“Esperar a que se produzca una crisis de primer orden o estado de shock, y luego vender al mejor postor los pedazos de la red estatal a los agentes privados mientras los ciudadanos aún se recuperan del trauma, para rápidamente lograr que las ‘reformas’ sean permanentes”. Así define Naomi Klein a la doctrina del shock, un concepto que da título a uno de sus más importantes trabajos, y que serviría también para explicar la política llevada a cabo durante estos meses de pandemia en la Comunidad de Madrid.

La doctrina de Ayuso está cumpliendo paso por paso lo explicado por Klein: aprovechar una crisis para poner en marcha acciones que en otro momento serían inconcebibles, con el objetivo de “mantenerlas vivas y activas hasta que lo políticamente imposible se vuelva políticamente inevitable”, tal y como explicó Milton Friedman, uno de los fundadores de la Escuela de Chicago, máximo exponente del pensamiento económico neoliberal.

No es la primera vez que la Comunidad de Madrid se convierte en un laboratorio del neoliberalismo. Según Pedro Ramiro, coautor del libro A dónde va el capitalismo español (Traficantes de Sueños, 2019), “Ayuso resucita lo peor del neoliberalismo madrileño de los últimos años. Es volver al aguirrismo”. El investigador del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) considera que “es bastante razonable hablar de doctrina del shock: aprovechar la crisis para privatizar cualquier servicio público como la limpieza de hospitales, los comedores como vimos con Telepizza, el servicio de los rastreadores… Es una transferencia de lo público a manos privadas que ya hemos visto otras veces en el PP y que ha servido para beneficiar a amigos empresarios”.

Cambios en la Ley de Suelo

Ha sido uno de los últimos anuncios del Gobierno de la CAM: “Cambiamos la Ley del Suelo para suprimir licencias y liberalizar el sector urbanístico”, explicaba el Ejecutivo regional en redes sociales. Según ha apuntado la consejera de Medio Ambiente Paloma Martín en una rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, se trata de dar “mayor capacidad de acción a las empresas mediante la eliminación de trabas administrativas y la flexibilización de medidas que les permitan por sí mismas en condiciones de libertad y competitividad”.

Según Martín, la modificación en la Ley de Suelo tiene también el objetivo de permitir que los ciudadanos “ahorren tiempo y dinero” y que los jóvenes que quieran comprar su primera vivienda no tengan que esperar “8 o 10 meses para que el ayuntamiento emita la licencia de primera ocupación”. De esta forma, se eliminarán una parte de las licencias urbanísticas por declaraciones responsables de los individuos.

Para Pedro Ramiro, esta medida se enmarca en dentro de la intención de reactivar un nuevo ciclo inmobiliario después de que el turismo se haya visto tocado de muerte. “Varias comunidades autónomas están poniendo en marcha nuevas regulaciones. ¿Cómo? Quitando impedimentos ambientales, como ha pasado en la Junta de Andalucía, en Murcia, en Baleares o en el País Valencià. Y la Comunidad de Madrid es punta de lanza del neoliberalismo como en los últimos 30 años”, explica el investigador. A su juicio, con esta medida se favorece a las promotoras inmobiliarias, que son las que ya tienen obra construida y tienen que darle salida: “Van a poder saltarse toda la regulación firmando una simple declaración responsable”, denuncia.

Privatización del servicio de rastreo de la COVID-19

Telefónica e Indra, empresas que cotizan en el IBEX 35, son las encargadas de llevar a cabo el seguimiento de contactos de la COVID-19 y el estudio de seroprevalencia. Así lo adelantó El Boletín, que informó que la UTE Indra BPO-Indra-Telefónica consiguió la adjudicación de un contrato por valor de más de 421.000 euros por la vía de emergencia y sin publicidad. Tanto Telefónica como Indra ya se ocupan del servicio de mantenimiento y gestión integral del Centro de Atención Personalizada (CAP).

El contrato fue desvelado en un momento en el que crecían las críticas hacia la CAM debido a la supuesta deficiencia en los rastreos en la región. Mónica García, médica y diputada de Más Madrid en la Asamblea madrileña aseguraba que “la Comunidad ahora mismo es de las regiones que menos ha invertido en rastreadores y en asegurar la vigilancia epidemiológica”, a pesar de estar considerada como uno de los puntos candentes de la epidemia en España.

Por esas fechas, Madrid contaba solo con 180 rastreadores, menos de la mitad de lo prometido (400). El pasado 28 de julio, la CAM anunció que “durante esta semana se duplicará el número de rastreadores disponible hasta alcanzar los 360 y se creará una bolsa a demanda”. Un aumento a contrarreloj que sigue sin llegar a la cifra prometida en mayo.

En una nota de prensa firmada por cinco organizaciones diferentes, entre las que se encuentra la Asociación Madrileña de Salud Pública, se denuncia que “para una población como la de Madrid harían falta entre 800 y 1200 personas para esta tarea”, por lo que la cifra anunciada por el Gobierno regional sigue siendo insuficiente: “Esperar a que haya un repunte importante de casos para contratar más personal no es una opción válida, porque supone actuar cuando la transmisión comunitaria ya es importante, lo que impide contener los brotes sin recurrir a otras medidas más duras”, explican en el comunicado.

50 millones de euros para un hospital de pandemias

“Innecesario”. Así considera el epidemiólogo Pedro Gullón, coautor de Epidemiocracia (Capitán Swing, 2020), que es el hospital de pandemias anunciado por Díaz Ayuso y cuyas obras comenzaron a principios de junio. Su construcción costará unos 50 millones de euros y contará con unos 40.000 metros de instalaciones. Mientras que otros hospitales están plagados de deficiencias y la atención primaria tirita en la región, la CAM ya ha escogido a las 14 empresas que serán las encargadas de levantar el proyecto. Entre ellas se encuentran algunas como Dragados, SA, propiedad de Florentino Pérez; San José, SL; Ferrovial Servicios, SAU; o Sacyr Infraestructuras, SA.

Algunas de estas compañías ya resultaron beneficiarias de importantes contratos para el hospital de campaña de IFEMA. Así, el emporio de Florentino Pérez se embolsó 6,7 millones de euros gracias a 35 contratos de limpieza firmados con Clece, una de las compañías del grupo. La diputada de Más Madrid Mónica García señaló en la Asamblea que la limpieza del hospital había costado nueve veces más de lo que cuesta en cualquier otro hospital. Unos costes que consideraba abusivos, al igual que sucedía con el contrato adjudicado a Ferrovial para el mantenimiento de las instalaciones, y que superaba los 400.000 euros. “Han utilizado la pandemia y a los pacientes como coartada para hacer lo único que saben hacer: corromper”, escribía la diputada en redes sociales.

Para Gullón, la construcción del hospital de pandemias se ha llevado a cabo bajo un “criterio electoralista” y “mediático”: “Vende mucho más hacer un hospital que reforzar unos servicios que son invisibles”. El epidemiólogo se refiere a la necesidad de reforzar la atención primaria, “unos servicios que en una crisis como esta se encargan del rastreo y del seguimiento”.

La cartilla COVID: el gran “disparate”

“Disparate” o “despropósito” han sido solo dos de los calificativos que ha recibido la idea de la cartilla COVID-19 que ha anunciado recientemente Isabel Díaz Ayuso. Según explicó la presidenta, el objetivo es “evitar confinamientos” y que las personas que ya hayan pasado la enfermedad puedan “seguir su vida normal” y acceder a lugares en los que no podrían entrar las personas que no hayan pasado el virus. Una idea que podría llegar a ser inconstitucional ya que atenta contra el principio de igualdad y contra el derecho a la intimidad y la protección de datos sanitarios de los pacientes. Y que finalmente fue matizada por el propio vicepresidente Ignacio Aguado asegurando que sería “exclusivamente para uso sanitario”.

Las voces de los expertos saltaron como un resorte en cuanto se conoció la noticia. El especialista en medicina preventiva Adrián Hugo aseguró que la “discriminación por razón de salud” era un “error del pasado”. El ya mencionado epidemiólogo Pedro Gullón definió este pasaporte serológico como “generador de desigualdades” con una  “efectividad nula ante las dudas de la inmunidad”. Por último, el médico Javier Padilla, coautor de Epidemiocracia junto a Gullón, volvió a apuntar hacia la doctrina del shock, de nuevo convertida en la doctrina de Ayuso: “Negociazo para las clínicas privadas, porque recordemos que no se hacen [tests de] anticuerpos en la pública de forma rutinaria”.