Luis Alberto Arce Catacora

Hacia el año 2005 Bolivia era una de los países más pobres de Latinoamérica, con índices de pobreza extrema muy cercanos a 40 por ciento, una concentración del ingreso en pocas manos medida por el índice Gini de 0.60 –uno de los más altos de Sudamérica–, el salario mínimo nacional boliviano era el más bajo de la región (54 dólares), una diferencia de 128 veces entre el 10 por ciento más rico versus el decil más pobre de la población y la esperanza de vida al nacer de 63.5 años era la más baja de Sudamérica, muy lejos de la inmediata anterior que era Paraguay con 71.2 años.

Asimismo, desde agosto de 1985 Bolivia había adoptado el modelo neoliberal, que básicamente se resume en la aplicación del libre mercado interno y externo, liberalización del mercado de trabajo, privatización de las empresas públicas y de los recursos naturales tales como el gas y los minerales.

La tasa de crecimiento promedio del periodo neoliberal 1985-2005 era apenas de 3 por ciento y en todo ese lapso Bolivia nunca encabezó en la región este indicador y por el contrario mostró cifras inferiores al promedio de todos los países de la región.

En casi 15 años de gobierno democrático en Bolivia la aplicación de un modelo económico propio deja un país totalmente cambiado. Por una parte, Bolivia pasó a liderar por seis años la tasa de crecimiento económico en Sudamérica con un promedio de 5 por ciento entre 2006 y 2018, pese al entorno internacional desfavorable, con descensos importantes del precio del petróleo, gas y los minerales, estos últimos principales productos de exportación bolivianos.

De la misma manera, Bolivia presentaba en 2018 la tasa de desempleo más baja de la región, con una considerable reducción del Gini a 0.46 y también encabezando la reducción de la tasa de pobreza extrema, que en 2018 llegó a sólo 15 por ciento, el salario mínimo nacional en 2019 alcanzó 305 dólares, superando ya a varios países de la región. Asimismo, la diferencia entre los más ricos y los más pobres bajo de 128 a sólo 40 veces en 2017 y la esperanza de vida subió a 73.5 años.

Los indicadores financieros reflejaban mucha estabilidad macroeconómica: inflación controlada, estabilidad del tipo de cambio, sostenibilidad de la deuda externa e interna, reservas internacionales en niveles adecuados, el retorno de la población al uso de la moneda nacional (desdolarización) y un sistema financiero sólido que contribuía por medio del crédito productivo al aumento de la producción especialmente de las micro y pequeñas empresas.

Tras el golpe, y dada la composición del gobierno de facto y sus medidas, claramente se ve una tendencia por retornar al modelo neoliberal y a la distribución del botín de las instituciones estatales en función de los intereses de cada uno de los sectores que participaron en la asonada.

Si en el pasado claramente el neoliberalismo fue tras los recursos naturales bolivianos, especialmente el gas y los minerales, hoy el objetivo es el control del litio y toda su cadena de industrialización.

Parece que existe una campaña para desprestigiar y quebrar a las empresas públicas estatales para que luego, entregar éstas y los recursos naturales a la iniciatriva privada nacional e intereses extranjeros.

Pero este cambio de gobierno no será sin costo, especialmente para las clases medias. Claramente desde las pasadas elecciones la economía empezó a de-sacelerarse en medio de una enorme incertidumbre, producto de los bloqueos de los comités cívicos y la manera que el gobierno de facto enfrentó las movilizaciones de los sectores populares a favor de Evo, ya que por una parte el desabastecimiento y los precios domésticos se incrementaron afectando el bolsillo de la población, las dudas sobre el futuro de la economía en manos del actual gobierno de facto generaron retiros de depósitos en el sistema financiero, el fantasma de la dolarización reapareció y rumores de devaluación mermaron las reservas internacionales del Banco Central.

Por otra parte, tener a los militares y policías en las calles reprimiendo los movimientos sociales, en conjunto con los puentes aéreos que se realizaron para garantizar el abastecimiento de productos y alimentos, principalmente a la ciudad de La Paz, han presionado a un mayor déficit fiscal, con sus efectos sobre las fuentes de financiamiento.

Adicionalmente, el gobierno de facto, que se suponía era transitorio y cuya principal función era llevar adelante las elecciones generales, echaron a embajadores, cónsules y demás personal de las embajadas y los sustituyeron por personal afín, con el consecuente incremento innecesario del gasto público, que junto con otros gastos injustificados presionan sobre el déficit fiscal que posiblemente rebasará 9.5 por ciento del producto interno bruto, que representaría el déficit fiscal más alto desde la década de los 80 del siglo pasado.

Estos hechos sin duda van a afectar el desenvolvimiento de la economía boliviana desacelerándola, con sus negativas consecuencias sobre el empleo, el ingreso de los bolivianos, incluidos los de las empresas privadas bolivianas de todo tamaño y Bolivia dejará de encabezar la tasa de crecimiento de la región.

https://www.jornada.com.mx/2019/12/29/opinion/018a1mun

Bolivia en la tragedia de América Latina

Alejandro Nadal

El proceso de cambio social iniciado por la victoria de Evo Morales hace 14 años estuvo apuntalado por una victoria política de las clases explotadas en la sociedad boliviana. El triunfo electoral casi no cuenta con paralelismos en los procesos de lucha en la región. La vía a un socialismo al estilo Bolivia parecía quedar despejada.

Ese triunfo político coincidió con lo que se ha denominado el superciclo de los commodities. A partir de 1995, el índice de precios de las materias primas aumentó espectacularmente. Eso permitió a gobiernos, como los de Kirchner, Lula, Correa y Evo Morales, mantener ingresos fiscales suficientes para soportar los programas sociales que eran la médula de su estrategia económica y que ayudaron a la gente que había sido más abandonada durante la larga noche del neoliberalismo. Los programas brasileños, como el de Cero Hambre y Bolsa Familia, tuvieron su paralelismo en los distintos bonos que el gobierno entregaba puntualmente a Bolivia.

Esos programas sociales constituyeron un respiro para la gente que recibía los pagos. No sólo se trataba de una ayuda material para sobrellevar la pesada carga cotidiana que el castigo neoliberal había impuesto desde hacía años.

También representaban un mensaje de aliento, en el sentido de sentir que alguien por fin se había acordado de las clases más golpeadas, lo que representó una inyección de optimismo y, yo diría, hasta de alegría política.

Sin embargo, en una economía capitalista las fuerzas que mantienen a la gente en la trampa de la pobreza no desaparecen con esas entregas de dinero en efectivo. El otorgamiento de bonos en Bolivia amplió sin duda la capacidad de consumo de los estratos de menores ingresos, pero eso no necesariamente constituye una política redistributiva duradera. Por cierto, esa es una lección que el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador no parece querer entender. Claramente, se requiere algo más y a escala macroeconómica para que esos programas tengan un alcance distinto. Lo que sí es claro es que los programas sociales basados en pagos en efectivo no son sinónimo de una política para el desarrollo.

La industria extractiva siguió jugando un papel clave en la economía boliviana. La estrategia de desarrollo del gobierno de Evo Morales siguió dependiendo de la extracción de algunas materias primas claves. El oro, el zinc y el gas llegaron a representar cerca de 65 por ciento de las exportaciones totales. Es cierto que el gobierno de Evo Morales procedió a nacionalizar el sector hidrocarburos (las grandes compañías trasnacionales permanecieron como los grandes operadores del sector). Y también es cierto que los impuestos y regalías que el gobierno pudo renegociar con esas compañías le permitieron alimentar sus programas sociales y ciertos proyectos de inversión. Pero una estrategia basada en las exportaciones de materias primas tenía que verse afectada tarde o temprano por las variaciones de precios de esos productos. Tal como lo previó Raúl Prebisch hace ya más de seis décadas, los ciclos de precios de las materias primas son un enemigo mortal del proceso económico en América Latina (y eso vale para cualquier país que sea dependiente de los mercados de commodities). Bolivia no es una excepción, y cuando el superciclo de los commodities terminó por la crisis de 2009 los efectos negativos no tardaron en dejarse sentir.

En el terreno de la minería, las cosas tomaron un cauce todavía más complicado. Una parte de la industria minera siguió en manos de grandes empresas trasnacionales, mientras otro segmento estuvo explotado por cooperativas mineras. Ahí las contradicciones fueron de otra índole. Una parte del sector se opuso a la sindicalización de los trabajadores, lo que llevó a violentos enfrentamientos. En otras localidades muchas comunidades se opusieron a los grandes proyectos mineros, con sus secuelas de contaminación y destrucción. Detrás del mito sobre la protección de los derechos de la Pachamama en la Constitución, Bolivia siguió siendo un territorio devastado por las secuelas del extractivismo (éste es uno de los países más contaminados del mundo por mercurio).

Evo Morales obtuvo 61 por ciento de los sufragios en las elecciones de 2014. Pero en el referendo de 2015, para reformar la Constitución y permitirle postularse una cuarta vez, Evo fue derrotado. Grave error político cometió Evo cuando buscó por otros medios dar la vuelta a ese resultado negativo. Además de las contradicciones que ya experimentaba el modelo boliviano, este error abrió las puertas al golpe por una oposición que nunca abandonó su odio al presidente indígena y todo lo que representaba.

Hoy, América Latina sigue atrapada en una inserción defectuosa en la economía mundial. Habiendo abandonado el proyecto de industrializarse desde la década de los años 80, Latinoamérica sigue siendo prisionera de una tragedia que se llama extractivismo. Y las donaciones en dinero a los más pobres pueden ser un paliativo, pero no constituyen una estrategia de desarrollo ni un proyecto redistributivo duradero.

https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2019/11/13/bolivia-en-la-tra…