Buenos Aires., Google presentó ante la Corte Suprema de Justicia argentina un recurso per saltum (que permite saltarse instancias para llegar al máximo tribunal) a fin de impedir que se haga un peritaje a sus servidores como parte de la causa iniciada por la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, luego de que en el buscador del gigante informático aparecía su nombre asociado al calificativo de ladrona de la patria.

Basada en otros juicios iniciados a esa empresa y ganados por personas difamadas o con historias falsificadas que afectaban su dignidad, la ex presidenta (2007-2015) presentó su demanda en la justicia.

Un fallo de la sala segunda de la cámara (tribunal) de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal de hace dos semanas desestimó la apelación de Google. Es la segunda instancia en que que se rechaza la intención de la empresa que quiere impedir el acceso a sus servidores.

En medios judiciales hay sorpresa e indignación porque Google argumenta que el acceso a sus servidores significa una violación al secreto comercial, lo que fue considerado lisa y llanamente inapelable por el tribunal, destacando que en la solicitud de la ex presidenta es materia de prueba, no de sentencia ni de difusión.

El abogado de la ex mandataria en esta causa Luis Goldin, en entrevista para el canal de televisión C5N, sostuvo que esta acción de Google de solicitar el per saltum es de una “gravedad importantísima (…) afectando la seguridad jurídica de todos los argentinos”, ya que la empresa solicita ser juzgada por una legislación extranjera.

Además, este recurso jurídico sólo se utiliza en hechos de gravedad institucional, y cuando no ha intervenido aún la cámara y la participación de la Corte se hace en función de salvaguardar los derechos del peticionante.

En este caso la cámara ya se manifestó y fue sumamente clara, y Google repite los argumentos que ya se han desestimado, agregó.

Los analistas destacan el oportunismo de introducir este pedido después de que la Corte Suprema se pronunció en el caso de tres jueces que habían sido trasladados de los cargos que ocupaban a juzgados federales durante el gobierno de Mauricio Macri, sin cumplir con los debidos términos de la justicia y la Constitución, ni ser aprobados por el Senado. Existe otro caso en Argentina, donde la justicia local se impuso al poder de Google.

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