El hallazgo de los restos de uno de los jóvenes desaparecidos, la reanudación del trabajo de una comisión internacional, la detención de un narcotraficante, los trámites de extradición de un alto exfuncionario y la permanente promesa del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de que el gobierno seguirá buscando a los jóvenes hasta encontrarlos son los principales avances a seis años de la trágica noche en la que 43 estudiantes desaparecieron en Iguala, Guerrero.

La estrategia de López Obrador ha sido totalmente opuesta a la que mantuvo su antecesor Enrique Peña Nieto, quien quiso dar el caso por cerrado con una explicación oficial que fue bautizada como ‘la verdad histórica’ y que hoy está derrumbada, pues ya se demostró que la versión sobre Ayotzinapa que defendió hasta el fin de su gobierno era falsa.

Más allá de los gobiernos, los familiares mantienen su propia lucha por saber la verdad y por encontrar a sus hijos.

Por eso, este viernes, en vísperas del sexto aniversario de la desaparición de masiva, se manifestaron ante la Fiscalía General de la República (FGR) en la Ciudad de México.

El principal reclamo fue que el fiscal Alejandro Gertz Manero  agilice la extradición del exdirector de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Tomás Zerón de Lucio, quien está prófugo en Canadá.

Vidulfo Rosales, abogado de las familias, advirtió que falta mayor celeridad en las detenciones de exfuncionarios que obstaculizaron la investigación desde un principio

Uno de ellos es Zerón de Lucio, quien está acusado de haber ocultado y alterado pruebas clave sobre la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Y también de haber obtenido confesiones bajo tortura, como lo muestran videos que fueron filtrados a la prensa en julio pasado.

¿Qué pasó?

La noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, 43 estudiantes fueron desaparecidos en Iguala, Guerrero, uno de los estados más pobres de México y ruta estratégica del narcotráfico.

Los jóvenes, que estudiaban en escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en donde se forman maestros de educación básica de las comunidades más marginadas, tomaron camiones de larga distancia para ir a una manifestación en la ciudad de México, pero en la terminal de Iguala comenzó un tiroteo que mutó en persecución.

En medio de la violencia y la confusión, los agresores acribillaron también un camión en el que iban miembros de un equipo de futbol conocido como ‘Los Avispones’. En la cacería, que continuó a lo largo de la madrugada, participaron policías municipales, estatales y el Ejército.

El saldo fue de seis muertos. Uno de ellos se llamaba Julio César Mondragón y era un estudiante de 22 años. Aunque al principio se creyó que sus torturadores le habían desollado el rostro, peritajes concluyeron que había sido arrancado por animales.

También hubo 25 heridos y 43 desaparecidos. En diciembre de 2014, tres meses después de la masacre, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) confirmó que unos restos encontrados pertenecían a Alexander Mora Venancio, de 19 años.  Al año siguiente identificaron a Jhosivani Guerrero de la Cruz, de 20 años.

Pero todavía faltaba saber en dónde estaban los otros 41 estudiantes.

El tercero

En julio pasado, Omar Trejo, Titular de la Unidad para el Caso Ayotzinapa, reveló que, otra vez gracias a los peritos argentinos, habían logrado identificar los restos de Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, uno de los 43 estudiantes desaparecidos. El tercero en ser encontrado.

El hallazgo de los restos y la confirmación de su identidad, advirtió, terminaron de derrumbar la versión que quiso imponer el pasado gobierno, cuando el exprocurador Jesús Murillo Karam aseguró que policías municipales habían secuestrado y entregado a los estudiantes a miembros del Cártel Guerreros Unidos, que los terminaron matando y quemando en un basurero.

Esa era, según él, ‘la verdad histórica’, una tesis a conveniencia, ya que exoneraba de responsabilidad al gobierno nacional.

Sin embargo, los peritajes del Equipo Argentino de Antropología Forense y la investigación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) demostraron que las autoridades mentían  porque no había pruebas de la incineración de cuerpos.

Múltiples reportajes periodísticos revelaron, además, que en la persecución a los estudiantes, la masacre de ellos y otros civiles y en la desaparición habían participado fuerzas de Seguridad municipales, estatales, federales e incluso el Ejército. Es decir, que las fuerzas del Estado a nivel nacional sí tenían responsabilidades.

La tensión marcó la relación del gobierno de Peña Nieto con los peritos argentinos y con el GIEI, que tuvo que suspender su trabajo en México en 2016. Y lo hizo con fuertes críticas a la forma en que se habían llevado a cabo las investigaciones oficiales.

En mayo pasado, el GIEI regresó al país y reanudó su misión en medio de otro clima político, ya que López Obrador prometió desde el principio de su gestión la búsqueda de la verdad, de la justicia y, principalmente, de los jóvenes desaparecidos.

El ‘Mochomo’

Otro de los avances de los últimos meses fue la detención de José Ángel Casarrubias Salgado, alias ‘El Mochomo’, presunto líder del cártel Guerreros Unidos que está señalado como uno de los principales responsables de la desaparición de los jóvenes.

El supuesto narco fue capturado el 20 de junio, pero 10 días después el Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales del Estado de México ordenó su liberación «por falta de pruebas», lo que permitió que al día siguiente saliera del penal El Altiplano.

Sin embargo, fue reaprehendido minutos después por personal de la Fiscalía General de la República (FGR), quienes llevaban una nueva orden de captura, ahora por el delito de delincuencia organizada.

Tras su reaprehensión, el abogado de Casarrubias, Arturo Rodríguez, acusó que las autoridades no notificaron a su cliente la razón de su segundo arresto en una semana.

El fallo judicial que permitió la breve liberación de ‘el Mochomo’ fue motivo de controversia, ya que López Obrador, aseguró que el gobierno tenía pruebas de que la decisión se había tomado con base en hechos de corrupción que todavía hoy siguen bajo investigación.