Los gritos se están haciendo cada vez más fuertes y provienen de una inusual combinación de gente no particularmente dada a jugar el papel de Casandra¹. Doctores, máximos representantes de la ONU, colegiales y 11.258 científicos de 153 países están coreando lo que todos deberíamos saber: a pesar de cuarenta años de cumbres mundiales del clima, las cosas siguen como siempre. Puntos de inflexión irreversibles, efectos cascada, deshielo, crecientes niveles de CO₂, CH₄ y N₂O, acidificación de los océanos, aumento de temperaturas, incendios, extinción masiva de especies y mucho más, han llevado a enfatizar que la catástrofe no solo refiere al derretimiento de glaciares y temperaturas mortales, sino que se trata de un problema político y social. Piden un “cambio transformador, con justicia social y económica para todos”.

En junio, Philip Alston, relator especial de la ONU en pobreza extrema y derechos humanos, avisó que los impactos del calentamiento global amenazaban derechos como la vida, el agua, la comida y la vivienda para cientos de millones de personas, así como la democracia y el estado de derecho. El jefe de redacción de The Lancet, por su parte, apoyando a Extinction Rebellion, urgió a los profesionales sanitarios a participar en la protesta social no violenta, pues “la medicina trata de la protección y fortalecimiento de las especies humanas”. Alumnos de escuela, avanzando donde los adultos han fallado, entienden muy bien que la crisis no va solo de salvar osos polares. Ellos también están llamando a un cambio social.

La crisis climática ha mostrado que el capitalismo es incompatible con la salud del planeta y que es esencial apartarse del crecimiento del PIB. No obstante, en lugar de atender a las alarmas, los gobiernos están volviendo a la violencia contra las manifestaciones y, como el Príncipe de Salina en El Gatopardo, están optando por el gatopardismo («las cosas deberán cambiar si queremos que nada cambie»), prefiriendo proteger el statu quo antes que cambiar un sistema que destruye el planeta. Esta situación es un terreno fértil para grupos de extrema derecha que, explotando los miedos de la gente, están regresando a gobiernos de estilo fascista en los cuales los derechos humanos son cada vez más amenazados.

En una reciente entrevista, Srećko Horvat, del Movimiento Democracia en Europa 2025 (DiEM25), exhorta a la “cooperación internacional, pues aquellos contra los que luchamos trabajan transnacionalmente”. En su Green Strategy, Marc Brodine escribe: “Se necesita un movimiento masivo, de alcance mundial, para emprender batallas defensivas contra la degradación medioambiental y el desarrollo explotador”. Alexia Ocasio-Cortez y Bernie Sanders reconocen la necesidad de reformas revolucionarias. Pero un hecho esencial es que casi no existen en su discurso. La crisis climática es una crisis de derechos humanos y los más afectados son los ciudadanos de los países más pobres del mundo, quienes han hecho menos en contribuir a este desastre.

¿Dónde están los mecanismos para llevar a cabo esas reformas? Sí, necesitamos cooperación transnacional, pero la mitad de las personas del mundo no pueden participar porque se encuentran luchando literalmente por sobrevivir. ¿Cómo se puede abrir esta cooperación a todos? Los “derechos humanos” son una narrativa política universal, pero, en ausencia de derechos básicos, la gente no puede operar políticamente ya que no existe socialmente. Y la Declaración Universal de Derechos Humanos ha estado muerta desde el primer día, en especial porque no vino con mecanismos para realizar esos derechos proclamados, ni siquiera los más básicos de ellos, los de la existencia material. El único instrumento que conocemos que podría garantizar de manera viable este derecho a escala global es una renta básica incondicional universal por encima del umbral de la pobreza (de cualquier lugar en que se introduzca). Y se trata de algo más que un instrumento. En sí mismo, es un derecho que puede ser rastreado hasta los principios de los bienes comunes. Si queremos un cambio en el sistema y sociedades más fuertes y sanas para combatir la crisis del cambio climático, entonces garantizar este derecho básico universal será seguramente un primer paso decente y radical.

Sin un foco en los pobres, los desposeídos de aquellos recursos naturales que han sido apresados por el norte global al que le importa un carajo el desenfreno destructivo de su “progreso”, no puede haber un cambio real del sistema. Los pobres en los países en desarrollo están pagando el precio de un 75-80% de los costes de la catástrofe climática. Tienden a vivir en áreas expuestas a desastres, en casas menos resistentes y suelen perder todo lo que poseen; tienen menos recursos para mitigar esos efectos; reciben menos apoyo de los sistemas sociales para recuperarse del impacto; tienen medios de vida precarios; y se encuentran vulnerables frente a la enfermedad, malas cosechas, aumento de precios de alimentos, muerte y discapacidad. Las respuestas a la catástrofe ligada al clima tienen a menudo la forma de intervención humanitaria cínica ex post. Por ejemplo, tras el ciclón Idai, el FMI acordó un préstamo de emergencia sin intereses de 118,2 millones de dólares para Mozambique –el sexto país más pobre del mundo, donde el habitante medio es responsable de 55 veces menos emisiones de carbono que el ciudadano medio estadounidense– pero descartó el alivio del pago de los préstamos preexistentes. Adivina quién se beneficia. El cambio sistémico requiere medidas ex ante y una renta básica sería esencial entre ellas, en cuanto distribución de recursos para potenciar cambios de la población en orden de aplicar el conocimiento local apropiado para combatir el cambio climático antes de los desastres. Esto permitiría, por ejemplo, a las mujeres agricultoras en países pobres tener mejores herramientas. Los científicos calculan que entonces podrían cultivar un 20-30% más de comida en la misma tierra y así evitar dos mil millones de toneladas de emisiones para 2050. Solo esto parecería ser un buen argumento para la renta básica.

Ahora bien, la renta básica significa bastante para no pocas personas. Un ingrediente interesante dentro de (pero en los márgenes de) la presente coyuntura de llamamientos al cambio de sistema es la candidatura de Andrew Yang para la presidencia de EE. UU., prometiendo una renta básica de 1.000$/mes para todo estadounidense mayor de dieciocho años. Sin embargo, su inversión para hacer frente al cambio climático es solo un cuarto de la que Bernie Sanders propone. El enfoque de Yang es más tecnocrático que preocupado por la pobreza. Favorece la energía nuclear y dudosas soluciones geo-ingenieriles como espejos espaciales, dispersión estratosférica de dióxido sulfúrico y plantar plancton en el océano. Yang es un claro ejemplo de las divisiones en el debate de la renta básica, donde algunos entusiastas son realmente de derechas. La renta básica a la que nos referimos nosotros es solo una medida en el dominio de la política económica. Para ser efectivo se necesita de fuertes políticas públicas en salud, vivienda, educación, transporte, etc. ¿Por qué diablos no incluye Bernie la renta básica en su campaña?

El cambio de sistema precisa de pensamiento sistémico, especialmente sobre decrecimiento, que no es ajeno a la redistribución. La renta básica representa obviamente una forma de redistribución, y en términos de Gini también, ya que puede financiarse con impuestos progresivos fácilmente. El pensamiento sistémico exige tomar en cuenta la salud de todo el sistema, tal y como ciertas culturas indígenas han sabido hacer desde hace mucho tiempo. La concienciación desde este punto de vista no solo fomentaría la reducción del consumo, sino que también incorporaría un elemento de respeto a los pueblos indígenas del mundo pendiente, quienes han sido vistos, desde la época del imperialismo, como un obstáculo a ser desplazado del camino de la explotación de los recursos.

Así que, ¿cómo podría una renta básica favorecer un cambio sistémico? Ya que los pobres deben ser el foco, daremos unos cuantos ejemplos de un detallado estudio nuestro de 2010 sobre los efectos hipotéticos de una renta básica en Timor Oriental. Encontramos que un ingreso básico parcialmente financiado por ingresos del petróleo y gas permitiría la distribución inmediata de una micro-renta (en oposición a micro-crédito), recibida cada mes sin interferencias externas. Una renta básica sobre la línea de la pobreza (allá entonces de 20$/mes por persona), para toda la población, significaría que una familia con seis personas a su cargo recibiría un ingreso mensual garantizado de 160$/mes. En una aldea de veinte familias similares la cantidad sería de 3.200$/mes o 38.400$/año.

Lo que esto podría representar en términos de soberanía alimentaria está ilustrado por un proyecto de cultivo de arroz con búfalos en el área devastada de Uatulari, con una población de unas 20.000 personas. Trabajando con una ONG timorense, el gobierno catalán financió el proyecto por valor de unos 142.680$ en los años 2000-2003 (47.560$ por año), o aproximadamente 2,38$/año por persona. La zona logró la autosuficiencia en cultivo de arroz antes de que el periodo acabara, y fue capaz de suministrar semillas para las zonas cercanas. Los búfalos fueron la “maquinaria” para preparar los campos de arroz abandonados (pisando el suelo para compactarlo antes de plantar las semillas) y también produjeron estiércol, leche, carne y pieles, al tiempo que reforzaban las relaciones sociales, ya que estos animales son tradicionalmente propiedad común. Sin embargo, con el cambio de gobierno en Cataluña, la financiación cesó y el proyecto nunca fue más allá de una exitosa fase piloto del proyecto. Una renta básica de 20$/mes por persona aportaría 4,8 millones de dólares garantizados a Uatulari cada año, unas cien veces lo que el gobierno catalán concedió. El impacto de una fuente estable de ingresos sería notable en términos de desarrollo local.

En términos de derechos humanos, una estrategia de desarrollo agrícola que consolide la producción local con el desarrollo generalizado de las redes comerciales resulta mucho más beneficiosa que una política de monocultivo orientada a las exportaciones, concentración de latifundios y desigualdad sistémica, por no mencionar los efectos medioambientales negativos. Los pequeños cultivos no solo contribuyen al mercado local, sino que también fortalecen la seguridad social y alimentaria y ofrecen una mayor difusión de los medios productivos, además de ser mejor para la gestión medioambiental. Asimismo, la migración masiva a la capital timorense, Dili, ha creado un problema permanente de desequilibrio demográfico, con grandes cifras de desempleo y descontento juvenil, con grandes capacidades destructivas. Evidentemente, no pueden ser reintegrados en comunidades rurales que no existen por la carencia de una base productiva. El incluirlos en un esquema de renta básica sería un gran avance en su reintegración como ciudadanos y en el establecimiento de una coexistencia pacífica.

De nuevo, las familias más pobres tienden a tener un mayor número de hijos. La tasa de fertilidad de 2019 fue de 5,5 nacimientos por mujer, una de las más altas del mundo. Independientemente de la ausencia de servicios de planificación familiar y educación sanitaria básica, el tener más hijos suele ser visto como una forma de reemplazar a los hermanos que mueren en la infancia, y como una especie de plan de seguro social para los padres. Que la salud de la madre se vea gravemente perjudicada por tantos embarazos es una consideración menor en circunstancias desesperadas. Una forma garantizada de cobertura social como la renta básica disminuiría la tasa de nacimientos a largo plazo, corregiría el sesgo contra los jóvenes, miembros dependientes de la sociedad, mejoraría la salud de las madres y los niños y llevaría más niños a las escuelas.

Una renta universal no solucionaría todos los problemas de Timor Oriental, pero supondría muchas más oportunidades en el terreno productivo, cohesión e inclusión social en comunidades locales reforzadas, mayor participación política y una gran reducción de la pobreza y de los problemas relacionados con ella. Las buenas noticias son que nuestro modelo de renta básica es exportable y con algunos ajustes puede ser aplicado en cualquier lugar del mundo. Y debería ser aplicado si realmente nos preocupan los derechos humanos y queremos un cambio sistémico, especialmente cuando se trata de combatir la crisis climática y sus efectos sobre los habitantes más pobres del planeta.

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