La Paz., Organizaciones sociales bolivianas realizarán el 12 de octubre una gran movilización en Cochabamba y una marcha en La Paz en defensa de la wiphala (bandera indígena), anunció ayer el líder del Movimiento al Socialismo (MAS) Evo Morales.

Ambas acciones populares reivindicarán, además, la democracia, la patria y el apoyo al gobierno del mandatario Luis Arce, añadió el ex presidente del país y dirigente de las Federaciones del Trópico, en entrevista con radio Kausachun Coca.

Cada uno los participantes acudirá con su respectiva wiphala, en señal de protección a ese símbolo patrio, agraviado el 24 y el 29 de septiembre por seguidores del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.

La concentración rechazará las provocaciones de sectores cívicos de derecha que anunciaron un paro tras la convocatoria judicial a Camacho para explicar su papel en el golpe de Estado de 2019.

Morales advirtió que los sectores cívicos leales al político y ex candidato presidencial tienen cierta presencia citadina y representan a sectores de la derecha, de la cual son sus grupos operativos.

Los insultos a la wiphala, uno de los símbolos patrios reconocidos por la Constitución, comenzaron cuando Camacho y algunos partidarios la bajaron del mástil el 24 de septiembre en el acto por el 211 aniversario del Grito Libertario de Santa Cruz.

La enseña de los pueblos originarios de los Andes sufrió otra afrenta el día 28 por un grupo de asambleístas del partido Creemos, dirigido por Camacho, que la retiraron otra vez de su lugar en la oficina de gobierno cruceña.

Áñez seguirá en prisión

La justicia decidió ampliar cinco meses más la detención preventiva de la ex presidenta de facto Jeanine Áñez por cargos de terrorismo, sedición y conspiración en el contexto del denominado caso golpe de Estado.

La medida afecta también a los ex ministros de Justicia Álvaro Coimbra, y de Energía Rodrigo Guzmán, quienes permanecen detenidos en la cárcel de San Pedro, en la Paz, acusados de los mismos delitos.

Marcelo Valdes, abogado que presentó la denuncia contra Áñez tras la crisis poselectoral de 2019, que derivó en el golpe de Estado contra Morales, lamentó la decisión, al considerar que el caso requiere de más tiempo de investigación.

Vamos a apelar, tenemos 72 horas, y lo haremos por escrito. Consideramos que la pesquisa es muy compleja y falta que declaren muchos de los que han participado. La resolución debía indicar seis meses, no sólo cinco, comentó el abogado, reportó La Razón.