El centro de gravedad de América Latina se irá trasladando en las próximas semanas a Bolivia, donde la principal incógnita pasa por ver si finalmente habrá elecciones libres y transparentes que ayuden a recuperar la democracia desgarrada en noviembre pasado. El Día D ahora es el 18 de octubre. Con el MAS arriba en todas las encuestas, la derecha logró un nuevo aplazamiento mientras presiona por proscribir a su candidato Luis Arce. Es lógico: nadie da un golpe de Estado para después entregar mansamente el poder a quienes sacaste por la fuerza.

Tienen una buena coartada: el desastre que está provocando la pandemia. Hospitales colapsados y gente muriendo en las calles son el rostro más crudo de un sistema de salud desmembrado. La curva de contagios sigue creciendo y, por si le faltaba algo a la convulsionada actualidad boliviana, el positivo de Covid-19 alcanzó a la propia presidenta de facto, a siete ministros, seis viceministros, al jefe de las Fuerzas Armadas y a una docena de legisladores y legisladoras. De las múltiples crisis que envuelven el país, la sanitaria se torna indisimulable. Ni los medios que acompañaron el derrotero golpista pueden invisibilizar las imágenes de personas desesperadas por no encontrar dónde atiendan a sus familiares contagiados ni dónde enterrarles cuando fallecen. Mientras, se hizo cargo del Ministerio de Salud el titular de la cartera de Defensa, Luis Fernando López; un militar sin experiencia sanitaria gestionando una pandemia, igualito que en el Brasil de Bolsonaro. Las respuestas oficiales oscilan entre los llamados a oraciones religiosas y explicaciones tragicómicas como la del ministro de Gobierno Arturo Murillo: “Mucha gente se está muriendo por simple ignorancia”. El panorama no toma dimensión de tragedia porque durante el gobierno de Evo Morales la inversión en salud (ahora paralizada) se incrementó 360%, se duplicaron los puestos de trabajo en el sector y se construyeron 1.062 establecimientos de salud.

Pero no es la emergencia pandémica la que llevó a Jeaninne Áñez, Jorge “Tuto” Quiroga y Luis Fernando Camacho a apelar a la OEA para seguir dilatando las elecciones (la misma OEA de Luis Almagro que los ayudó a consumar el golpe), sino los números de los sondeos: entre las tres candidaturas de la ultraderecha no llegan al 20% y, pese a las persecuciones, encarcelamientos y exilios, el MAS aparece con buenas chances de ganar en primera vuelta si logra frenar la arremetida por proscribir a su candidato Luis Arce. El tablero electoral se completa con el ex presidente liberal Carlos Mesa, que aspira a llegar al balotaje apoyado por la clase media paceña (en las fallidas elecciones de octubre pasado quedó 10,3 puntos debajo de Evo Morales) y que por ahora no aceptó aliarse con esos sectores más extremistas de la oligarquía santacruceña.

Es que el descontento con la gestión de Añez y su grupo es cada vez más amplio. Por las múltiples denuncias de corrupción -como la millonaria compra de insumos médicos y respiradores a sobreprecio-, pero sobre todo por el desamparo en el que dejaron a la población ante el arrasador impacto económico del coronavirus. En un país con el 70% de informalidad laboral y tras un aluvión de despidos, el desempleo trepó al 8,1%, casi el doble de lo que dejó Evo Morales cuando Bolivia ostentaba la cifra más baja de América Latina.

Por eso también Luis Arce viene pisando fuerte. Además de su perfil “moderado”, fue el ministro de Economía durante casi todo el gobierno de Evo. ¿Quién mejor para timonear la crisis post pandemia que quien fuera el cerebro de un modelo de innegable recuperación y estabilidad económica?

Si hay una palabra que define el devenir de esta historia es la incertidumbre. Todo puede pasar en las próximas jugadas. La derecha boliviana, siempre tutelada desde el Norte, apuesta otra vez a patear el tablero. El MAS denunció que “se ha desatado una campaña que pretende presionar al TSE con el objetivo de cancelar nuestra personería jurídica”. Además se declaró “en estado de emergencia ante este nuevo intento de proscribir a nuestros candidatos”. Los movimientos sociales y sindicales ya están en las calles para impedirlo. Luego de una gran demostración de fuerzas en todo el país el martes pasado, el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, Juan Carlos Huarachi, advirtió: “Los trabajadores vamos a hacer cumplir que el 6 de septiembre sí o sí se hagan las elecciones. Vamos a defender la democracia”.

De eso de trata la batalla que se viene en Bolivia, de recuperar la democracia perdida.