El 28 de marzo, Página|12 publicó un artículo titulado “Elogio a la policía del cuidado”, firmado por Gabriela Seghezzo y Nicolás Dallorso, dos investigadorxs del CONICET que coordinan el Observatorio de Seguridad de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde también son docentes.

La tesis fundamental que sostienen en su nota de opinión es que el aislamiento obligatorio por la pandemia del COVID-19 es una situación excepcional que nos permite visibilizar que “las tareas que llevan adelante cotidianamente las policías se asemejan más a las tareas de cuidado que a las de una persecución y represión penal”. La pandemia, así, se convierte en una oportunidad única para cambiar el sentido común securitario según el cual todas “las políticas que involucran a las fuerzas de seguridad son fascistas o involucran violencia institucional”.

Sin embargo, la afirmación cae por su propio peso. Cada día, se acumulan de a docenas las denuncias por las prácticas abusivas de policías y gendarmes. El artículo de Seghezzo y Dallorso amerita, entonces, debatir cuál es el rol de quienes investigan en este momento tan crucial que estamos atravesando y qué discursos se legitiman desde la academia. ¿Qué posición debería adoptarse en un momento en el que las fuerzas represivas suman poderes?

1. Va de suyo que la ciencia nunca es neutral y que las investigaciones muchas veces se direccionan en función de los intereses de la clase dominante. Pero también es una verdad evidente que muchísimxs investigadorxs pagos por el Estado cuentan con la autonomía suficiente para sostener tesis contrarias al espíritu general del gobierno de turno. Así lo demuestran cuatro años de macrismo y una abundante cantidad de trabajos producidos en el CONICET que antagonizan con la ideología cambiemita.

2. “Elogio a la policía del cuidado” parece un artículo hecho por encargo. Parece que se trata de recurrir a “los que saben” para darle de comer al público habitual de Página|12; para engrosar el menú de argumentos progresistas para explicar por qué ahora la Policía (y la Gendarmería y el Ejército) nos cuidan de verdad, aunque hasta hace apenas dos semanas eran los actores fundamentales del delito organizado. Apelar a investigadorxs del CONICET no debe ser mera casualidad. A la mayoría de lxs lectores de Página|12, el discurso bélico del ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires Sergio Berni frente a la Policía bonaerense seguramente le haya parecido un exceso. ¿Qué mejor entonces, que recurrir a docentes universitarixs e investigadorxs de instituciones de prestigio para que repitan lo mismo que el castrense ministro, pero con la fraseología del progresismo? Es un win-win.

3. Desde que el COVID-19 adquirió relevancia a nivel mundial, se ha desatado un conjunto de debates filosóficos que ponen en cuestión, por ejemplo, si las medidas de emergencia tomadas por los gobiernos implican la instalación de un estado de excepción que habilita políticas autoritarias; o si es este el momento para proponer una “biopolítica democrática” al servicio de la salud de las mayorías populares, tal como le contrapropone Pangiotis Sotiris a Giorgio Agamben.

En nuestro país, el estado de excepción puede verse justamente en el sector del progresismo y los intelectuales que encarnan su representación. Quienes durante años entendieron el accionar cotidiano de las fuerzas de seguridad como uno de los problemas más graves de nuestra democracia ahora no dudan en endilgarles a ellas tanto el control como el cuidado para evitar la propagación del virus. Ni siquiera se lo cuestionan, y es esto lo más grave. Es decir: no se trata solo la posición infantil de creer que quienes siempre nos reprimieron ahora “se exponen para cuidarnos a todos y todas” y son garantes de nuestras vidas, sino también de la obturación de cualquier posibilidad de duda.

4. La operación lógica para pensar el rol protagónico de las fuerzas de seguridad en un estado de excepción debería ser justamente la contraria. La conclusión también lo será: si se amplían las facultades de las fuerzas de seguridad, entonces también debe aumentarse el control sobre ellas para que sea mayor que en épocas de normalidad. La ampliación del poder policial y el mecanismo de vecinos convertidos en denunciantes compulsivos son la base para legitimar cualquier giro autoritario. Si naturalizamos las atribuciones ampliadas sin cuestionamientos, este puede ser uno de los principales males que heredemos de la crisis del COVID-19 y que más costará revertir una vez que salgamos de ella.

5. Por último, nada más miserable que la apelación a las políticas de cuidado para definir el actual accionar policial. Años de trabajo de activistas e intelectuales feministas que dieron lugar a la producción de teoría y políticas públicas a partir del concepto de las ‘tareas de cuidado’ y de su relación con la crisis de la reproducción social, para que se bastardeé su uso en un elogio a la policía. Sobre todo, en un país donde uno de cada cinco femicidios es perpetrado por un integrante de las fuerzas de seguridad que utiliza el arma reglamentaria (CORREPI).

6. Ante la propagación del discurso que busca relegitimar el accionar de las fuerzas de seguridad sin más, es preciso volver a apelar a las lógicas de cuidado comunitario y de organización popular, evitando las vías de escape facilistas de la militarización de la sociedad. En este sentido, si ponemos la emergencia sanitaria en el centro, exigir que las partidas presupuestarias para insumos, equipamientos y salarios de lxs trabajadorxs de salud se incrementen por encima de lo que se destina a la represión debe ser una demanda de primer orden.