García es contundente al caracterizar lo que está ocurriendo con los jóvenes capturados en Tuluá y sindicados del incendio del Palacio de Justicia, sucedido el 25 de mayo de 2021. “Desde el mismo momento de la captura, a los muchachos se les violaron sus derechos como ciudadanos”, dijo.

Herrera García, penalista defensor de dos de los seis jóvenes sometidos a un proceso judicial y recluidos en la cárcel de Popayán, acompañó a familiares de los investigados reunidos en la Plaza Céspedes de Tuluá, quienes portaban pancartas reclamando la libertad para sus muchachos: Daniel Navarrete, Jorge Andrés Noguera Flórez, Santiago Ramírez Duke, José Mauricio García Nieto, Jorge Mario Ramírez y Dan Brayan Andrade.

Con él hablamos para recoger su análisis de lo acontecido en Tuluá, en el marco de la documentación que estamos haciendo en Periodismo Libre de las arbitrariedades, violaciones de los derechos humanos, crímenes y otros actos de la barbarie cometida por el régimen de Iván Duque contra la juventud y el pueblo colombiano, al reprimir el Paro Nacional e incurrir en falsos positivos judiciales para responsabilizar sin pruebas a muchos jóvenes de episodios ocurridos desde el 28 de abril.

“El Juez de Control de Garantías hace un mal mandado al Ministro de Justicia y a la Fiscalía imponiendo una medida de aseguramiento sin tener los elementos suficientes para hacerlo, violando la Constitución”, expresó el jurista en relación con el caso de los detenidos en Tuluá.

“El daño moral se lo hicieron a las familias desde el primer día en que capturaron a muchachos inocentes, los golpearon, los torturaron, los amenazaron y, no quedando contentos con eso, les imputaron unos delitos gravísimos, los cuáles los tienen hoy  privados de la libertad”, aseveró.

Según Herrera García, “algunos empresarios de la ciudad de Tuluá estaban interesados en levantar los bloqueos por la fuerza, con sangre”, y puntualizó: “Aquí ni siquiera había habido presencia del Esmad en ninguno de los días del paro. El día que hubo presencia, empezó la violencia en Tuluá”. He aquí la entrevista:

Habían sido asesinados tres muchachos

–Doctor Juan Carlos Herrera, ¿qué pasó ese día?, ¿por qué a seis jóvenes se les ha endilgado el delito de la quema del Palacio de Justicia?, ¿qué hay detrás de estas detenciones?

–Hay que plantear la situación desde un contexto político de lo que había pasado en razón de la protesta social que cumplía ya un mes en Colombia. Tuluá había sido un caso particularmente especial en temas de protesta social. En Buga había enfrentamientos y bloqueos casi desde el primer día. En Tuluá había una situación particular, pues había presentado una especial paz en torno a la protesta social.

Nosotros aquí registrábamos entre tres y cuatro marchas semanales muy nutridas, con bastante participación ciudadana. De hecho, a nivel nacional planteábamos esa situación en las redes sociales y en los noticieros porque Tuluá había sido ejemplo de tranquilidad y de paz y especialmente de la protesta social pacífica.

Cuando llegó la fecha del 25 de mayo, cuando se iba a cumplir un mes, en razón de una solicitud de unos empresarios, por sus relaciones, tal vez, con altos mandos de la Policía a nivel departamental, el Esmad penetra los puntos de bloqueo, por la fuerza desaloja los puntos de bloqueo, no sin dejar de mencionar que días antes a ese desalojo por la fuerza del Esmad, habían sido asesinados tres muchachos en las zonas de bloqueo, asesinatos que hasta el momento no ha podido la Fiscalía ni siquiera imputar a nadie porque las personas que capturaron después del asesinato de esos muchachos quedaron libres, pues se declaró ilegal la captura porque los muchachos fueron quienes realizaron la misma.

Ya el 25 de mayo, cuando se acercaba la celebración de un mes de estar en Paro a nivel de Colombia, y especialmente en Tuluá, los muchachos fueron desalojados el 24 por la fuerza en horas de la madrugada de los puntos de resistencia como ellos los llaman, 30 fueron capturados por la Policía, retenidos y en el transcurso de ese día 25 los devolvieron por la presión de los miembros de los grupos de Derechos Humanos y especialmente por la presión social y política que se ejercía sobre esa acción policial.

Ya en horas de la tarde se presentaron nuevas protestas en el centro. Ya la situación se sale de control y comenzaron a ser objeto de ataques con piedras por parte de la protesta social y de algunos muchachos que se dirigen al centro de la ciudad. Dicen que son los mismos muchachos que habían sido golpeados por la Policía en horas de la mañana, que les quemaron los zapatos, la ropa, al ser desalojados de los puntos de resistencia del puente de Las Mariposas y del puente de la salida norte de Tuluá, esos muchachos fueron retenidos y ya por la tarde, cuando fueron liberados, volvieron otra vez a la protesta.

Allí hubo enfrentamientos nuevamente con el Esmad. En horas de la noche esa situación se salió de las manos y es cuando surge un hecho que ha sido noticia a nivel nacional. El Palacio de Justicia de Tuluá, un edificio emblemático, que ha sido declarado patrimonio arquitectónico de la ciudad, un edificio que fue construido a mediados del siglo pasado, donde funcionaban los juzgados municipales y del Circuito de Tuluá, fue atacado por personas que lo incendiaron. La reacción de la Policía manifiesta que capturó a más de 25 personas esa noche.

De esas 25 personas, tres fueron capturadas cuando vandalizaban unos almacenes de motos, incluso cuando iban llevándose unos de esos vehículos, y los otros seis jóvenes, que se encuentran detenidos en la ciudad de Popayán, fueron capturados en diferentes sitios de Tuluá. A estos seis jóvenes la Fiscalía les ha imputado el delito de terrorismo.

“No se nos permitió hablar con los procesados”

Lo que pasa en este caso es algo especial. Desde el mismo momento de la captura, a los muchachos se les violaron sus derechos como ciudadanos. A toda persona que es capturada o aprehendida por la Policía debe comunicársele la razón por la cual es capturada e inmediatamente informarle a su familia y adicionalmente garantizarle el derecho a comunicarse con un abogado.

Ese simple derecho fue vulnerado porque no se nos permitió nunca, en ningún momento, ni siquiera hablar con alguno de los procesados. La Policía siempre nos obstaculizó la entrevista que teníamos que hacer con ellos, y solamente los vinimos a ver al momento de la captura. Todas esas situaciones se pusieron de presente ante el juez de control de garantías, pero hay una situación particular que ocurrió en ese hecho. El día después de haber sido incendiado el Palacio, después de haber sido capturados los muchachos, a Tuluá llegaron el Ministro de Justicia y el Fiscal General de la Nación. Casualmente al día siguiente fueron los muchachos judicializados por un juez de control de garantías de Buga, porque los juzgados penales municipales de control de garantías de Tuluá habían sido incinerados y no estaban trabajando, por lo que la diligencia se ejecutó en Buga.

Al ejecutarse en Buga y nosotros no tener acceso a la situación particular de ellos, a haber conocido los hechos por los cuales se les había capturado, no se conocieron circunstancias de modo, tiempo y lugar porque no pudimos hablar con ellos. Claro, al nosotros presentar las oposiciones en la audiencia, pues eran mínimas, porque quién más va a conocer la situación en la que es capturado que la persona detenida, el punto donde es capturada. Para buscar elementos materiales probatorios que nos permitieran oponernos a esas capturas, son los mismos capturados con quienes debemos hablar, porque ellos son los que saben dónde fueron retenidos.

Ese derecho fundamental que lo trae el Código de Procedimiento Penal, que son los derechos del capturado, fueron violados flagrantemente por la Policía y especialmente por la Judicatura, toda vez que no atendió los reclamos de los abogados al momento de la legalización.

Es tan complicada la situación, que no hubo ni siquiera elementos materiales probatorios que la Fiscalía presentara al juez para legalizar esa captura. Quiero poner un ejemplo: a uno de los jóvenes se le acusa de haber llevado en su poder una botella de gasolina con la cual intentaba supuestamente vandalizar e incendiar un CAI de la ciudad, pero ni la botella de gasolina, ni la foto, ni la experticia que refiriera qué clase de sustancia llevaba en la botella fue llevada ante el juez. Simplemente el informe de Policía decía eso y con eso el juez legalizó la captura, con eso legalizó la imputación, y con esos elementos el juez, a pesar de que son jóvenes sin antecedentes, de ser jóvenes con arraigo, de ser jóvenes estudiantes, el juez de control de garantías hace un mal mandado al ministro de Justicia y a la Fiscalía imponiendo una medida de aseguramiento sin tener los elementos suficientes para hacerlo, violando la Constitución.

Pero no quedando contentos con eso, al presentar los reclamos los abogados y las apelaciones, ya han pasado dos meses y el juez de segunda instancia no se pronuncia. Es una situación sobre la que debió haberse pronunciado con rapidez, porque es la libertad de seis jóvenes que están privados de ella por unos delitos que los abogados reclamamos en su momento que no había elementos materiales suficientes para imputarlos. Adicionalmente, violando todos los derechos de una persona privada de la libertad en estas circunstancias, fueron trasladados de la ciudad de Tuluá a la ciudad de Popayán, ya ahí sí violando y cortando toda posibilidad de comunicación que puedan tener la familia y los abogados con ellos para iniciar su proceso de defensa.

Recaudar estos elementos y estas entrevistas con que nosotros vamos a solicitar la revocatoria de la medida de aseguramiento no ha sido fácil. Hay personas que estaban aquí y que también fueron detenidas, como por ejemplo Leidy Johana Luna Chasoy, una ciudadana indígena que fue capturada con los jóvenes y a quien, adicionalmente, le cortó el cabello una patrullera de la Policía Nacional, nuevamente violando los derechos de los ciudadanos. Y, además, no ha sido posible que la Policía Nacional nos entregue la información del libro de población de la Policía donde se refiere cuántos jóvenes fueron capturados, a qué hora ingresaron al Comando de Policía y en qué condiciones. Ese día hubo más de 25 capturas y solamente estas seis personas fueron imputadas por el delito de terrorismo.

Quiero significar con esto que, por ejemplo, el joven Daniel Navarrete, un mecánico que salía de trabajar, que se vino en dirección a su casa y en razón de que, al observar la protesta social, los gases lacrimógenos y la gente corriendo, él también corrió, la Policía lo captura, se lo lleva y lo presenta como un “terrorista”. De este joven tenemos videos de la hora en la que está trabajando, de las vías por las que se movilizó, nunca está participando en la protesta social y cualquiera diría que es fácil para nosotros como abogados pedir la revocatoria de una medida de aseguramiento, pero por ejemplo este es el momento en que ni siquiera conocemos quién es el juez de conocimiento, no conocemos ni siquiera cuál es la decisión del juez de segunda instancia en cuanto a la solicitud de apelación de la medida de aseguramiento que se impuso.

Entonces claro, a uno como abogado se le dificulta cada vez más la situación, porque cuando fuimos a presentar la solicitud de revocatoria acá en Tuluá, donde ocurrieron los hechos, donde naturalmente tiene que hacerse la solicitud, los jueces dicen que se declaran impedidos para conocer de esto en razón de que fueron afectados por el daño, entonces que ellos no están en capacidad de ser neutrales y ecuánimes para tomar alguna decisión al respecto.

–¿Y ante esa flagrante violación del debido proceso no cabe una tutela?

–Si claro, lo que pasa es que para la acción de tutela tendríamos nosotros que primero solicitar la revocatoria de la medida y que se nos niegue esta medida y que adicionalmente nosotros apelemos y se retarden, como se ha retardado la apelación que hicimos respecto al día de la imputación y legalización de la captura. ¿Qué estamos haciendo ahora? Estamos recaudando los elementos, estamos terminando todo el trabajo investigativo.

“Esto es un ataque contra la juventud que protesta”

–¿Qué puede haber detrás de este episodio?

–Yo estoy seguro de que esto es un falso positivo, y lo es con la única intención de generar desazón y miedo dentro de la juventud, porque esto es un ataque directo contra la juventud que protesta, esto es un ataque directo contra la juventud inconforme en el país, y especialmente es un ataque directo contra la posibilidad que tienen los muchachos de la participación en esta protesta pacífica.

¿Por qué razón? Porque con esto cualquier muchacho que ve esta vulneración de derechos humanos, pues inmediatamente teme. Ahí, en medio de la protesta, también fue asesinado un muchacho, fue sicariado un joven estudiante de derecho, eso no hace sino generar miedo, ¿y de ese miedo quién se beneficia? Indudablemente el beneficio es político.

No conozco el primer funcionario, juez o fiscal que de verdad pague con su patrimonio estas violaciones de los derechos humanos y de la libertad, no conozco, para ellos esto no importa, va y viene, no importa, porque el último que de verdad paga estas indemnizaciones y este daño es el Estado, lo pagamos todos. Entonces, como a ningún juez ni a ningún fiscal le quitan su patrimonio por estas violaciones de derechos humanos, pues indudablemente esto va a seguir pasando, como ha venido pasando hace muchos años en Colombia.

–Todo indica que a los seis jóvenes detenidos les están cobrando un delito que no cometieron.

–Estos jóvenes son chivos expiatorios, ni siquiera pensaría uno que les están cobrando el incendio del Palacio, les están cobrando es que estuvieron veintitantos días en protesta pacífica, que estuvieron respetando a las autoridades porque aquí nunca se había lanzado una piedra, aquí lo único que se intentó fue desprestigiar la protesta social.

–¿Quiénes están detrás del incendio del Palacio?

–A uno le queda muy difícil decir quién está detrás del incendio del Palacio de Justicia, pero pensemos en esta reflexión: yo llevo 28 días en protesta social, he hecho dos o tres marchas por semana en una ciudad como Tuluá, y solamente el día que aparece el Esmad y la Policía a confrontar a los muchachos hay un incendio y hay casi actos de vandalismo y terrorismo en esta ciudad.

Aquí no hay ninguna posibilidad de asignarle a los muchachos la responsabilidad de ese vandalismo, porque es imposible que usted sea vándalo un día y 28 días anteriores en medio de la protesta social tomándose las calles, caminando la ciudad, no haya ni siquiera lanzado una piedra.

–¿Cuál es la salida jurídica?

–La salida jurídica son los elementos materiales probatorios que recaudemos y contrarrestemos la evidencia precaria que ha presentado la Fiscalía. Esto indudablemente tendrá que llevar alguna consecuencia, esto no puede quedarse así simplemente, porque en algún momento alguien con sentido común tendrá que revisar.

–Mientras tanto, hemos visto a unas madres, a unas hermanas, a unos familiares que están sufriendo intensamente.

–El daño está hecho, el daño moral se lo hicieron a las familias desde el primer día en que capturaron a muchachos inocentes, los golpearon, los torturaron, los amenazaron, y no quedando contestos con eso, les imputaron unos delitos gravísimos, los cuáles los tienen hoy privados de la libertad.

–¿Cuáles son los otros casos de violación de derechos humanos en Tuluá?

–Hay una situación particular: uno no puede desconocer la situación política y social de Tuluá específicamente y del centro del Valle. Esta es una zona que ha sido violenta históricamente. Esta es una ciudad con 180, 200 homicidios al año, no es una situación sencilla. Entonces, claro, disfrazar un homicidio político, represivo con un señalamiento a las bandas criminales es muy sencillo, como viceversa: las bandas criminales se podrían amparar en la situación política con cualquier homicidio que ocurra en el marco de esa protesta social.

Atreverse a decir que tal o cual homicidio es asignado a las fuerzas de represión del Estado a uno le quedaría muy difícil, porque nadie anda uniformado disparando a otro. De hecho, sobre el caso del joven Camilo Arango, que murió el 25 de mayo en Tuluá, nadie se atreve a denunciar porque eso fue en presencia de todo el mundo, eso no fue un homicidio por la espalda ni oculto, fue delante de todo mundo: dos personas en una moto le disparan a ese joven y lo asesinan delante de todos los ciudadanos, pero: ¿quién se atreve a denunciar y no corra el riesgo de sufrir el mismo daño?

Le voy a contar una historia. Dos o tres días antes, una ambulancia prende sus sirenas para anunciar que le abran el corredor humanitario en el puente norte de la ciudad. Cuando los muchachos se acercan y le abren la barricada, desde un vehículo automóvil atrás les disparan y asesinan a dos.

–Este caso es de los que se han denominado en Cali paramilitarismo urbano, civiles armados disparando contra quienes participaban en el paro.

–Claro, y es lo que nosotros hemos referido y es la razón por la cual nosotros buscamos una mesa de concertación y de diálogo con los jóvenes del bloqueo, porque teníamos información de que algunos empresarios de la ciudad de Tuluá estaban interesados en levantar los bloqueos por la fuerza, con sangre.

“El día que hubo presencia del Esmad empezó la violencia”

–¿Qué papel se jugó ahí por parte de empresarios como instigadores?

–Lo que pasa es que esta es una región altamente marcada por el narcotráfico y el paramilitarismo. Entonces atreverse uno a señalar a ciertos grupos, a ciertos sectores es casi como ponerse una lápida en el cuello.

–Pero, ¿hubo instigación?

–Claro y, adicionalmente, en las redes sociales hay exalcaldes pidiendo el uso de la fuerza para el levantamiento del bloqueo, eso no tenía ningún otro final que el que se presentó en la ciudad de Tuluá, un hecho de violencia, de muerte, de sangre, y especialmente de dolor para muchas familias.

–Es decir que la clase dirigente de Tuluá también ha estado comprometida.

–Debe haber algún sector de la clase dirigente en eso, porque aquí ni siquiera había habido presencia del Esmad en ninguno de los días. El día que hubo presencia empezó la violencia en Tuluá.

–Finalmente, doctor Herrera García: ¿qué va a pasar con toda esta violación de derechos humanos que hasta ahora queda en la impunidad?

–Desde mi punto de vista creo que en Colombia esto ha sido toda la vida, esa ha sido la acción recurrente del Estado en contra de la protesta social y de los grupos minoritarios: la violación de los derechos humanos, la persecución política, la segregación social, casi que el abandono del Estado. Cualquiera que se permita enfrentar a esos grupos políticos que se han enquistado en los poderes municipales, es indudablemente señalado, macartizado e, incluso, asesinado. Por eso usted observa que estas ciudades que tienen un alto grado de marcación política conservadora, de extrema derecha, ha tenido mucha influencia de grupos paramilitares y especialmente de grupos del narcotráfico. Un tema casi que cultural es la acción violenta contra los ciudadanos. Esta es una ciudad con 190 mil habitantes con 180 homicidios al año, qué más puede uno referir como una violación de derechos humanos. No hay otra forma de actuar del Estado, hay una desatención del Estado, especialmente a esa población vulnerable que llama la atención para que se haga inversión social.

La clase vulnerable es casi el 90% de la población de este país, porque aquí los grupos económicos manejan sectorialmente los municipios, las mañas políticas manejan desde Bogotá estos municipios y es muy complicado para uno hacer activismo político, hacer activismo social y especialmente participar en esa protesta social política con la que uno quiere construir un país mejor. Es muy complicado en un país como Colombia, es muy complicado en una población como esta, enmarcado en la violencia.