Por primera vez, la delegación del Talibán, catalogado como organización terrorista por sus antecedentes de violencia irracional, salvo que se considere normal decapitar a la capitana de la selección nacional para que otras mujeres no quieran jugar voleibol, asistió ya no como oposición armada al gobierno que protegía Estados Unidos, sino como gobierno de facto, aún no reconocido por nadie.

Las verdaderas negociaciones, dejando de lado las sesiones plenarias, que son más para la foto, se desarrollaron a puerta cerrada con cada una de las delegaciones por separado. Al parecer, sobre todo los países vecinos de Afganistán respaldaron el enfoque pragmático del anfitrión, el canciller ruso Serguei Lavrov, quien sostiene que hay que mantener los vínculos con el Talibán, pero sin reconocerlo todavía como gobierno legítimo, que es lo que más exigen las nuevas autoridades de Kabul para poder recibir la ayuda financiera y humanitaria que sirva de paliativo a la paupérrima situación de la mayoría de los afganos.

Aunque el Talibán afirma que cumplió una de las condiciones para que la ONU celebre una conferencia de donadores, lo cierto es que el supuesto gobierno de conciliación nacional incluye sólo a dos ministros que no son de origen pastún (un tayiko y un uzbeko), lo cual no puede considerarse distribución equitativa de las carteras entre los principales grupos étnicos afganos, sin hablar de los derechos de las mujeres, el desmantelamiento del narcotráfico y otras demandas de la comunidad internacional.

Queda aún mucho camino para que estas negociaciones culminen con éxito, pero ya la semana entrante los cancilleres de siete países que acudieron a la cita de Moscú –China, Irán, Pakistán, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán– se volverán a reunir, ahora en Teherán, con representantes del Talibán.