¿Por qué si la deuda pública de Estados Unidos en 2021 equivalía al 133 % de su PIB, la de Japón al 257 % y la de Argentina al 102.8 % el FMI no envía misiones trimestrales para auditar y corregir el desmanejo financiero de Washington y Tokio? Te lo cuento en detalle a continuación.

Comienzo aclarando que estas líneas no versan sobre las numerosas misiones del FMI que, para nuestra desgracia, se dejarán caer sobre la Argentina en los próximos meses. Su objetivo es  otro: desentrañar cuál es la “verdadera misión” que el FMI desempeña como instrumento de la política exterior de Estados Unidos. Para evitar que el tema se convierta en un asunto abstracto será necesario explicitar unas pocas cuestiones previas,  a saber.

Primero, que la decisión del gobierno argentino de acordar con el FMI, en los términos que éste impuso (tal vez no en la letra pero sí en la práctica) es errónea porque es hija de un planteo estratégico que obvió discutir el carácter fraudulento del préstamo concedido a la Argentina.  El FMI lo otorgó en abierta violación de sus propias normativas y del carácter supuestamente multilateral de la institución. La decisión fue producto de una orden emitida por Donald Trump para ayudar a la re-elección de Mauricio Macri, misma que fue obedientemente ejecutada por el Directorio de esa institución. No hay registro alguno que indique que la Casa Blanca consultó el asunto con los principales accionistas del FMI: Japón, China, Alemania. Por lo tanto, estamos frente a una decisión no sólo ilegítima por su forma sino también por sus clarísimas motivaciones políticas; y una decisión también ilegal, cosa que se potenció cuando, del lado argentino, el prestatario endeudó al país sin respetar lo establecido en los artículos 75 (incisos 4 y 7)  y 76 de  la Constitución Nacional que señalan que todo empréstito debe ser aprobado por el Congreso Nacional. Por lo tanto, estamos en presencia de una doble estafa, en la que incurrieron dos presidentes: el de Estados Unidos y el de la Argentina. Hilando fino podría decirse que ambos constituyeron una “asociación ilícita” para consumar un gigantesco despojo del patrimonio nacional.

Segundo, siendo evidente que el impagable préstamo del FMI era ilegal y que ni un centavo del mismo se había traducido en obras públicas o en proyectos de inversión y que simplemente el dinero había transitado momentáneamente por la Argentina para facilitar una fabulosa fuga de capitales, se imponía plantear una estrategia que evitara internarse en un estéril laberinto de negociaciones financieras para tratar un asunto cuya génesis, y forma de resolución, era (y es) política. Para ello era preciso comenzar ordenando -como en su momento lo hizo el presidente Rafael Correa en el Ecuador- una auditoría integral de esa deuda, nombrar un comité internacional de expertos que hicieran el estudio correspondiente, elevar sus conclusiones a distintos organismos del sistema de Naciones Unidas o a instituciones regionales de Latinoamérica y el Caribe, y solicitar al Tribunal Internacional de La Haya que emitiera una “opinión consultiva” sobre el tema, congelando toda negociación hasta que estas cuestiones preliminares estuviesen resueltas. Lamentablemente el gobierno fue  seducido por los engañosos cantos de sirena de la derecha vernácula, sus mentirosos gurúes financieros que nos abruman con su presencia en todo el espacio mediático y las advertencias y consejos procedentes de Washington. En suma, de todo el universo de “bienpensantes” que, como es sabido, sólo sirven a los intereses del imperio y para nada tienen en cuenta los intereses nacionales.

Tercero, esta alternativa fue desechada a pesar de las numerosas y calificadas voces que aconsejaban adoptarla. Había sólidos antecedentes históricos sobre los cuales podría haber reposado esta estrategia. La jurisprudencia estadounidense sobre la “deuda odiosa” fundada en el Laudo Arbitral de 1923 emitido por William H. Taft,  ex presidente de la Corte Suprema de ese país y vigésimo séptimo ocupante de la Casa Blanca, en contra de una reclamación de Gran Bretaña al gobierno de Costa Rica por un préstamo concedido  por el Royal Bank of Canada al dictador Federico Tinoco Granados, en violación de las legislación costarricense. En dicho laudo quedó establecido que una deuda contraída:  (a) sin el consentimiento expreso de la ciudadanía a través de sus instituciones representativas, especialmente el Congreso; (b) que no produjo beneficios en las condiciones de vida de la población y que favoreció principalmente al gobernante de turno y, (c) que fue otorgada pese a que el prestamista conocía las dos irregularidades precedentes es una deuda cuyo pago es inexigible porque las condiciones bajo las cuales se contrajo violan los derechos humanos, civiles, democráticos y sociales de las poblaciones sometidas al endeudamiento. Aparte de este fallo hay otros antecedentes luminosos. Estados Unidos desconoció las deudas contraídas por el gobierno colonial de Cuba con la metrópolis española una vez consumada su independencia en 1898. Posteriormente auspició una  significativa reducción de las reparaciones de guerra que debían pagar Alemania y Japón después de la Segunda Guerra Mundial. Más recientemente, impuso la cancelación de la deuda de Irak una vez producida la invasión estadounidense y el posterior derrocamiento de Saddam Hussein, con una reducción del 80 % de la deuda iraquí¹. Lamentablemente, en el caso argentino se optó por ignorar todos estos antecedentes y se  eligió el camino tramposo preferido por el FMI y que más convenía a los estafadores, legalizando lo actuado por Macri con la complicidad de Trump.

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Llegado a este punto hay que decir que uno de los lugares comunes más recurridos por los opinadores neocoloniales que pululan por toda la región es que el FMI es una institución “multilateral” y que representa a la “comunidad internacional.” Agregan estos charlatanes que una sensata gobernanza económica exige actuar en línea con lo aconsejado por esa benemérita institución, o directamente bajo su tutela. Los 36 años del ruinoso cogobierno entre el PRI y el PAN con el FMI en México (1982-2018) son convenientemente barridos bajo la alfombra y nada se dice de los estragos –económicos, sociales, la corrupción estatal, el auge del narco, etcétera-  que ocasionó esa nefasta experiencia. Por eso esta visión idílica del FMI como una honesta y sabia institución multilateral es absolutamente equivocada. Y para refutar las consabidas  (y previsibles) descalificaciones de los publicistas de la derecha a este argumento, calificándolo de populista, marxista, chavista, etcétera, leamos lo que el insospechado internacionalista y estratega estadounidense Zbigniew Brzezinski escribió al respecto a la hora de hablar sobre las alianzas internacionales de Estados Unidos. Dijo, textualmente, que “debe incluirse como parte del sistema estadounidense la red global de organizaciones especializadas, particularmente las instituciones financieras «internacionales». Podría decirse que el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial representan los intereses «globales» y de cobertura mundial. Sin embargo, en realidad son instituciones fuertemente dominadas por los Estados Unidos y sus orígenes se remontan a una iniciativa estadounidense, particularmente la conferencia de Bretton Woods de 1944”².

Y es así nomás. Esas instituciones, especialmente el FMI,  son dispositivos de dominación imperial que administran el endeudamiento de naciones de la periferia del sistema. Y la deuda es un instrumento esencial, pues como lo dijera el presidente John Quincy Adams (1825-1829): “hay dos formas de conquistar  y esclavizar a una nación: una es la espada, la otra es la deuda.” Y ésta se ha multiplicado en los últimos tiempos, de la mano de la creciente financiarización del capitalismo global, proceso del cual el FMI es uno de sus perros guardianes. Según el Instituto de Finanzas Internacionales de Washington la deuda pública de Estados Unidos equivalía, en 2021 al 133 % de su PIB, y la de Japón al 257 %. Por comparación, la Argentina mostraba números mejores porque en ese año la relación deuda/PBI fue 102.8 %, pese a lo cual ya desde antes se había convertido en blanco de un acoso brutal por parte del FMI y los profetas del capital financiero³. No hay noticias de misiones del FMI monitoreando trimestralmente el astronómico (des)manejo de las cuentas públicas de Washington y Tokio, peor que el de la Argentina, y no las hay porque la “misión” del FMI no es inmiscuirse en el manejo financiero de los gobiernos centrales sino auditar la política económica de  los países de la periferia del sistema y disciplinarlos en función de los intereses imperiales. De ahí que en esta institución se configure una aberrante anomalía: Estados Unidos es la mayor economía del mundo si se mide su PIB en términos nominales; no así, en cambio, cuando la medición se refina teniendo en cuenta la “paridad del poder de compra” de cada economía. Pero cualesquiera que sea la metodología de la medición lo que salta a la vista es la exorbitante desproporción entre el “poder de voto” de los países que componen el Directorio del Fondo y su gravitación en la economía internacional. Veamos: Washington retiene el 16.5 % de dicho poder, seguido por Japón, con 6.14 % y China  6.08 %. Sin embargo, cuando se comparan los tamaños reales de las economías (medidas en paridad de poder adquisitivo y no en valores nominales) resulta que ya antes de la pandemia el Banco Mundial aseguraba que China representaba el 18.58 % de la economía mundial, Estados Unidos el 15.02 % y el tercer lugar lo ocupaba la India, con 7.69 %, sobrepasando a Japón que caía a un lejano cuarto lugar con el 4.02 %⁴. Es decir que el FMI y su Directorio lejos de ser un fiel reflejo del mundo actual expresan una situación de la economía global que atrasa varias décadas, cuando Estados Unidos jugaba el papel (que hoy juega China) y era la “locomotora” de la economía mundial y el FMI una de sus instituciones de vigilancia económica global. Ahora bien: si se tiene en cuenta que los reglamentos del Fondo estipulan que las decisiones del Directorio deben contar con la aprobación del 85 % de los votos se concluye que ninguna resolución puede ser adoptada sin el visto bueno de Washington. Y esta es la razón por la cual Brzezinski dijo, creo que en uno de sus escritos periodísticos, que el FMI era una “extensión del Departamento del Tesoro” que ha coagulado y eternizado una distribución de la riqueza entre las naciones que ha desaparecido hace tiempo. De ahí los insistentes pedidos de reforma del FMI, mismos que siempre cayeron en saco roto porque esa institución sólo en apariencia es un organismo multilateral; en realidad es un dispositivo de dominación del imperio norteamericano y Washington jamás consentirá que deje de serlo para convertirse  en un foro que refleje la realidad de la economía mundial cuyo centro de gravedad está hoy en China y en el Asia Pacífico y no en Estados Unidos y sus aliados europeos. Por eso, en lugar de las acostumbradas expresiones de los publicistas de la derecha latinoamericana: “el FMI piensa esto, o propone tal otra cosa”, y no desoigamos sus consejos,  lo que hay que decir es, simplemente, Estados Unidos a través de su Departamento del Tesoro quiere esta política o veta esta otra, siempre en beneficio propio. Y acabar con las fantasías e ilusiones que dicen que el FMI es una institución técnica multilateral preocupada por la estabilidad del sistema financiero mundial y el prolijo manejo de las finanzas públicas. ¡A otro perro con ese hueso!⁵.