Era el 10 de abril del año 2014. El torturador de la policía franquista Antonio González Pacheco acudía a declarar ante la Audiencia Nacional. Era un día histórico. La Justicia de Argentina reclamaba su extradición acusado de un delito de torturas en un contexto de crímenes contra la humanidad y Billy el Niño tenía que responder ante la Justicia por sus torturas. Pero la situación era diferente a cómo se había imaginado. Los magistrados de la Sala, presidida por Concepción Espejel, habían prohibido tomar imágenes del rostro del torturador.

De hecho, el expolicía había entrado antes a la Sala para evitar esta posibilidad. Allí, de espaldas a periodistas y víctimas, el torturador respondió a la pregunta de si había tenido algún problema con la Justicia por sus actos como Policía: «No lo recuerdo con certeza, quizá algo hace muchos muchos años de malos tratos, pero creo que no fuimos condenados».

La Audiencia Nacional, 20 días después, decidía rechazar la petición de extradición. La Sala de lo Penal falló que los delitos que se atribuían a González Pacheco, cometidos durante los últimos años de dictadura, estarían prescritos y, además, no podían ser investigados como crímenes contra la humanidad —que no prescriben— porque no constituían «un ataque sistemático y organizado a un grupo de población» por más que fueran realizados por «un grupo determinado, aislado y concreto de funcionarios policiales».

La Audiencia Nacional era clara. Billy el Niño no podía ser juzgado y, además, quedaba la sensación en el ambiente de que el expolicía había recibido cierto trato de favor. No se le había podido grabar y, prácticamente, tampoco se le había podido ver por los pasillos ni en la sala. Sólo una imagen de su nuca y otra a su salida del edificio de la Audiencia con un casco de moto. «Creo que aquel día nos dejó una imagen representativa de cómo el propio aparato del Estado ha protegido y amparado a un personaje como González Pacheco», explica a Público Jacinto Lara, abogado de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina y de muchas de las víctimas del torturador que han presentado querellas en los juzgados españoles.

«El Estado español no sólo ha protegido al torturador. Lo promocionó, lo condecoró y después lo protegió y amparó. Todo ello, además, en un contexto de una política de impunidad que amparaba a la totalidad de criminales franquistas. Y esas políticas de impunidad, por parte de un estado democrático, no han sido revertidas en ningún momento. Por eso, nosotros consideramos que la democracia es cómplice de una dictadura sanguinaria«, prosigue Jacinto Lara.

18 querellas rechazadas

El ‘no’ de la Audiencia Nacional no fue el único que recibieron las víctimas del franquismo en su deseo de que el expolicía tuviera que rendir cuentas ante la Justicia. El abogado Jacinto Lara explica que en los últimos años han presentado hasta 18 querellas en los juzgados españoles con testimonios muy documentados y completos de las torturas que recibían los militantes antifranquistas en la Dirección General de Seguridad y todas ellas fueron inadmitidas o rechazadas. «El balance no puede sede resultar más negativo. No hay ningún tipo de voluntad para dar una respuesta adecuada a los crímenes que este señor cometió», prosigue el abogado.

«No hay ningún tipo de voluntad para dar una respuesta adecuada a los crímenes que este señor cometió»

En la actualidad, no obstante, hay varias querellas dirigidas contra González Pacheco y otros policías acusados de torturas que están todavía a la espera de una respuesta por parte de la Justicia. Ahora, la esperanza para las víctimas es que estas querellas no sean archivadas, como todas las anteriores, y que se abran investigaciones contra otros policías o guardias civiles acusados de torturas, ya que Billy el Niño no actuaba solo, como Manuel Gómez Sandoval, Tomás Nieto Berrocal o Jesús Muñecas.

PP, Cs y PSOE en contra de modificar la Ley de Amnistía

Jacinto Lara incide en que la negativa a investigar de la Justicia no es más que la culminación o la consecuencia más palpable de la política de impunidad mantenida por todo el Estado español respecto a las torturas de Billy el Niño y al resto de crímenes mantenidos por el franquismo. En este sentido, cabe recordar que la ONU ha instado a España en varios momentos para derogar la Ley de Amnistía, que en la práctica ha funcionado como una ley de punto final para los responsables franquistas, y a «juzgar o extraditar» a los responsables de la dictadura franquista.

Sin embargo, ninguna de estas recomendaciones se ha llevado a cabo bajo ningún gobierno. El Congreso, con los votos de PP, PSOE y Ciudadanos, rechazó en marzo de 2018 dejar sin efecto la Ley de Amnistía, tal y como solicitó el Relator de la ONU. La propuesta llegó al Congreso de la mano de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CEAQUA) y solicitaba añadir un párrafo a la conocida Ley de Amnistía para que recogiera, concretamente, que la norma «no impedirá» que «los juzgados y tribunales investiguen, enjuicien e impongan las penas correspondientes a las personas responsables de haber cometido delito de genocidio, lesa humanidad, delitos de guerra y otras graves violaciones de derechos humanos». La propuesta, tal y como se ha señalado, fue rechazada por PP, PSOE y Ciudadanos.

Trabas a Argentina y gobiernos que miran a otro lado

El círculo de la impunidad franquista se completa con la nula iniciativa de los sucesivos gobiernos de la democracia para que los crímenes franquistas pudieran ser investigados en los juzgados españoles. En este sentido, el abogado Jacinto Lara recuerda que nunca se emprendieron iniciativas para acabar con la impunidad franquista ni para que el espíritu del Derecho internacional de los Derechos Humanos tuviera cabida en la interpretación de la legislación española y se acabaran las excusas legales que amparaban la impunidad.

El abogado también señala que nada impide, en la actualidad, la modificación o derogación de la Ley de Amnistía

Y no sólo eso. La propia jueza de Argentina María Servini de Cubría denunció que el Gobierno español, con Mariano Rajoy de presidente, puso varios palos en las ruedas a la investigación argentina sobre crímenes del franquismo. El principal de ellos se realizó a través de la Fiscalía, que el 20 de septiembre de 2016 envío una circular a los juzgados con peticiones desde Argentina instándoles a rechazar estas comisiones y recordando que el juez Garzón fue investigado por intentar juzgar el franquismo. A día de hoy, la circular sigue vigente y no ha sido revocado.

En este sentido, Jacinto Lara señala que, en caso de que el Estado quiera juzgar a los responsables franquistas que siguen con vida, se debe retirar la circular de Fiscalía y orientar a la misma Fiscalía para que pida a los jueces que colaboren con Argentina y que la jueza pueda pisar suelo español y tomar declaración a los imputados. «Solo tiene que dejar sin efecto la anterior y mostrar su predisposición del Estado a colaborar con Argentina. Eso es lo que nos pidió el Relator de la ONU«, incide Jacinto Lara. En segundo lugar, el abogado también señala que nada impide, en la actualidad, la modificación o derogación de la Ley de Amnistía.

«Juzgar a los responsables franquistas es posible. El Derecho Internacional lo avala. Hacen falta reformas legales y voluntad política. Decir que España no puede juzgar a los responsables de la dictadura es un insulto a la inteligencia. El problema es que los tres poderes del Estado han fortalecido la política de impunidad del franquismo y que ningún gobierno ha formulado alguna medida para remediarlo», sentencia Jacinto Lara, que considera que acabar con la impunidad de la dictadura es posible «con voluntad política».