La Paz. El ex jefe del Estado Mayor de las fuerzas armadas de Bolivia, Pablo Arturo Guerra, fue detenido ayer en el contexto de la investigación de las matanzas de manifestantes en Sacaba y Senkata de 2019, cuando fueron reprimidas protestas contra el gobierno golpista de Jeanine Añez, tras el derrocamiento del presidente Evo Morales, informó el diario La Razón.

El militar acudió a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen a esperar la celebración de su audiencia, donde la justicia boliviana decidirá si le impone prisión preventiva.

El fiscal asignado al caso, Fabio Maldonado, detalló que se imputará formalmente a Guerra en las próximas horas.

La represión de las protestas en la crisis poselectoral de Bolivia de 2019 en Sacaba y Senkata dejó más de 25 muertos y un centenar de heridos. Expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se desplazaron al país latinoamericano para investigar las muertes en esas localidades ubicadas en Cochabamba y El Alto, respectivamente. En un informe preliminar, la CIDH ya calificó la represión en ambas ciudades de masacres.

El informe final del grupo especial de la CIDH será publicado en los primeros días de agosto, confirmó ayer el gobierno del presidente Luis Arce. A partir de la entrega del documento, el gobierno de Bolivia tiene 10 días hábiles para revisarlo. Esa revisión no implica que se pueda hacer algún cambio, es simplemente tomar conocimiento y poder precisar, dijo el ministro de Justicia, Iván Lima.

Apuntó que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la CIDH, que hizo la investigación, puede aceptar o rechazar las eventuales observaciones del gobierno y que, en todo caso, el informe oficial será publicado inmediatamente antes o después del día del aniversario nacional, el 6 de agosto.

Los expertos internacionales investigaron la violencia política entre septiembre y diciembre de 2019, periodo que abarca las elecciones generales de ese año –ganadas por Evo Morales (2006-2019) y luego anuladas por denuncias de fraude–, la renuncia forzada del gobernante y la instalación del gobierno de facto de Áñez (2019-2020).

Ambas matanzas ocurrieron después de que Áñez firmó un decreto que ordenó la intervención de las fuerzas armadas en represión de manifestaciones, eximiendo anticipadamente a los militares de eventuales responsabilidades penales.