Fuente: Umoya num. 102 1er trimestre 2021                                José Lucas                                                                              Comité de Madrid.

Aumenta la violencia en la República Democrática del Congo

El inicio de año 2021 se ha presentado en la República Democrática del Congo con el mismo incremento de crímenes contra la población civil que en los últimos meses del año 2020. La mayor parte de la violencia sigue azotando la zona de Beni en el este del país donde, este 2 de enero, 22 civiles fueron asesinados en Mwenga y desde el año 2019 se contabiliza la muerte violenta de 1200 civiles a manos de grupos irregulares o asociados a ellos. Otros acontecimientos ocurridos y relacionados con la zona de los Grandes Lagos africanos suscitan una mezcla de cierta esperanza y bastante hartazgo ante la falta de voluntad para cambiar las cosas y pacificar realmente la zona.
Entre las tímidas señales que indican que algo puede estar cambiando habría que citar la detención de un antiguo jefe de guerrillas, Roger Lumbala y, también, la salida de un informe de la ONU señalando la presencia de tropas del ejército ruandés en el este del Congo y acusando a varios generales del ejército congoleño de estar en connivencia con la guerrilla a la que se supone que combaten. Entre los acontecimientos negativos habría que destacar la nueva victoria electoral del actual presidente de Uganda, Yuweri Museveni, a través de un probable fraude electoral.

La causa principal de la persistencia de la violencia en el Congo sigue siendo la falta de voluntad política, tanto de los gobiernos congoleños de turno, como de la Comunidad Internacional, de encausar a los autores intelectuales de las masacres. Hasta ahora, y como ha hecho el Tribunal Penal Internacional de la Haya, las acusaciones y los arrestos se han limitado a simples jefes de guerrilla, pero sin subir al escalafón superior e investigar a quienes ordenaron las masacres y los crímenes. El hecho es que los jefes de estado africanos, autores intelectuales de las masacres, son piezas vitales para la llamada Comunidad Internacional en la estrategia de control de la R. D. Congo y sus riquezas. Además, las masacres y las violaciones a gran escala forman parte de la estrategia de despoblación de territorios congoleños ricos en yacimientos mineros que en el futuro serían absorbidos por países vecinos vía balkanización de la R.D. Congo. Es decir, de forma directa o indirecta siempre han estado favorecidas por los gobiernos de algunos países limítrofes.
La detención de Roger Lumbala en Francia, donde residía desde hace años, este 29 de diciembre de 2020, es en sí una gran noticia. Lumbala fue un jefe de guerrillas congoleño acusado en el informe Mapping de la ONU de crímenes contra la humanidad. Su detención parece más bien una respuesta a las movilizaciones generales que han tenido lugar en la R. D. del Congo en el último trimestre del año 2020 pidiendo el fin de la impunidad y la creación de un Tribunal Penal Especial para el Congo que juzgue a los autores de las masacres. Movilizaciones que fueron apoyadas por personalidades con gran peso político, como el Premio Nobel de la Paz del año 2018, Denis Mukwege. Sin embargo, no parece vislumbrarse ninguna voluntad política para intentar averiguar quién ordenó las masacres realizadas por los hombres de Lumbala. Como señala de forma irónica en un reciente twit, Faustin Twagiramungu, antiguo primer ministro ruandés en el gobierno del FPR, actualmente en el exilio y gran conocedor de la realidad: “Ahora hace falta que los jefes de estado que ordenaban a Lumbala sean también arrestados”
La falta de voluntad política del actual presidente congoleño, Félix Tshisekedi, para intentar acabar con la violencia parece clara, pues mantiene, tanto en su coalición política gobernante como en el ejército nacional (FARDC), a numerosos individuos antiguos jefes de guerrillas de obediencia al gobierno ruandés y autores de masacres sobre población civil según informes de la ONU. Esto ocurre mientras, por otra parte, se pide la condena a penas de diez años de cárcel a ocho militantes de la organización civil congoleña, LUCHA, por exigir en manifestaciones pacíficas el fin de la impunidad en el Congo.
Esta presencia de guerrillas en las FARDC fue el resultado de los diferentes acuerdos de paz en los que, esta vez sí, la Comunidad Internacional actuó con rapidez y exigió y presionó en su momento para que se realizasen las inclusiones de jefes y tropas de guerrillas en las FARDC. Por lo tanto, no debe resultar extraño que en el último y recién informe de la ONU sobre la violencia en el Congo, se acuse al general Gahizi, del ejército congoleño (FARDC) y antiguo componente de las guerrillas, de vender armas a la guerrilla que se supone que tenía que combatir, guerrilla que por otra parte es una de las responsables de las masacres en la zona de Beni.
El belga Luc Henkinbrand, uno de los componentes del equipo de la ONU que elaboró el informe Mapping, declaró que la mayor parte de los crímenes cometidos fueron obra de ejércitos extranjeros. A la vista de esta denuncia, no se entiende que no se haya comenzado ninguna investigación sobre los jefes de estado de países vecinos. Muy al contrario, las investigaciones en este sentido tuvieron que ser paralizadas por las presiones de Estados Unidos y Gran Bretaña, a pesar de que la ONU había dispuesto ya los fondos económicos necesarios para llevarlas a cabo.
La falta de voluntad política por parte de la Comunidad Internacional para investigar a los autores intelectuales de las masacres en la R. D. Congo ha sido también bastante evidente durante los últimos veinticinco años. Una fiscal en jefe del Tribunal Penal Internacional de Ruanda, la suiza Carla del Ponte, fue destituida y requisadas las pruebas que había acumulado cuando informó de su intención de enjuiciar a un jefe de estado, Paul Kagame, por crímenes contra la humanidad. Hasta ahora el único tribunal que ha sido capaz de encausar, no solo a los autores materiales, sino también investigar a los autores intelectuales, ha sido la Audiencia Nacional Española en la causa que sigue el juez Fernando Andreu por el asesinato de varios misioneros y cooperantes españoles en Congo y Ruanda, así como por los crímenes contra población civil autóctona. Las grandes presiones que tuvo que enfrentar el proceso, denunciadas por el magistrado español y también por los cables de Wikileaks y que finalmente lograron paralizarla, ilustran fehacientemente la importancia que ha dado la Comunidad Internacional a la protección de los dictadores africanos implicados en el control de la R.D. Congo y sus riquezas.
La estrategia que parece perfilarse es la de cargar la responsabilidad en los jefes de guerrillas, como Lumbala para, de esta forma, satisfacer a los numerosos grupos de la sociedad civil congoleña y europea que claman por el fin de la impunidad y, al mismo tiempo, castigar a aquellas otras organizaciones, como LUCHA, que piden también la penalización de los autores intelectuales de los crímenes.