Que país raro es Argentina. Si te robas un pollo para que puedan comer tus hijos, puedes ir preso por varios años y ser baleado en el hurto. Sin embargo, si robas y fugas lo robado a paraísos fiscales, por una millonaria suma de 44 mil millones de pesos, no sólo eres impune, sino que también puedes volver a ser candidato a la Presidencia de la Nación.

En un país con índices de pobreza superiores al 52%, miles de niños en estado de desnutrición igual o peor a los países africanos, el acuerdo con el FMI, instrumento de Estados Unidos para someter nuestros pueblos, significa poner al mismo país de rodillas ante los organismos multilaterales y fondos buitres. Plagado de irregularidades el último préstamo del FMI hacia Argentina cuestiona tanto al Fondo como al ex presidente Mauricio Macri.

Es obvio que la oposición apoye el acuerdo con FMI, porqué esta medida les permite seguir siendo impunes ante una deuda criminal, una deuda que se contrajo contrariando las propias reglas del Fondo, como el hecho de ser otorgada por fines electorales y no para ayuda del país en crisis.  Macri y todos los delincuentes de cuello blanco se enriquecieron de manera ilícita a través de una deuda que jamás se vio reflejada en hospitales, escuelas, producción de empleos, vivienda o pavimento para los más vulnerables. Todo lo contrario, el pasado gobierno neoliberal endeudó al país por 100 años y contrajo no sólo la mayor deuda de la historia, sino que las divisas obtenidas fueron fugadas a paraísos fiscales, sin que hasta el día de hoy sean juzgados los autores de dicha estafa.

Pero llama la atención, que el actual gobierno que muchos hemos votado para terminar con el oprobio macrista, sea el ejecutor de un acuerdo que legitima y estatiza la deuda privada para que la pague el pueblo argentino. El mismo gobierno que prometió en campaña electoral investigar los orígenes de una deuda ilegítima para no pagar la misma a costillas de su pueblo, hoy se vanagloria de una victoria pírrica por haber llegado a un «buen acuerdo» con el organismo.

Si bien es cierto como dice el presidente Alberto Fernández que «por cuatro años no habrá desembolso», ello no significa que hubo una quita o achicamiento de la deuda, sino todo lo contrario, la misma crecerá con los respectivos intereses que además de ser leoninos, aplicarán para ese entonces una derrama económica sin precedentes para nuestro país.

Resulta lamentable como algunos compañeros, funcionarios y/o ¿periodistas? suelen justificar o mejor dicho resignarse con la falsa teoría del «menos malo» o el doble discurso sin argumento alguno de crítica hacia dentro, y halagos para fuera.

Nuestra América pasa por una coyuntura muy complicada, que necesita imperiosamente un sinceramiento político a través de las construcciones o espacios colectivos de abajo hacia arriba, por lo tanto, la conformación de fuerzas depende pura y exclusivamente del pueblo movilizado y consciente, contrariamente a aquellos políticos que hace años vienen llamando al «quédate en casa» y simultáneamente desmovilizan a sus bases.

En síntesis, la deuda de unos pocos estafadores, que jamás rindieron cuenta a la justicia, se transforma en una deuda que deberá pagar el pueblo.

Quién suscribe estas líneas, no habla de no pagar la deuda, simplemente de investigar el origen de la misma, que además de ilegal, es ilegítima porque ese dinero nunca llegó a las múltiples obras públicas y necesidades que el país tiene. Todo lo contrario, millonarias cantidades fueron fugadas para engrosar las cuentas off shore de políticos, banqueros y empresarios amigos del ex presidente.

Más allá de celebraciones tempraneras y festejos sin fundamento alguno, son muchas las incógnitas a resolver. ¿Cómo hacer para que ese acuerdo no recaiga directa o indirectamente en ajustes de precios, reformas laborales, sueldos de docentes, jubilados y pensionados, recortes de gasto público que afectan a escuelas, hospitales, seguridad social, vivienda para los más vulnerables?

¿Cómo evitar auditorías y modelos dictados desde el exterior, impuestazos, aumentos desproporcionados en luz, gas y otras necesidades básicas, en nombre de reducir el siempre mencionado déficit fiscal?

¿Por qué aquellos mismos que en 2007 (bajo la presidencia del compañero Néstor Kirchner) desplazaron al FMI de Argentina, hoy se jactan de lograr «un acuerdo dentro de lo posible», según declaraciones del ministro de Economía Martín Guzmán?

Lejos del aplauso cómplice que muchos sectores regalan al gobierno, debemos ser constantes en la crítica constructiva, en apoyar las próximas luchas y reivindicaciones de los de abajo contra el ajuste salarial, a favor de nuestra soberanía, tan comprometida al día de hoy, en contra del verticalismo obsecuente que todo lo aprueba y nada cuestiona, exigir a nivel nacional e internacional juicio y castigo a los saqueadores financieros de nuestra Patria, y por tal motivo llegar a construir un colectivo social que nos permita a todos converger en un gran frente de liberación nacional y social.

Ese frente si debe ser de todos, y no como el actual gobierno que al día de hoy se convirtió en el frente de unos pocos.