La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, junto al director de Telemadrid, José Pablo López.     EFE

El PP pisa el acelerador para tomar el control de la radiotelevisión pública autonómica antes del parón veraniego. La reforma de la ley que rige el funcionamiento de Radio Televisión Madrid (RTVM), que en la práctica implica la caída automática de la actual dirección del ente público, se abordará en el primer Pleno ordinario de la legislatura, marcado para el jueves 8 de julio.

Será el primer texto emanado de las filas conservadoras que se someta a votación en la Asamblea de Madrid en la presente legislatura, solo 19 días después de la segunda investidura de Isabel Díaz Ayuso como presidenta regional. Por el momento, los conservadores cuentan con el no del bloque de izquierdas, que están estudiando la vía judicial. Y su socio prioritario deja, por el momento, su apoyo en el aire. «Todavía no tenemos tomada la posición de nuestro voto», deslizaban este martes desde Vox, cuyos dirigentes no han escondido en los últimos días las dudas que les genera la modificación planteada.

Los cambios en la cúpula de la radiotelevisión pública madrileña, con quien los conservadores han tenido más de un encontronazo durante la pasada legislatura, siempre fueron una prioridad para el Ejecutivo regional. De hecho, solo tres semanas después de la cita con las urnas que otorgó la mayoría a Ayuso, desde la Puerta del Sol se empezó a deslizar que estaban trabajando en una reforma de la norma. Al final, no ha sido el Gobierno, sino su grupo parlamentario, el que ha abierto el melón. Lo ha hecho con una proposición de Ley en la que retocan tres artículos. Uno de ellos, el relativo al director general. El texto reduce de seis a cuatro años el mandato del máximo responsable del ente público, un cambio que, gracias a una disposición transitoria incluída en la iniciativa, provocaría la caída inmediata del actual jefe de Telemadrid, José Pablo López, quien sería reemplazado por un administrador provisional elegido por el Ejecutivo y para cuya ratificación se requiere una mayoría absoluta, frente a los dos tercios que se exigen para nombrar al director general.

La iniciativa se tramitará por el procedimiento de lectura única, lo que agiliza los trámites e impide al resto de grupos parlamentarios registrar enmiendas al texto. Por el momento, los conservadores cuentan con sus 65 votos a favor. Y ya tienen claro el rechazo categórico de los tres partidos del bloque de izquierdas –Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos–. Por lo tanto, todos los focos se sitúan sobre la extrema derecha. El respaldo a la reforma de Vox todavía no está del todo claro. «No tenemos tomada aún la posición», ha señalado este martes el coportavoz del grupo parlamentario de extrema derecha, Íñigo Henríquez de Luna, en la rueda de prensa posterior a la reunión de la Junta de Portavoces, en la que se ha acordado que la modificación normativa impulsada por los conservadores esté presente en el primer Pleno ordinario de la legislatura, el de la próxima semana.

Durante su intervención, quien fuera mano derecha de Esperanza Aguirre antes de su salto a las filas de la formación liderada por Santiago Abascal ha sostenido que la reforma ha sido una iniciativa «unilateral que el PP ha presentado a su cuenta y riesgo», sin pactarla ni negociarla con Vox. Además, Henríquez de Luna ha dejado claro que la «línea roja» de su grupo político es doble. Por un lado, que Telemadrid «no se convierta en un instrumento de propaganda al servicio del Gobierno de turno». Y por otro, que la gestión del ente público sea austera. «Si esos dos condicionantes no se garantizan, lo que solicitamos es que se cierre. […] Si esto no se garantiza nuestro voto, desde luego, nunca va a ser favorable», ha apuntado el coportavoz del partido ultra. No obstante, que Vox no vote a favor no implica que la proposición no salga adelante. Al PP le vale con que no vote en contra junto con el bloque de izquierdas. Es decir, una abstención de sus trece diputados sería suficiente para que la reforma recibiera el visto bueno de la Cámara.

En las últimas semanas, varios dirigentes de la formación ultra han mostrado «serias dudas» respecto del texto emanado de las filas conservadoras. «Si lo que vamos es a convertir la televisión en un medio de propaganda del partido que gobierna, nosotros eso no lo podemos apoyar», dijo la líder regional de Vox, Rocío Monasterio, en cuanto se conoció el contenido de la modificación impulsada desde el PP. Luego, fue la diputada Macarena Olona la que se encargó de ampliar esas palabras. «Estamos analizándola jurídicamente», dijo la parlamentaria, quien continuó señalando que en los casos en los que no es posible el «cierre» inmediato o la «reducción del gasto público» lo que se exige es el cumplimiento de dos «principios esenciales»: la «neutralidad» y la «transparencia». «Tenemos serias dudas de que con la reforma que plantea ahora el PP en la Asamblea se cumplan cualquiera de estos objetivos», sentenció.

Habrá que ver cuál es finalmente la posición de Vox. Es la primera iniciativa en la que su voto, con el que hicieron presidenta a Ayuso en primera vuelta, resulta decisivo. No obstante, en lo poco que llevamos de legislatura el partido de extrema derecha ya ha hecho alguna que otra concesión a la formación conservadora. Un ejemplo claro de ello se encuentra en el intento del bloque de izquierdas de recuperar la comisión de investigación sobre las muertes en residencias en esta legislatura. En un primer momento, Vox se mostró a favor de respaldar la iniciativa. «Con lo que ha pasado en las residencias, sería muy irresponsable por nuestra parte no analizar en qué hemos fallado para no volver a hacerlo», apuntó Monasterio. Sin embargo, la formación giró en cuanto se consumó la investidura de Ayuso. «Nosotros no vamos a apoyar una comisión de la izquierda que viene con intereses revanchistas», dijo la líder regional del partido ultra en el acto de toma de posesión de la presidenta regional.

Mientras se despeja la incógnita de los de Abascal, las formaciones de izquierdas estudian jurídicamente la reforma y la posibilidad de recurrirla en los tribunales. Desde el PSOE se está analizando interponer un recurso de inconstitucionalidad. Principalmente, por su tramitación en lectura única, un procedimiento que los socialistas buscan cambiar –han registrado una proposición de ley en este sentido– para que a partir de ahora puedan admitirse enmiendas. No son los únicos. También Más Madrid y Podemos está mirando con lupa el texto conservador. «Lo hacen con todas las prisas y esto les va a llevar a errores. Si hay alguna cuestión que podamos reclamar tomaremos las medidas necesarias», ha señalado la portavoz adjunta de Más Madrid, María Pastor, en la rueda de prensa tras la Junta de Portavoces.

Incluso los representantes de los trabajadores están analizando el margen de maniobra que tienen para tumbar una reforma que, consideran, «retrotrae a tiempos de control político». «[Se están estudiando] todas las vías jurídicas posibles», han asegurado a Europa Press desde el Comité de Empresa de Telemadrid.

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