En Bolivia el proceso democrático sufrió una convulsionada interrupción en noviembre de 2019. Para los partidos y organizaciones que nunca vieron con agrado a los indígenas en el gobierno, la violencia desplegada estaba justificada por el supuesto “fraude” que el MAS había cometido en las urnas. Para los conductores del llamado proceso de cambio y los movimientos sociales, se trató de un golpe de Estado. El debate sobre ambos puntos de vista puede ser eterno, pero solo un aspecto, de los varios que hay, inclina la balanza a favor de la tesis del golpe de Estado: la entonces senadora Jeannine Añez era la segunda vicepresidenta del Senado y ante la renuncia de la presidenta de esa instancia, Adriana Salvatierra, primero tenía que ser electa presidenta del Senado y recién, y solo recién, podía asumir la presidencia de ese país en cumplimiento de lo que establece la CPE en materia de sucesión. Sin embargo, eso no ocurrió, no hubo quorum en el Senado y la sesión no se instaló, pero igual Añez se autoproclamó presidenta de Bolivia.

La Unión Europea, los Estados Unidos y el Brasil se hicieron de la vista gorda y reconocieron de inmediato a la presidenta de facto. En realidad, fueron los que avalaron esa irregularidad constitucional en negociaciones realizadas en una universidad privada de sello católico. Otorguemos, para no ser ingenuos, el beneficio de la duda y pensemos que quizá no tenían otra alternativa para superar la crisis política. Lo grave es que más de ocho meses después ni la UE ni los EE.UU. muestren algo de malestar sobre el tiempo prolongado que lleva el gobierno al que se suponía de transición y peor aún que, sobre todo la UE, estimule a que la situación se quede así por un tiempo más largo. Lo que se sabe es que su actual representante, Leo de la Torre, fue el más afanado para legitimar la presidencia de Añez y lo que se observa ahora es su sospechosa pasividad ante los anuncios de postergación de las elecciones y ante la violación de derechos humanos de decenas de personas detenidas por causas políticas, y la retención de siete ex autoridades del gobierno de Morales a quienes se les niega salvoconductos para salir del país rumbo a México, en clara transgresión del derecho internacional al asilo. Lo paradójico es evidenciar la gran actividad de UE y EE.UU. ante hechos que suceden en Venezuela o en Nicaragua y que desde sus perspectivas consideran irregulares, ilegales e inconstitucionales, y que desvíen su mirada ante lo que pasa en Bolivia. Contra los dos países gobernados por la izquierda saltan de inmediato, amenazan con medidas sancionatorias y de hecho las toman. Frente a las amenazas de cárcel que el ministro Murillo profiere todos los días contra militantes del MAS, interviene físicamente una clínica de propiedad del Estado cubano y acosa a toda persona sospechosa de ser masista, los funcionarios de EE.UU. y la UE prefieren mantener una actitud de clara complicidad. Esas delegaciones diplomáticas tendrán que responder algún día por su complicidad con la dictadura boliviana.

Es verdad que la pandemia se ha disparado en Bolivia y que el gobierno de facto es su mayor responsable porque privilegió la represión del MAS y de los movimientos sociales, y careció de un plan coherente para enfrentar y controlar el coronavirus. Pero también es verdad que el tiempo de la transición ya se agotó debido a la decisión de Añez de presentar su candidatura. El combate a la pandemia no puede negar el derecho a que los bolivianos elijan a sus gobernantes por la vía de las urnas.

¿Hasta cuándo EE.UU. y la UE serán cómplices de un gobierno de facto que no se quiere ir, que reprime a los movimientos sociales y que genera pánico psicológico en la población mediante la manipulación del Covid-19?