Una ligera sospecha corría, durante los pasados meses, en torno a la intensificación de difamaciones contra la okupación en los grandes medios de comunicación. El fantasma de sobremesa  proyectado sobre la mayoría de salones del estado español, ponía el foco del problema en quienes deciden okupar espacios abandonados, evitando hablar así de una intemperie habitacional. Después de varias puestas en común, de análisis informales, artículos y/o campañas para intentar (contra)informar, denunciando la información de los medios -no solo por contraria a nuestras motivaciones políticas, sino también sesgada en cuanto a los hechos reales-, llegábamos a la conclusión de que tal bombardeo periodístico como mínimo podía responder a un ejercicio preventivo.

Probamos a practicar eso de decir lo que pensamos a la cara y cuestionar el bombardeo mediático de criminalización hacia la okupación y resulta que no era extraño encontrarnos con personas ajenas a los movimientos sociales que se hubieran dado cuenta de la interesada direccionalidad de la prensa y la televisión en torno al tema de la vivienda. También hay quien se sorprendía y despertaba su curiosidad cuando le decíamos lo siguiente; quizás este esfuerzo por colocar clara y directamente al okupa como enemigo público del momento -chivo expiatorio- sea un elemento disuasorio preventivo ante un futuro cercano próximo en dónde lo más probable sea que la ofensiva de desahucios vaya a ser tremenda, dado el empeoramiento económico y social acelerado por la pandemia.

El estado de alarma no impidió que se dieran desahucios mientras estuvo vigente. Ahora, sin estado de alarma, el conflicto por la vivienda se vuelve más explícito. Los desahucios producidos a diario en los distintos puntos del estado español nos recuerdan los momentos pasados de intoxicación mediática. Seguramente, sólo somos conscientes de todas las operaciones para echar a la gente de sus casas gracias a que hay movimientos ejerciendo el apoyo mutuo y la solidaridad, pues de no ser así, probablemente no seríamos capaces de darnos cuenta de ello.

Pero quizás y sólo quizás, esta confusión interesada en donde un allanamiento de morada no se distingue  de una okupación, así como una okupación es lo mismo que un impago del alquiler o que una permanencia en la vivienda por parte de quien no puede pagar su hipoteca después de que el banco se la quite, o incluso que un robo, no esté consiguiendo alcanzar sus objetivos. Es posible que exista ahora mismo un posible salto cualitativo a la hora de no hacer diferencias y practicar la solidaridad entre vecinas, independientemente de la situación legal en la que habitan un espacio. Esto es una cuestión que se está dando, nos equivoquemos o no en el análisis del por qué. Se trata de un punto fuerte a valorar.

Los movimientos por la vivienda están manteniendo un pulso importante con el cúmulo de ordenes de lanzamiento actuales, pero sin duda, este hecho conlleva una confrontación que trae consecuencias represivas. Queremos hacer un pequeño (sin duda alguna incompleto y parcial) recorrido por algunos hechos importantes en torno a las luchas por la vivienda que se están dando actualmente por la geografía del estado español, así como con casos que permanecen y cuestiones relacionadas de interés.

Comenzamos con las movilizaciones efectivas en el casco viejo de Bilbao para evitar la llegada de la empresa Desokupa a llevar a cabo un desalojo por petición del propietario de la vivienda el pasado 12 de Mayo. La auto-organización vecinal consiguió que se volvieran a su casa sin poder retransmitir en directo su programa televisivo ni echar a nadie a la calle. Pero quienes se movilizaron en Bilbao recordaban que los desalojos y los desahucios son tónica habitual en la zona y no siempre promovidos por matones de corte fascista. El desalojo del espacio Arrakala del sindicato de vivienda AZET a manos de la Policía Municipal es un ejemplo. La solidaridad con Judith, amenazada de desalojo, a través de la manifestación multitudinaria en San Francisco días después a la victoria contra Desokupa, fue en este caso un ejemplo de todo lo contrario. Un ejemplo de un movimiento vecinal que se ocupa de cuidar a sus vecinas. El sindicato de vivienda del Casco Viejo, Bilbao la Vieja y San Francisco, así como la oficina de okupación son colectivos implicados en una lucha que recordaba a “Viviendas Municipales de Bilbao” la situación de vulnerabilidad de Judith, así como la realidad compartida de ella con otras mujeres del barrio en su misma situación.

Las luchas sociales de los sindicatos de vivienda están teniendo logros reales y tangibles, lo que supone muchas veces toparse con medidas represivas como la burorepresión. Es el caso de Etxebizitza Sindikatua de Vitoria-Gazteiz. El Departamento de Seguridad ha interpuesto 30.000 euros en multas al colectivo por evitar un desahucio el pasado mes de Enero. Además, como informa Jon Larreategi, dos personas tienen orden de expulsión, otras cuatro están a la espera de ser juzgadas y no descartan que en los próximos meses aumente el número de multas. A través de una plataforma de crowdfunding, han hecho un llamamiento a la solidaridad para cubrir las multas hasta el 16 de Julio.

 

El pasado 25 de mayo la sede de ERC en Barcelona es okupada por los movimientos de vivienda en protesta por el desahucio del bloque Llavors. Como siempre, la prensa intenta simplificar la rabia en un juego de interés parlamentario entre las CUP y ERC. La solidaridad entre sindicatos de vivienda de distintos barrios de Barcelona se coordina para contrainformar sobre lo que ocurrió ese día. El sindicat de habitatge del Raval dice en un twitter ese día “ Daniel Esteve y la escoria de matones de Desokupa, en compañía de Aragonés para echar a una familia de casa. ¿Así es como gobernarás? ¿De la mano de nazis para defender el beneficio de los fondos buitre?” en relación al primer día de gobierno de Aragonés en Catalunya. Días más tarde, ocupación de la sede de ERC a parte, el sindicat de habitadge de casc Antic convoca para una convocatoria antidesahucio para el 30 de Mayo. Un día después en el Raval aparecen los Mossos en una operación de desalojo extrajudicial en un hogar habitado durante 35 años. El pan de cada día de la Barcelona rebelde, sobre todo en estas semanas, es parar desahucios. También en esos días, la Plataforma d’Afectades per l’Habitatge i el Capitalisme (PAHC) ocupa un bloque de pisos de la Sareb el 29 de Mayo en el Baix Montseny (Barcelona) para que 8 familias encuentren techo inmediato. Además, se prepara una huelga de trabajadores de los Servicios sociales para el 7 de Junio en toda la ciudad con el precedente de parón en el barrio de El Raval. En un texto encontrado en “El Lokal” encontramos un llamamiento a tejer redes entre currantes y el movimiento de vivienda. “Por eso interpelamos a Raval Social y a las organizaciones de las trabajadoras sociales a establecer una reunión con los movimientos de la vivienda para abrir ese diálogo y establecer los pasos necesarios, con mirada larga però de forma urgente para que la huelga realizada, la prevista para el dia 7 y las que vendrán sean cada vez estén más apoyadas y sumen esfuerzos y luchas en objetivos comunes.”

 

Guadalajara es otro territorio en el que queremos poner el foco.   El pasado Lunes 22 de Junio han sido citadas a declarar 7 personas del pueblo de Fraguas para declarar en calidad de investigadxs, por delito contra la ordenación del territorio. Además, la campaña “No informarás” de la PAH de Guadalajara nos recuerda que a un activista la fiscalía le pide 4 años y medio de cárcel por fotografiar y difundir las caras de los agentes judiciales durante un desahucio en su barrio- Alamín-. Todo ello a pesar de que no hay denuncia por parte de los propios agentes judiciales en cuestión.

Los centros sociales okupados tampoco son ajenos a esta oleada represiva. En Madrid, por ejemplo, el pasado mes se producen unas detenciones en el CSO La Gatonera durante una jornada de trabajo, mientras que hace unos días el histórico espacio okupado con 23 años de historia, La Casika de Móstoles, es intervenida por la policía de manera extrajudicial. Entró reventando el espacio agrediendo a varias personas y gaseando a las que intentaban protegerles mientras se realizaba un acto solidario contra el desalojo. Finalmente tres personas fueron detenidas. Este referente cultural y social de los movimientos madrileños lleva tiempo amenazada de desalojo. De ahí el movimiento de solidaridad desde distintas localidades de la comunidad madrileña para impedirlo. Las buenas noticias en tierras madrileñas vienen de parte del caso de los seis detenidos en el desahucio de Argumosa, ya que ha sido archivado, como informaba el movimiento antirrepresivo de Madrid el pasado 17 de Mayo.

En nuestro territorio cántabro la PAH Y Stop desahucios siguen parando órdenes de lanzamiento mediante la denuncia social, el apoyo entre afectadas y los llamamientos públicos a impedir los desahucios. Los fondos de inversión de BBVA y Liberbank están actualmente en lo más alto del ranking de amenazas de desahucio en nuestro contexto local. Mientras, la campaña antirrepresiva “Juntas lo paramos todo” complementa dicha lucha mediante difusión y actividades recaudatorias para hacer frente a las multas que algunxs compañerxs recibieron recientemente. Respecto a los demás compañeros que se enfrentan a un posible proceso penal por el desahucio del 13 de Julio de 2020 en Astillero, la novedad que la asamblea de apoyo difundió el pasado 13 de Abril es que las denuncias puestas contra la guardia civil por uno de los compañeros encausados, concretamente quien fue arrastrado con fuerza por algunos agentes hasta dentro del portal, donde finalmente allí, lejos de toda grabación, le pegaron y le insultaron, ha sido ignorada y archivada por parte de la jueza.

Para concluir este recorrido en el que como hemos dicho, nos dejamos muchos casos por nombrar, queremos recalcar dos iniciativas muy recientes desde las luchas por la vivienda.

 

La primera es la campaña “Casas para todas;paremos la especulación en nuestros barrios” de la oficina popular de vivienda de Valladolid. Ante la perspectiva de aprobación de una nueva ley de vivienda estatal, desde la Oficina Popular de Vivienda de Valladolid consideran necesario hacer un análisis estructural de la posición de la vivienda dentro del marco de la economía de mercado, así como situar sus problemáticas específicas en la ciudad de Valladolid. Una campaña que exige con su comunicado inicial que se tomen algunas medidas fácilmente realizables por parte de la administración para avanzar en una dirección. Sus integrantes son conscientes de que actualmente no existe una correlación de fuerzas suficiente para que la vivienda deje de ser un bien de mercado, pero dejan muy claro que este es su objetivo último.

 

La segunda es el llamamiento de la FAGC (Federación anarquista de Gran Canaria) para parar la amenaza de dejar en la calle a 28 familias en Gáldar. “El 15 de junio 8 familias se enfrentan a un juicio que acabará, al no poder demostrar “justo título”, con un inminente proceso de desahucio. Otras tantas ya han sido notificadas como “ocupantes ignorados” para comparecer en juzgados. Repetimos: 28 familias, casi 70 personas, 32 de ellas niños, van a ser arrojadas a la calle si no lo evitamos”.

 

La comunidad “La Marisma” es una urbanización que llevaba años abandonada y a la que llegaron casi 30 familias el pasado mes de enero (2021). Familias de clase trabajadora, sin recursos, supervivientes de varios desahucios anteriores y con una situación económica y social agravada por la crisis. Exigen al Ayuntamiento de Gáldar, al Cabildo de Gran Canaria, al Gobierno de Canarias y las distintas instituciones públicas que dejen de arrastrarse ante los poderes financieros, no escurran el bulto y busquen una alternativa habitacional para estas familias.

Si no se produce dicha alternativa, aseguran que ninguna abandonará voluntariamente su hogar. “Expulsar por la fuerza a más de 70 personas, con más de 30 menores, sería un crimen humanitario que no pensamos consentir. Si no se ofrece una solución real y digna, intentaremos movilizar a la opinión pública, también a nivel internacional, movilizar a la población obrera de nuestros barrios y, si nos obligan a ello, convocar un piquete antidesahucio para oponernos a la posibilidad de lanzamiento. Detengan esta locura ahora que estamos a tiempo.”

En conclusión, la correlación de fuerzas es infinitamente desigual en esta lucha por una vivienda digna para todas si analizamos los grandes medios propagandísticos, económicos y represivos. Sin embargo, la articulación de los movimientos vecinales en torno a la defensa de un techo donde habitar, la ruptura de pequeñas diferencias de status dentro de estas, y la relativa desaparición de ciertas barreras entre las lógicas activistas y otras formas de vida que habitan los barrios, son pequeños puntos fuertes que observar y alimentar allí donde sea posible. Toda idealización sería un error, pero es necesario valorar las cosas que están pasando, no sólo en torno a los golpes recibidos, sino también a las capacidades colectivas adquiridas.