Ha sido la cuarta movilización en secuencia desde el pasado 29 de mayo y se registraron actos en más de 400 municipios de 20 estados, además de Brasilia, capital federal. También hubo manifestaciones en el exterior, con imágenes circulando en las redes sociales.

No existen números oficiales de manifestantes, y es natural que los organizadores inflen las cifras. Pero por el cálculo de cuadras totalmente colmadas por manifestantes se puede afirmar que, al menos, 400 mil personas marcharon contra el gobierno, destacadamente para las dos mayores capitales brasileñas, São Paulo y Río de Janeiro, con al menos 80 mil personas en la primera y 70 mil en la segunda.

No hubo registro de incidentes. Además de fuera Bolsonaro  y fuera genocida, hubo pancartas y gritos denunciando la corrupción en el Ministerio de Salud, exigiendo vacuna anti-Covid para todos, denunciando la devastación de la Amazonia y pidiendo la salida de los militares del gobierno.

Los gritos de no al golpe eran de circulación intensa, en alusión a las amenazas emitidas recientemente por altos mandos militares, empezando por el ministro de Defensa, general retirado Walter Braga Netto.

No hay, al menos de momento, la más mínima perspectiva de que prosperen en la Cámara de Diputados los 126 pedidos de enjuiciamiento a Bolsonaro, para quitarlo del sillón presidencial.

En un rápido juego de cooptación, el presidente abrió de par en par las ventanas para que los partidos de derecha agrupados en lo que se conoce como gran centro se apoderasen de tajadas jugosísimas de poder, léase, puestos y presupuestos. Con ello, bajó al mínimo la posibilidad de que se le haga un juicio político, pese a las evidencias y pruebas de que cometió al menos 26 crímenes de responsabilidad que, acorde con la Constitución, lo apartarían del mandato.

Las últimas maniobras del ultraderechista demuestran que él y sus asesores directos (o por lo menos estos últimos) se han dado cuenta del peso y el tamaño del peligro que ronda sobre sus cabezas.

En tanto, en la medida que avanzan los trabajos de la Comisión de Investigación en el Senado sobre la conducta del gobierno y su responsabilidad sobre la pandemia de Covid-19 que hasta ahora cobró casi medio millón de vidas, la imagen de Jair Bolsonaro se derrumba a velocidad olímpica y su desgaste aumenta a cada día.

Frente a ese cuadro, altos jefes militares, como el ministro Braga Netto, de Defensa, y los tres jefes máximos de Marina, Fuerza Aérea y Ejército se movilizaron en dos direcciones.

Una, la misma Comisión, dejando claro que no admitirán denuncias formales contra los militares retirados y activos que, impuestos en el Ministerio de Salud participaron en desviaciones de recursos, retraso en las negociaciones oficiales para la adquisición de antígenos y altas, altísimas maniobras de corrupción.

Sobran evidencias concretas, y tales maniobras se dieron en alianza con algunos exponentes parlamentarios aliados a Bolsonaro. Además, hay indicios de participación de dos de sus tres hijos que actúan en política.

El otro foco de amenazas de los militares fueron las elecciones generales del año próximo.

Haciendo eco a lo que reitera el presidente ultraderechista, los uniformados dicen que, a menos que se imponga un sistema de votación auditable, o sea, por células de papel remplazando el sistema electrónico, no habrá elecciones.

Vale recordar que desde que se implantó el actual sistema, en 1996, nunca hubo una denuncia de fraude que fuera comprobada. Jair Bolsonaro sacó del bolsillo esa exigencia, a sabiendas de que, en primer lugar, el Tribunal Superior Electoral la rechazaría; en segundo, que la propuesta tiene escasísimas posibilidades de ser aprobada en el Congreso, y tercero, que sus oportunidades contra Lula da Silva en 2022 son las mismas de que en el Sahara dromedarios monten guardias de honor en su homenaje.

La tensión proseguirá su escalada, los riesgos de que su derrota en 2022 provoque conflictos violentos persistirán, los choques entre políticos de larga tradición de corrupción y militares impuestos en cargos de poder crecerán. Y Bolsonaro seguirá dando muestras cotidianas de total desequilibrio y ausencia total de lazos con la realidad.

Al menos de momento, no hay nada qué hacer, excepto salir a las calles como se vio ayer, con la tenue esperanza de que cuanto más movilizaciones haya, habrá más posibilidades de que el Congreso cambie su posición moralmente inmunda y políticamente suicida, y deje de proteger al genocida en el poder.