Adelina Ibáñez recuerda un pasillo oscuro y una habitación iluminada de rojo; parir a un niño «al primer dolor» sin ayuda, tocarle con la mano la cabeza y la espalda; pedir auxilio a los médicos y que le colocaron una máscara que la dejó inconsciente. Después de despertarse, ya no volvió a ver a su hijo. Los médicos de la clínica Santa Cristina de Madrid le dijeron que el bebé había muerto y no le permitieron enterrarlo, según afirma. Pero ella sostiene desde hace 44 años que se lo robaron en octubre de 1975 para entregarlo a otra familia. El suyo es el segundo caso de bebés robados que llega a los juzgados. El inicio del juicio, sin embargo, se ha aplazado por tercera vez e Ibáñez teme quedarse ya sin fuerzas.

La mujer, de 73 años, va siempre con tubo de oxígeno. Tiene insuficiencia respiratoria y sordera crónica. Pero desde hace cuatro décadas no para de buscar a su hijo. «Me lo robaron», defiende por teléfono desde un hospital en Cartagena (Murcia) donde está ingresada temporalmente por las dificultades «graves» que tiene para respirar y que empeoran en los meses de otoño.

Cuando quedó embarazada en 1975, acudió a la Maternidad Santa Cristina, en la calle de O’Donnell (Madrid), una clínica ya desaparecida. Era madre de dos hijas y se había divorciado hacía poco de su marido. Tenía una nueva pareja, pero no estaba casada: «Me dio un sofocón, porque entonces era un delito». Una amiga le recomendó ir a la clínica Santa Cristina. «Allí hay una monja que ayuda mucho con estos casos», dice que le contó. Era María Gómez Valbuena, sor María.

La monja, explica Ibáñez, fue «cariñosa» con ella al principio. Pero en uno de sus encuentros empezó a pedirle que diera el niño en adopción porque el bebé «nacía del pecado». Ibáñez se negó y sor María «ardió en cólera y se puso roja como un diablo», relata la mujer.

El día que empezó con el trabajo de parto, la llevaron a una habitación y le dijeron que si le venía un dolor jadeara porque no podían atenderla en ese momento. «Pero soy muy rápida pariendo», explica. El bebé, según recuerda, nació enseguida. Era 27 de octubre de 1975. «Toqué a mi hijo: la cabecita, la espaldita, los piececitos, las manitas». Estaba muy nerviosa y pedía socorro.

Según Ibáñez, los médicos la trasladaron a «una especie de quirófano», la anestesiaron y se llevaron al recién nacido. Cuando despertó, le pidieron que firmara unos papeles para autorizar una transfusión de sangre para el niño, que supuestamente había nacido prematuro –en los registros consta que pesó 3,2 kilos–, y dos días después le dijeron que el bebé había fallecido. Pero ella asegura haber visto a la monja entregarle el niño a otra familia.

Ibáñez amenazó con denunciarla: «Me dijo que me fuera o llamaban al loquero y en cinco minutos acababa en el manicomio». Aun así, lo hizo, pero el trámite no prosperó. 35 años después, la mujer se enteró de una reclamación colectiva por casos similares al suyo y, en 2013, volvió a denunciar.

Guillermo Peña, abogado de la asociación SOS Bebés Robados, explica que la denuncia se basó en la historia clínica de la mujer y los libros de registro de la clínica: «Cotejamos los documentos y consta que ella da a luz a un niño vivo a las 5.50 horas de la madrugada con constantes adecuadas. Que lo inscriben como Víctor Manuel, aunque ella quería que se llamara Bruno. No pasa a ningún otro sitio, ni a la UCI, ni al departamento de neonatos… se pierde, se desvanece como un fantasma».

Rastrearon, entonces, más de 200 certificados de nacimiento que se emitieron esos días. Dieron con el acta de un niño llamado Víctor Manuel firmado por el exdirector de la clínica Santa Cristina, José Zamarriego, pero para entonces la fase de instrucción se había agotado y no consiguieron imputar al médico. Sor María, que para la acusación particular es la presunta autora material de la sustracción, había fallecido y la única persona que quedaba era el ginecólogo que supuestamente asistió el parto, Joaquín Botija, de 74 años.

La firma del ginecólogo aparece en los papeles que Ibáñez ha guardado todo este tiempo. La acusación ha conseguido sentar a Botija en el banquillo y pide para él ocho años de prisión por presunta falsedad en un documento público oficial, suposición de parto y de estado civil. La Fiscalía, en cambio, pide la absolución porque considera que no ha quedado acreditado que Botija atendiera al recién nacido. Este periódico intentó hablar con el letrado de la defensa el día de la vista suspendida y este se negó.

«Si tengo que venir en camilla, también vengo»

En octubre, Ibáñez se presentó en los juzgados de la Audiencia de Madrid en silla de ruedas y se puso de pie para atender a los medios. «Si tengo que venir en camilla, también vengo. Tengo que luchar por mi dignidad y por la de todas las madres a las que les han robado un hijo», dijo en alto. Ese día el ginecólogo Botija no se presentó en los juzgados por problemas de salud. Estaba solo Zamarriego, que había sido citado como testigo y que en los pasillos de los juzgados hablaba con ironía por la edad avanzada de denunciantes y acusados: «Pronto tendrán que poner camillas».

El arranque se aplazó hasta el martes y, una vez más, se ha suspendido porque la defensa del médico ha alegado que Botija no puede interrumpir el tratamiento médico. La Audiencia de Madrid no ha fijado aún una nueva fecha y el abogado Peña explica que el plazo depende ahora «de criterios médicos». «Cualquier desenlace es posible», lamenta.

El juicio, que tendría que haber empezado el 12 de noviembre, es el segundo que juzga un caso de estas características en España. El primero fue el de Inés Madrigal, que sentó en el banquillo al doctor Eduardo Vela en 2018. Madrigal fue entregada a una familia en 1969 «fuera de los cauces legales», según determinó el tribunal en la sentencia que encontró a Vela responsable. Pero el ginecólogo del sanatorio San Ramón de Madrid fue absuelto por prescripción y falleció el pasado octubre. Son las trabas con las que se encuentran casos como estos: la avanzada edad de los acusados y la prescripción de los delitos.

En julio, sin embargo, Madrigal encontró a través de un banco de ADN estadounidense a sus hermanos biológicos, que aseguran que su madre la entregó en adopción voluntariamente. La Fiscalía solicitó entonces excluir como hecho probado de la sentencia histórica «el robo de un bebé y con ellos el delito de detención ilegal». El Tribunal Supremo ahora debe emitir la sentencia firme de proceso.

Si el Supremo atiende el recurso del Ministerio Público, los denunciantes de bebés robados podrían volver a la casilla de salida. Otro revés para las asociaciones llegó cuando un informe del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de 2017 descartó la existencia de una «trama» después de realizar 120 exhumaciones a presuntos bebés robados. Recientemente, sin embargo, el encuentro de una madre – a la que le habían dicho que su niña había muerto– con su hija –que se enteró que era adoptada a los 42 años– ha abierto nuevas posibilidades para los denunciantes.

Peña reconoce que el avance «es lento». «Es muy difícil juzgar a una persona octogenaria. Si el Estado no colabora, esto será una incógnita que pase de generación en generación». Peña hace una salvedad: «Esto no es solo una secuela del franquismo. Con los niños de nadie, entre comillas, se ha traficado toda la vida».

El tiempo pasa y el juicio no comienza. «La Justicia no hace justicia. Si el señor [Botija] se muere, la culpable es la Justicia», se queja Ibáñez. La mujer todavía guarda un poco de esperanza tras el último aplazamiento de la vista, aunque cada vez se siente más débil. Quiere que el Estado busque a su hijo porque ella no tiene «más fuerzas» y no quiere morirse sin verlo. Su anhelo es que su hijo, que ahora tendría 45 años, la vea en una fotografía en la prensa o en las redes sociales y se identifique en su rostro: «Pero se tiene que dar mucha prisa para que yo esté viva».