El gobierno de los Fernández dejó en claro que planeaba continuar el ajuste, aunque tratando de maquillarlo con lenguaje inclusivo o con apelaciones a la solidaridad. La intención de instaurar un pacto social, de que no se firmen clausulas gatillo, de que los aumentos fueran de sumas fijas y preferentemente solo a los salarios más bajos, fueron parte de un plan cuyo objetivo era continuar bajando los salarios. La pandemia no hizo más que profundizar la crisis ya existente y facilitar el ajuste. El número pasado vimos las primeras medidas de rescate al capital y de ajuste a la clase obrera, pero con el correr de la cuarentena esa política se profundizó y, como era de esperarse, empezó a despertar la lucha obrera.

El ajuste al desnudo

Si antes de la pandemia el gobierno buscaba disimular el ajuste, ahora aparece de manera más cruda. La prohibición de despidos que dictó el gobierno, fue una medida decorativa que no los impidió, y que incluso el propio ministerio de Trabajo avaló. El primer indicio de que el decreto era letra muerta fue la homologación los despidos de los despidos de Techint. A ellos se fueron sumando muchos más hasta llegar a más de 100 mil, según los cálculos más altos realizados en base a relevamiento de medios periodísticos. Sin embargo, es evidente que la cifra es mayor aun, dado que no todos los despidos salen en los medios. Además, a los despidos se suman los retiros voluntarios y las recisiones de contratos, que no son contabilizados como tales.

El ministerio de Trabajo, había afirmado que en marzo se dieron de baja 45 mil empleos registrados, pero allí se incluyen jubilaciones, por lo cual no resulta un dato fidedigno. El mismo organismo calcula que el empleo formal cayó en marzo un 0,5% intermensual, a partir de la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) realizada solamente a empresas registradas de más de 10 trabajadores, dejando a gran parte el universo pyme afuera. Según esa encuesta se habrían perdido 30 mil puestos de trabajo. Lo interesante es que, a pesar de la prohibición de despidos, el propio ministerio admite en esa encuesta que durante marzo la tasa de despidos aumentó un 0,6 %.

Según la EIL, la mayor caída de empleos se fue en la construcción, que tuvo una reducción del 3,1% en relación al mes anterior y del 19.7% en relación a marzo de 2019. En segundo lugar, se ubica el comercio con un descenso de 0,8% mensual y de 3,1% interanual. Por último, la industria manufacturera que cayó un 0,5% mensual y 3,1% interanual. En cambio, el sector de servicios comunales, que incluye salud y educación, tuvo un aumento del empleo registrado respecto del mes anterior del 0,2%.

A los despedidos se suman quienes fueron suspendidos y quienes vieron reducido su salario. El decreto que prohibía despidos y suspensiones, en realidad no impedía las segundas. De hecho, se dejó afuera de la prohibición las suspensiones previstas en el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, es decir aquellas por las cuales se acuerda pagar una suma no remunerativa, incluso en aquellas circunstancias que “se fundaren en las causales de falta o disminución de trabajo, no imputables al empleador, o fuerza mayor debidamente comprobada”. Con esta excepción, el gobierno dejó la puerta abierta para que los gremios pactaran suspensiones. El acuerdo que firmó el gobierno con la CGT y la UIA logró que la tramitación de los convenios de suspensiones con rebajas salariales fuera más ágil. El acuerdo fija un piso del 25% de descuento, aunque las rebajas pueden ser mayores si pasan por la revisión del Ministerio de Trabajo. Si bien antes del acuerdo CGT-UIA se habían firmado convenios de suspensiones (como el de pasteleros con cadenas de comida rápida por el 50%), después se multiplicaron. Esos acuerdos abarcan a más de 1.2 millones de trabajadores.

Todo este ajuste recae sobre los trabajadores, porque las empresas reciben todo tipo de compensaciones. Mediante la ANSES, el gobierno usa la plata de los jubilados a los que les negó el aumento para transferir miles de millones de pesos para el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) para pagar la mitad de los salarios a empresas, entre las que se encuentran Techint, Clarín, Ledesma y otras cuyas ganancias podrían afrontar el pago. La entrega del dinero de los jubilados, a los que se les dio un aumento paupérrimo, fue tal que el gobierno debió proponer que algunos lo devuelvan e imponer mayores restricciones para su cobro como que las empresas no podrán, por 12 meses las de menos de 800 empleados y 24 meses las de más, distribuir utilidades por los períodos fiscales cerrados a partir de noviembre de 2019, recomprar sus acciones directa o indirectamente, adquirir títulos valores en pesos para su posterior e inmediata venta en moneda extranjera o su transferencia en custodia al exterior (o sea, adquirir dólar MEP o CCL), realizar erogaciones a sujetos o empresas en paraísos fiscales. O sea, están reconociendo que le dieron subsidios a empresas que no lo están utilizando en el salario de sus trabajadores.

Otro regalo para las empresas fueron los créditos a tasa negativa, o sea, se les regala plata. También se les rebajaron las cargas patronales, se les otorgó prórroga para presentar las declaraciones juradas del impuesto a las ganancias y una mayor cantidad de cuotas y la ampliación de la cantidad de planes a los que pueden acceder para refinanciar sus deudas impositivas con la AFIP, incluyendo las de IVA. Al mismo tiempo, se eliminó el Sistema de Perfil de Riesgo (SIPER), que es una evaluación fiscal de cuya calificación dependía el poder acceder a planes de refinanciación de las deudas con AFIP, y se suspendió el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL), del Ministerio de Trabajo, con el fin de evitar que quienes negreaban trabajadores pierdan beneficios dispuestos por el Estado Nacional. Todas estas medidas son una gran confesión del carácter parásito de la burguesía argentina. Verdaderos planeros que solo subsisten como capitalistas a condición de recibir flujos crecientes de subsidios estatales, mientras ajustan sin asco a los trabajadores. Este es el esquema del capitalismo nacional que defienden todos los políticos burgueses.

La burocracia viabiliza el ajuste

El primero que firmó suspensiones con rebajas tras el acuerdo de la UIA-CGT, fue la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), por una rebaja del 70% sobre el bruto. El acuerdo incluye una cláusula que permite despedir a los contratados. Ya unas semanas antes, Caló había intentado aplicar suspensiones en el sector por el 70% para varias ramas, pero el rechazo de varias seccionales bajó el acuerdo. En la rama siderúrgica ya había acordado suspensiones al 75% en casi todas las plantas de Techint. En Acindar se impuso una rebaja mayor, del 40%, la empresa calculó el descuento sobre el salario base de convenio de la siderurgia y no el que habitualmente liquida, que es mayor a esos montos. Además, en la planta de La Tablada, despidió a seis trabajadores rescindiéndoles el contrato. Los despidos fueron en represaría porque tras una asamblea que votó en contra de los planes de la empresa, los delegados de la comisión interna solicitaron que se mejorara los montos a pagar. A todo esto, el gremio comandado por Caló pospuso las negociaciones paritarias.

Otro peso pesado que firmó suspensiones con rebajas salariales fue Armando Cavalieri, de la Federación de Empleados de Comercio (FACEYS). El acuerdo fijó un descuento del 75% de los salarios netos. Las empresas más chicas en principio se negaban a firmar porque reclamaban el pago del 100% de los salarios por parte del Estado. A principios de marzo, el gremio había renegociado la paritaria 2019, y con eso pateó la de 2020 hasta junio, y probablemente lo vuelva a hacer.

El gordo que no podía faltar es Luis Barrionuevo, de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (Uthgra). El acuerdo que firmó permite suspender al 75% del salario. Recordemos que los hoteles están facturando porque son contratados para alojar a los casos sospechosos o leves de coronavirus.

El gremio de panaderos fue protagonista de un escándalo por su arreglo con las cadenas de comidas rápidas.Las empresas pagaron el 50% de los sueldos de marzo con el argumento de que un artículo del convenio los avalaba dada la situación excepcional. El gremio llegó a un acuerdo para rebajar el 30% sobre el bruto para los sueldos de abril, mayo y junio, calculados sobre las horas trabajadas en los últimos seis meses. Además, el grupo propietario de Starbucks y Burger King cerró 13 locales que empleaban a casi 200 trabajadores. También firmó un acuerdo con las pizzerías por la rebaja del mismo porcentaje.

Fiel a su tradición de defensa de las patronales, el SMATA firmó con los concesionarios el pago de un 25% del salario neto a todo el personal, incluidos grupos de riesgo y embarazadas. Se dejó sujeto el cobro de un 50% adicional del salario al eventual pago del Estado a través del programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP). Eso significa que las empresas que no lo recibieron abonarán solamente un cuarto de las remuneraciones. Pignanelli también acordó el pago del 70% del bruto con las automotrices y las autopartistas. El gremio ya había firmado con Renault un acuerdo por el 60%. SMATA se sumó a quienes patearon las negociaciones paritarias. Debían negociar los aumentos del segundo trimestre, lo que se pospuso indefinidamente.

La Asociación Obrera Textil (AOT), líder en apañar patronales negreras, acordó un 30% de rebajas sobre el neto, y al no incluir adicionales, llega hasta el 50%.El titular del gremio y de las 62 Organizaciones, Hugo Benítez, consiguió que gran parte de las patronales no pongan un solo peso para salarios, porque el 50% que recibe el trabajador es lo que abona el Estado. De hecho, la textil Eseka, fabricante de las medias Cocot y Dufour, les pidió a sus trabajadores que devuelvan parte de la primera quincena de abril porque había abonado un monto que sobrepasa el acuerdo del 50% que pactó el gremio.

Los petroleros también están sufriendo los acuerdos que firmaron sus gremios. En este caso, los convenios alcanzan recortes salariales de hasta el 40%. Las negociaciones entre gremios y patronales fueron previas al pacto UIA-CGT, pero fue homologado a posteriori. Recordemos que las petroleras están siendo beneficiadas con un precio sostén a nivel local, cuando en el resto del mundo el petróleo tiene un precio negativo. Vaca Muerta es uno de los lugares donde los trabajadores solo recibirán el 60% del salario gracias al servicio que le presta a las patronales el Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, dirigido por Guillermo Pereyra. En Vaca Muerta, además, los trabajadores de las empresas que brindan servicios especiales están sufriendo despidos y retrasos en los sueldos. Pecom y Schlumberger están “ofreciendo” un plan de retiros voluntarios y San Antonio tiene retrasos en el pago de salarios que abona en cuotas.

Otros capitalistas que se ven beneficiados por la subvención al precio del petróleo y por el favor de la burocracia son los dueños de las estaciones de servicio de la zona de cuyo y de Córdoba. En esas provincias se aceptó una rebaja del 30%. Además, el secretario general de la Federación Obreros de Estaciones de Servicio, GNC, Garages, Playas de Estacionamiento y Lavaderos de Autos (Foesgra) y triunviro de la CGT, Carlos Acuña, pactó con la cámara patronal suspender las paritarias de forma indefinida.

Los estatales son otro sector muy castigado a lo largo del país y los sindicatos nacionales, ATE y UPCN, no parecen enterados porque ante una situación generalizada, deberían encarar acciones nacionales. Ambos gremios dejaron pasar las dos revisiones paritarias que estaban estipuladas en el acuerdo que se firmó con el gobierno nacional el año pasado. Ahora parecen distraídos frente a los ataques que se dan a nivel provincial y municipal. Por un lado, se produjeron despidos en varios municipios de Buenos Aires. En Tigre hubo despidos las áreas de género, infancia, salud y deportes. En Avellaneda se despidieron 27 docentes de jardines infantiles y de la Escuela de Danza. En José C. Paz se despidieron a 38 músicos de la Orquesta Municipal. Por otro lado, se produjeron demoras en los pagos y pagos escalonados en varias localidades. En Jujuy se anunció que los sueldos de serán pagados en dos cuotas. En la ciudad de Córdoba, se recortó el salario a los municipales. En Luján, provincia de Buenos Aires, hay irregularidades en el pago de los salarios y falta de pagos de horas extras y de aumentos que se adeudan. En Avellaneda, no se está abonando los salarios del personal de los Institutos de Enseñanza Artística que tomó cargo en marzo. En Jesús María, Córdoba, los municipales tampoco están recibiendo sus salarios. En Urundel, Salta, tampoco están recibiendo el aumento que les corresponde. En el municipio de Guaymallén, Mendoza, se están recortando salarios a los trabajadores que cumplen la cuarentena por ser parte de la población de riesgo, al no abonarles el ítem “servicios extraordinarios”. También se intentó recortar el salario en los municipios de Tres de Febrero y Tigre. En la Ciudad de Buenos Aires, se intentó pagar de forma escalonada el salario. En Tierra del Fuego la gobernación decidió no abonar por 60 días el aumento que ya se había acordado en paritarias, excepto al personal de salud y seguridad. Otras provincias decidieron suspender las negociaciones paritarias, como La Pampa. Santa Fe, Mendoza y Río Negro. A nivel nacional, en marzo no se negoció la cláusula gatillo que correspondía por la paritaria de 2019. Como se, a uno y otro lado del espectro político de la burguesía se ajusta sobre los trabajadores estatales.

Los mineros también sufren un descuento mayos al que pactó la CGT. La Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) y la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) acordaron el pago del 70% del salario bruto.

En el gremio de alimentación, el Secretario general, Rodolfo Daer, aceptó que la fabricación de productos no esenciales (como golosinas o snacks) continuara en funcionamiento durante la cuarentena. Ahora, Mondelez, que produce golosinas, anunció a sus trabajadores que a mediados de mayo la planta Victoria dejará de funcionar y los trabajadores cobrarán el 77% de su salario. Esto fue decidido en un acuerdo con el sindicato. En Entre Ríos, la planta avícola de Granja Tres Arroyos, que sigue en pleno funcionamiento por ser actividad esencial y que además cobra el ATP, despidió a 50 trabajadores contratados hace un año y medio. En San Juan, 20 trabajadores de la empresa Lomas del Sol, fabricante de productos alimenticios, fueron despedidos a comienzos de mayo, cuando tras dirigirse como lo hacían habitualmente a su lugar de trabajo, les impidieron el ingreso sin ningún justificativo. Al día siguiente, los compañeros recibieron en sus casas un telegrama en el que se los despedía por inasistencia. La patronal, además, les adeuda el último sueldo.

En Sancor, los trabajadores siguen recibiendo ataques de la patronal. Tras los despidos encubiertos de retiros voluntarios, que la empresa no está abonando, y las suspensiones, se suma durante la cuarentena que la patronal no está siquiera abonando el 75% que corresponde. La empresa también adeuda salarios y aguinaldo. Atilra sigue dejando hacer a Sancor.

Los trabajadores de prensa y los gráficos de medios impresos, que también continúan con sus labores, también están sufriendo un ajuste. Clarín decidió pagar los salarios en cuotas, a pesar que está recibiendo ATP. También el canal América y C5N abonan los salarios en cuotas. La editorial Atlántida despidió a 45 trabajadores de las revistas Para Ti, Gente y Paparazzi. Diario Popular abonó el 50% del salario que es lo que recibe por ATP. Por su parte, IPEA, que publica la revista Pronto, cerró a fines de marzo y despidió a 100 trabajadores de prensa y gráficos.

A todo esto se suman las paritarias que no están siendo negociadas, a pesar de que están vencidas la de 2019: Comercio, Metalúrgicos, Smata, UTA, Construcción, Estaciones de servicio, Vestido, Gráficos.

Un sector que está sufriendo recortes de forma inesperada son los médicos de centros de salud privados. En clínicas como el Sanatorio Otamendi, el Hospital Italiano y la Fundación Favaloro, los médicos están sufriendo descuentos de hasta el 50%.

Quienes más salen perdiendo son los trabajadores de las pymes. Según un informe de la Federación de Comercio e Industria de CABA, solamente un 23,1% de las pymes del AMBA pagó los salarios del mes de abril en tiempo y forma, un 39,8% lo hizo de manera incompleta y un 37,1% directamente no pagó. También los trabajadores en negro están sufriendo todo tipo de ataques que no salen a la superficie, como despidos y rebajas salariales o directamente el no pago de los salarios. Un caso que salió a la luz es el de una sucursal de la heladería Cremolati que gestionó para sus trabajadores el Ingreso familiar de emergencia (IFE) y les descontaba el monto del salario. Los contratados y los monotributistas son otro sector cuya precaria situación contractual los hace más vulnerables frente a la crisis.

La clase obrera de pie

Frente a este ataque, distintos sectores de la clase obrera comenzaron a movilizarse y enfrentar el ajuste. Los dos casos más resonantes fueron el del frigorífica Penta y el de Bed Time. Los trabajadores de Penta protagonizan un plan de lucha para exigir el pago de los salarios adeudados por la patronal y la reapertura de la planta, cerrada desde el 17 de marzo, que dejó a 240 trabajadores en la calle. En su lucha, sufrieron una cruenta represión el 9 de abril. En repudio, la Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Carne (FESITCARA) convocó a un paro nacional. Los trabajadores de Bed Time lograron un gran triunfo con su lucha que revirtió los despidos y garantizó el pago de salarios adeudados. Los trabajadores ocuparon la planta el día 23 de abril y una semana después lograron el acuerdo.

El Sindicato del neumático (SUTNA), logró un gran triunfo al revertir el intento de rebaja salarial que pretendía imponer FATE del 25%, a pesar de estar funcionando gracias a haber sido incluido en las excepciones a la cuarentena.

A nivel nacional, excepto en Capital Federal y Conurbano, la UTA lanzó un paro el 12 de mayo en reclamo por la falta de pago de los salarios. Las empresas que siguen funcionando por prestar un servicio esencial, se niegan a pagar la totalidad de salarios y además mandan a sus choferes a trabajar sin tomar ninguna medida de prevención y sin brindarles los elementos de protección personal.

Los repartidos de aplicaciones como Rappi, Glovo y Pedidos ya, nucleados en la Asociación de Trabajadores de Reparto, organizaron dos jornadas de protestas en reclamo por mejores condiciones laborales, la provisión de elementos de protección y mejora en los salarios. La primera se dio a nivel internacional, el 22 de abril, y la segunda a nivel local, el 8 de mayo, en la que marcharon a ministerio de Trabajo. Se trata de un rubro que aumentó los niveles de empleo durante la cuarentena y que mantiene a sus trabajadores en condiciones contractuales precarias, sin reconocerlos como tales, con salarios a destajo muy bajos, y sin garantizarles ninguna medida de higiene y seguridad.

En Lomas del Mirador, el 14 de mayo los trabajadores de la fábrica de alfajores La Nirva sufrieron un desalojo por parte de la Policía Bonaerense del acampe que mantenían frente a la planta para exigir el pago de salarios adeudados tras el cierre definitivo de la empresa. Las deudas salariales son de por lo menos medio año y perjudican a los 65 trabajadores de la fábrica. Incluso fueron estafados con cheques a 90 y 60 días sin fondos. Los trabajadores montaron nuevamente el acampe y el 18 de mayo lograron un acuerdo por el cual la empresa se compromete a pagar el 50% de los salarios y el resto lo cobrarán por ATP, aunque mantendrán la medida hasta que se efectivice. El sindicato de pasteleros brilló por su ausencia durante la lucha. En el mismo rubro, los trabajadores de Postres Balcarce, en Mar del Plata, se manifestaron el 6 de mayo para reclamar el pago de salarios adeudados de marzo y abril.

En Chubut, los trabajadores de las plantas de Rawson y Trelew de la alimenticia pesquera Fyrsa, que suman unos 250, se movilizaron el 15 de mayo a la gobernación para reclamar el pago de cuatro quincenas adeudadas. Además de la deuda salarial, la patronal no abrió las puertas en la cuarentena, por lo cual los trabajadores no saben si se quedaran desocupados.

En Mar del Plata, el 11 de mayo los trabajadores del frigorífico de pescado Apolo Fish, tomaron la planta en reclamo de salarios adeudados desde marzo. La empresa está recibiendo ATP y hasta el momento solo abonó una parte de los salarios adeudados.

En Acindar de Villa Constitución, la Comisión Interna logró un mejor arreglo que sus pares de La Tablada: los suspendidos cobrarán el 80% en los primeros meses y después el 90%, y no el 60% que pretendía la patronal. Si bien no se logró revertir el acuerdo, se consiguieron mejores condiciones. En Tenaris Siderca, Techint echó a 30 trabajadores de la contratista Ferrúa SRL, por la vía de rescindir los contratos, quienes se manifestaron con un piquete en la puerta de la fábrica el 18 de mayo.

En el gremio textil, el acuerdo que firmó la AOT no fue bien recibido por los trabajadores. Los trabajadores de Textilana, en Mar del Plata, se manifestaron en el ministerio de Trabajo de la Nación en la localidad en repudio al acuerdo, y explicaron que la empresa se encuentra funcionando en toda su capacidad fabricando barbijos. En Tierra del Fuego los trabajadores de Textil Río Grande y Austratel se movilizan al ministerio de Trabajo contra la obligación de volver a producir, porque las empresas les adeudaban salarios, incluso habiendo sufrido descuentos. En Trelew los trabajadores textiles marcharon contra el acuerdo el 28 de abril. Además, los trabajadores de la empresa chubutense Sedamil marcharon para reclamar el pago de quincenas adeudadas de abril y mayo. Los obreros de la fábrica tomaron la planta el 11 de mayo para exigir la regularización de los sueldos. El 20 de mayo marcharon al concejo deliberante de Trelew para reclamar que se eviten los despidos que la empresa pretende efectuar mediante un plan de retiros voluntarios. En La Matanza, los trabajadores de la textil Iberoamericana se manifestaron en la puerta de la empresa el 7 de mayo en reclamo por los salarios adeudados de tres meses y ese mismo día les informaron que se les iba a pagar lo adeudado.

Los trabajadores del Proyecto Minero de Andacollo, en Neuquén, están llevando adelante un plan de lucha porque la empresa Trident Southern Explorations adeuda los salarios de marzo y abril. Se trata de 238 mineros a quienes se les adeuda dos meses de salario y que quedaron en la calle después de que la empresa se presentó a concurso de acreedores. Los mineros están cortando desde el 5 de mayo la ruta 22 porque Gendarmería no los dejó avanzar. También sufrieron un procesamiento por incumplimiento de la cuarentena después de que Gendarmería revisara sus casas en la madrugada en que los detuvo. Los trabajadores consiguieron el 21 de mayo un acuerdo con la gobernación que les pagará un bono de $20.000 por marzo, uno de $30.000 por abril y luego cuatro cuotas mensuales y consecutivas del mismo monto.

También en Neuquén, trabajadores de la construcción vienen con un plan de lucha y el 13 de mayo cortaron 5 rutas de la provincia. Los trabajadores se encuentran desocupados desde que comenzó la cuarentena y denuncian que no están cobrando el fondo de desempleo que les corresponde y que la obra social que les da cobertura no tiene ninguna clínica donde atenderse. Dado que se supone que están cobrando el fondo de desempleo, los trabajadores no pueden acceder al IFE a pesar de estar desocupados.

En Quilmes, provincia de Buenos Aires, los trabajadores de Valot, que produce alcohol en gel y repelentes, dos productos esenciales cuya demanda aumentó, enfrentaron 60 despidos. La empresa pretendía pagar los sueldos de mayo en cuatro cuotas, lo cual fue rechazado por los trabajadores que decidieron bloquear en el ingreso a la planta el 12 de mayo. Ahora además de intento de cuotificar el salario, también reclaman por los despidos.

En Clarín, los trabajadores decidieron protestar contra el pago en cuotas de su salario de abril mediante trabajo a reglamento, ceses de tareas por turnos, quita de firmas y campañas de difusión sobre su crisis salarial.

En la gráfica Morvillo, patronal que recibe ATP, los trabajadores realizaron un paro por 26 horas, el 14 de mayo, contra el intento de la empresa de recortar el salario un 30% y en reclamo por el pago del 50% del salario de abril que la empresa adeudaba. Tras la medida, lograron que la patronal se comprometiera a pagar.

También contra el intento de recorte salarial, pararon el 8 de mayo los trabajadores de la transportista Cruz del Sur. La empresa les había descontado más del 30% de salario a pesar de seguir trabajando y facturando normalmente, esperando que el Estado pague una parte del salario. Con la medida, los trabajadores lograron que la empresa pague la totalidad de los haberes.

Entre los estatales también surgió la lucha. En Jujuy, los sindicatos estatales del Frente Amplio Gremial protagonizaron una jornada de protesta el 14 de mayo en repudio al pago de los sueldos en cuotas. En Chubut, docentes y estatales que conforman la mesa de unidad sindical organizaron marchas y caravanas en varias ciudades de la provincia el 18 de mayo en reclamo por los retrasos salariales, que llegan hasta dos meses. En la Ciudad de Córdoba, el Sindicato Único de Obreros y Empleados Municipales (SUOEM) se movilizó el 8 de mayo frente al recorte salarial, que alcanza hasta un 50%, y 13 trabajadores resultaron imputados por violar la cuarentena. En CABA, el 7 de mayo también se realizó una concentración en la legislatura para rechazar el intento de aprobar el pago escalonado. En Tigre los trabajadores de las áreas afectadas por los despidos realizaron un corte frente al municipio el 4 de mayo para reclamar por la reincorporación y el pago de salarios adeudados. En Salta, los municipales de Urundel también protagonizaron protestas en reclamo por el aumento del 30% pactado y el 21 de abril realizaron ollas populares frente a la municipalidad. En Jesús María, Córdoba, el 4 de mayo fueron apresados 41 que estaban reunidos en asamblea en las afueras de un obrador del municipio para debatir el reclamo por el pago de haberes.

En Chubut, donde como vimos están en lucha textiles, pesqueros, estatales y docentes, la situación está cerca de la explosión. El 20 de mayo se organizó una marcha en conjunto de estos tres sectores hacia la Municipalidad de Trelew y luego al Concejo Deliberante. Los trabajadores esperan que el municipio presione al gobernador Arcioni para que les provea una solución.

Entre los desocupados se dieron importantes movilizaciones protagonizadas por organizaciones piqueteras de izquierda, en reclamo por bolsones de comida para los comedores. Bajo la consigna “con hambre no hay cuarentena”, se realizaron varias movilizaciones en mayo para exigir al ministerio de Desarrollo Social que se aumente la ayuda.

El 19 de mayo se convocó a una movilización del Plenario del Sindicalismo Combativo contra la flexibilización de la cuarentena, las rebajas salariales y los despidos, lo cual constituye una muestra de que hay un nucleamiento dispuesto a hacer lo que la burocracia quiere evitar. El avance en la constitución del espacio como una coordinadora permanente abierto a todos los luchadores en una gran asamblea nacional de trabajadores ocupados y desocupados, va a permitir que toda esta energía desplegada por la clase estos últimos meses coagule en una organización de masas que debata y lleve adelante un plan de mayor alcance.

Me matan si trabajo, y si no trabajo, me matan

La pandemia aceleró un ajuste que ya estaba en marcha y le permitió a la burguesía avanzar en los recortes salariales. También le permitió al gobierno poner en marcha la maquinita para subsidiar aún más al conjunto de empresas planeras que están siendo beneficiadas. Mientras tanto, a los trabajadores se nos sigue pidiendo mayores esfuerzos, que es el eufemismo que se usa para decir: bánquense el ajuste calladitos. La burocracia muestra, como siempre, que su prioridad es la defensa de la ganancia de las patronales. Los despidos, las suspensiones, las rebajas salariales y la exposición de los trabajadores que tienen que seguir trabajando sin elementos de protección, no les parecen motivos de preocupación. Afortunadamente, dentro de la clase hay sectores dispuestos a enfrentar este ajuste. Esa lucha es la que tiene que extender, a pesar de que suponga violar la cuarentena. Se trata de dos estrategias diferentes frente a la crisis: la que lleva a la clase obrera detrás de los intereses de la burguesía y la que pone el interés obrero en primer plano. Por la primera, la clase se encamina a un nuevo descenso de sus condiciones de vida. Por la segunda, va a lograr frenar la ofensiva burguesa. Como se desprende de los casos que relatamos, las luchas culminan por lo general en triunfos, por lo que este camino se muestra no solo como el más conveniente sino también como el más efectivo. Como en 2001, una fracción de la clase se ve empujada a la calle y a la utilización de los métodos históricos de acción directa del proletariado. No esperan que los dirigentes sindicales les den permiso y se enfrentan a gobiernos de todo color político.

La cuarentena es la única medida que garantiza el cuidado de la salud de los trabajadores, porque la burguesía no se expone en el transporte público o en los lugares de trabajo. Pero para sostenerla hay que luchar por conseguir que todos los trabajadores tengan un ingreso que alcance para sostenerse sin ir al trabajo. Si las empresas no pueden pagar los salarios, y el Estado se tiene que hacer cargo, entonces que se haga cargo de la empresa en lugar de mantener burgueses planeros. Y esas empresas podrán ser puestas a producir los cientos de productos que se necesitan socialmente. Solo la clase obrera puede luchar para imponer que esta crisis no suponga una nueva vuela en el espiral de degradación que viene sufriendo hace décadas.