Ya van más de dos meses que un joven argentino de 22 años, Facundo Astudillo Castro, se ha convertido en una nueva víctima de desaparición forzada. Todo indicaría que detrás de este hecho, otra vez estarían efectivos de las fuerzas policiales de la provincia de Buenos Aires.

Desde ese 30 de abril en que Facundo viajaba desde la localidad de Pedro Luro hasta Bahía Blanca, y en que testigos señalan que fue obligado a subir en un patrullero de la policía bonaerense, nada más se supo de él. O a lo mejor sí, algún dato comprometedor para los secuestradores debía tener el propio jefe de Seguridad de la provincia, Sergio Berni, cuando le dijo a la desconsolada madre del desaparecido: «Su hijo está vivo y lo vamos a encontrar”.

Suena por lo menos raro que desde que Berni pronunciara esa sentencia, el pasado 7 de julio, nunca más insistió en la misma. La pregunta que cabe entonces, es: qué sabía Berni del tema como para tan temerariamente dar una información de ese calibre y a las pocas horas volver a declarar que no hay indicios ciertos para acusar a los efectivos policiales que teóricamente habrían intervenido en el secuestro y desaparición de Facundo. O todo se trató de uno de sus típicos alardes egocéntricos buscando lograr un perfil electoral a futuro, lo que sería peor todavía tratándose de un tema tan doloroso para una sociedad que carga la pesada mochila de 30 mil desaparecidos y desaparecidas en dictadura, más los que se sumaron en “democracia”, como Julio López o el caso emblemático de Santiago Maldonado.

Tiene toda la razón la madre de Facundo cuando señala que no quiere a la Bonaerense en la investigación del caso porque es como meter al zorro en el gallinero, pero su exigencia, a la que se sumó la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia, es constantemente burlada por los efectivos policiales, que no solo tratan de seguir obstaculizando la búsqueda sino que se dan el lujo de amenazar de muerte al abogado de la familia Astudillo Castro.

Lo cierto es que por más que se intente disimular o enredar una definición sobre lo que está ocurriendo con el caso de Facundo, si todos los caminos conducen a que hubo una intervención policial en el secuestro, es indiscutible que existe una clara responsabilidad del Estado. De la misma manera que ocurriera con Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, sendos actos criminales del gobierno de Mauricio Macri y Patricia Bullrich. De allí, la gravedad de que transcurran los días y Facundo siga sin aparecer, mientras que un gobierno al que millones de argentinos y argentinas votaron para tratar de borrar la barbarie en todos los órdenes producida por el macrismo, no tome el caso con la seriedad que merece y remueva cielo y tierra para encontrar vivo al joven secuestrado y enviar a la cárcel de por vida a los culpables.

No se puede seguir consagrando la impunidad como norma, aprovechándose en esta instancia de que miles de personas que seguramente se movilizarían en las calles reclamando “aparición con vida de Facundo”, hoy se ven obligadas a estar confinadas por la pandemia.
Más grave aún cuando el gatillo fácil (o la pena de muerte institucionalizada) dan cuenta de cifras de terror: un asesinato a manos de la policía y Gendarmería cada 40 horas solo en el mes de junio. Esto totaliza 18 jóvenes muertos, porque la mayoría de los ejecutados tienen edades que oscilan entre los 18 y los 30 años.

Si a ello le sumamos 82 femicidios en 117 días de confinamiento obligatorio, más otros innumerables abusos represivos en todo el país, la resultante es que estamos en presencia de un estado de excepción a nivel de las fuerzas de Seguridad que teóricamente iban a salir a las calles para “cuidar” a la población. Pero lo más significativo es que esto ocurre como un hecho “normal”, minimizado por la prensa hegemónica y aplaudido por los sectores más recalcitrantes de la derecha.

Otra vez, frente a tan grave panorama, el Estado se desentiende o cuando actúa lo hace para premiar a través de su Poder Judicial, con libertades inexplicables a quienes cometen asesinatos como el de Facundo Scalzo, en el Bajo Flores, o a quienes allanaron violentamente la vivienda de los indígenas Qom en el Chaco, golpeando e intentando quemar a una adolescente, o a los asesinos de la autoridad indígena Javier Chocobar, en Tucumán, por nombrar solo unos casos.

Es evidente, por más que lo nieguen los funcionarios civiles del Ministerio de Seguridad, con Sabina Frederic y Gabriel Fuks a la cabeza, que hay luz verde para que policías y gendarmes actúen con saña manifiesta contra el pobrerío de esos barrios y villas donde el hambre y la falta de insumos de todo tipo son moneda corriente, y jamás lo hagan contra, por ejemplo, los ultraderechistas que se manifestaron días pasados en el Obelisco, declarando enemigos y golpeando a todo aquel que no piensa como ellos.

Así es de brutal el “nuevo orden” que se va conformando desde que comenzó la guerra bacteriológica global. Necesita para imponer el control social establecer un sistema de militarización de las sociedades y consagrar como “daños colaterales” las bajas (crímenes) que deriven del mismo. Por eso, ha de estar en la resistencia y la lucha que se presente a este tipo de proyectos de dominación, la posibilidad de que no sigan ocurriendo más casos como el de Facundo Castro u otros como él cuyo único delito es ser jóvenes y vivir en barrios humildes. Callarse, consentir o mirar a un costado, significará complicidad por acción u omisión.