El presidente electo y líder del Frente Amplio, Gabriel Boric, que asumirá el cargo el 11 de marzo, ha asegurado a la élite financiera y empresarial que su gobierno responderá a sus necesidades. Su selección del actual jefe del Banco Central de Chile como su ministro de Hacienda es el acontecimiento más reciente que ha roto las ilusiones populares de que la nueva administración seudoizquierdista-estalinista ‘Apruebo Dignidad’ estará al servicio de las masas.

En la última semana de enero, Boric anunció la selección de su gabinete ante una entusiasta prensa corporativa nacional e internacional y la aprobación de los mercados. El peso chileno ganó frente al dólar y el indicador bursátil IPSA subió a su punto más alto en dos meses.

Mientras la prensa liberal se deshacía en elogios hacia el carácter ‘progresista’ del nuevo gobierno chileno ( The Guardian escribía que Boric había seleccionado por ‘primera vez en toda América un equipo ministerial dominado por mujeres’, lo que reflejaba ‘su objetivo de construir un país más justo e inclusivo’), la prensa financiera entró en materia.

Jorge Selaive, economista jefe de Scotiabank Chile, fue citado en el Financial Times diciendo que ‘parte del riesgo político que ha pesado sobre la moneda chilena desde las protestas (de 2019) había retrocedido con el anuncio del gabinete del viernes.’

‘Nombrar a Mario Marcel como ministro de Hacienda es una muy buena señal de estabilidad económica, vista positivamente por los mercados’, dijo a Bloomberg Miguel Ángel López, de la Universidad de Chile.

Marcel, del Partido Socialista, es uno de varios de los elegidos por Boric para su gabinete que pertenecen a la centro-izquierda que gobernó durante más de dos de las últimas tres décadas de gobierno civil y que quedaron reducidos a un pelotón en las elecciones constitucionales, parlamentarias y presidenciales de los últimos tres años.

‘Marcel ha sido elogiado por la forma en que guio la respuesta del banco central durante el período de malestar social, y la pandemia de COVID-19 que siguió…’, añadió el Financial Times .

A partir de marzo de 2020, cuando se propagó el coronavirus, el jefe del Banco Central dio prioridad a una agenda favorable a las empresas, con tipos de interés bajos, ofreciendo miles de millones en liquidez y compras de activos, y proporcionando garantías de préstamos que equivalían al 15 por ciento del PIB, ‘muy por encima de lo que se ha hecho en otros países de América Latina’, dijo Marcel en una audiencia del Senado el año pasado.

Por el contrario, las ayudas del gobierno a la población sumida en la pobreza fueron tan insignificantes que el virus se extendió sin cesar por las congestionadas y superpobladas comunas de la clase trabajadora, y decenas de miles de familias migrantes indigentes se enfrentaron a la crisis con crecientes amenazas de violencia xenófoba y deportación.

Hasta el 30 de enero, la cifra acumulada de infecciones confirmadas y probables por COVID-19 ascendía a 2.520.224 casos y 50.700 muertes, y el brote afectaba sobre todo a personas de entre 18 y 64 años, el grupo demográfico en edad laboral.

La crisis obligó a la clase media y a sectores de la clase trabajadora a echar mano de sus ahorros privados para pensiones. El PIB de Chile creció alrededor del 12% en 2021 sólo gracias a estas retiradas, estimadas en 50.000 millones de dólares, así como a un breve estímulo fiscal.

Sectores clave de la economía orientada a la exportación se mantuvieron operativos a pesar de la propagación de las variantes delta y hoy ómicron. Apenas la semana pasada, la burocracia sindical reveló que más de 700 trabajadores habían dado positivo por COVID-19 en la mina Escondida de BHP (la mayor mina de cobre del mundo), lo que afectaba a casi un tercio de la plantilla. Lo que el sindicato no informó es que ayudó a la dirección y al gobierno a mantener la industria minera abierta durante la pandemia.

Este criminal enfoque de ‘inmunidad de rebaño’ (colectiva) defendido por el presidente Sebastián Piñera, en consonancia con la centro-izquierda parlamentaria y los sindicatos dominados por la pseudoizquierda-estalinista, será ahora continuado por Boric, con la distinción de que integrará a estas organizaciones corporativistas más plenamente en su administración.

‘Lo último que queremos es llegar a medidas tan restrictivas como las que vivimos en 2020’, dijo a ‘Tolerancia Cero’ de CNN Chile el 25 de enero, añadiendo que los colegios ‘deben ser los primeros en abrir y los últimos en cerrar… (V)amos a hablar con el Colegio de Profesores y todas sus organizaciones, para facilitar el regreso a clases…’

Boric ganó la segunda vuelta de las elecciones presidenciales el pasado 19 de diciembre con cerca del 56% de los votos en una contienda que reunió la mayor participación electoral de la historia de Chile. Ello no fue debido, sino a pesar de que el centro-izquierda lanzó una campaña para promoverlo como la única alternativa ‘democrática’ a José Antonio Kast, el candidato fascistoide del Frente Social Cristiano. Mientras que sectores de su menguada base acudieron a apoyar a Boric, los jóvenes y los trabajadores acudieron en masa a votar por él, y un número importante de personas ajenas a todo el proceso se quedaron en casa.

Antes de la segunda vuelta, Apruebo Dignidad entabló discusiones secretas con el muy impopular centro-izquierda tradicional –el Partido por la Democracia (PPD), el Partido Socialista (PS), la Democracia Cristiana y los Radicales– para indicar a los mercados de valores y a las potencias imperialistas que su gobierno sería moderado. Durante la campaña cambió el eje de su plataforma hacia la derecha, recogiendo los temas de conversación sobre ‘seguridad’, ‘inmigrantes ilegales’ y otras cuestiones del libro de jugadas de su oponente fascista.

Boric ha seguido cambiando el rumbo hacia la derecha, diciendo en un mitin masivo en Santiago que tendería puentes con la oposición de derechas mientras mantuvo varias conversaciones con el gran empresariado prometiendo gradualismo y responsabilidad fiscal.

Al igual que SYRIZA en Grecia y Podemos en España, el frente seudoizquierdista-estalinista chileno tiene la tarea de disipar la hirviente oposición de la clase obrera y la juventud al capitalismo y salvaguardar un estado burgués en crisis.

La coalición electoral Apruebo Dignidad se formó el año pasado para entrar en la carrera presidencial con los mismos cálculos políticos que la tan cacareada Convención Constitucional. Esta última nació de las conversaciones de paz de la Unidad Nacional celebradas entre el gobierno derechista del multimillonario presidente Piñera, la centro-izquierda tradicional y sectores de la coalición del Frente Amplio en medio de las masivas protestas anticapitalistas de finales de 2019.

Aterrorizados de que las manifestaciones multitudinarias escaparan a su control, prestaron su apoyo al asediado gobierno de Piñera para convertir las protestas anticapitalistas en llamamientos a cambiar la constitución autoritaria del país. En línea con esto, Apruebo Dignidad afirmó que su agenda era acabar con las políticas económicas de libre mercado impuestas a través del gobierno militar del general Augusto Pinochet, y mantenidas por la casta política civil que tomó el poder en 1991.

‘Si Chile fue la cuna del neoliberalismo, también será su tumba’, planteó Boric prometiendo sustituir el sistema de pensiones privatizado por una pensión básica universal y crear un sistema de salud y educación universal, ingresos ‘dignos’, igualdad de género y protección del medio ambiente, entre otras medidas.

El núcleo del argumento de la izquierda chilena es que el ‘neoliberalismo’ de Pinochet, y no el capitalismo en general, es el responsable de los obscenos niveles de desigualdad social, pobreza, nepotismo y corrupción, y de la violencia del Estado policial.

Es una reformulación de la reaccionaria teoría nacionalista de la revolución en dos etapas que plantea que el papel del estalinismo en alianza con la clase media y la ‘burguesía progresista’ es democratizar el estado y la república a través del proceso parlamentario burgués. La política de frente popular basada en esta teoría condujo trágicamente a la amarga derrota de la clase obrera en Chile, donde el gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende allanó el camino al golpe fascista-militar respaldado por EE.UU. del 11 de septiembre de 1973.

Hace cincuenta años, el Partido Comunista, al menos en Chile, todavía monopolizaba la lealtad de la clase obrera. La Gran Mentira de que sus homólogos soviéticos representaban la continuidad política de la revolución de octubre de 1917 tenía vigencia y prestaba apoyo político e ideológico a todo tipo de conjuntos nacionalistas reformistas, burgueses y pequeñoburgueses en toda América Latina, permitiéndoles estar a caballo entre los regímenes estalinistas y el imperialismo estadounidense.

Esta estrategia llegó a su fin en la década de 1980 con la globalización de la producción capitalista, cuando las olas de renunciamiento –el abandono de la retórica revolucionaria y el reformismo social– barrieron las organizaciones que dominaban el movimiento obrero. El clavo final llegó con la disolución de la Unión Soviética en 1991 y la restauración del capitalismo en Rusia, mientras las llamadas fuerzas políticas de izquierda en los países burgueses oprimidos y semicoloniales como Chile fueron despojadas de cualquier agencia intermediaria al imperialismo.

Entonces como tragedia, hoy como farsa, el camaleónico Boric ni siquiera ha sido capaz de sostener su retórica reformista hasta por lo menos después de asumir el cargo en condiciones en las que una profunda crisis económica está a la vuelta de la esquina. Esta estrategia traicionera sólo puede envalentonar a las fuerzas de extrema derecha que durante las últimas elecciones se galvanizaron en torno a la candidatura del fascistoide Kast. Al mismo tiempo, pondrá al gobierno entrante cada vez más en una confrontación directa con la clase trabajadora chilena.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 5 de febrero de 2022)