Aún sin fecha acordada, circulan insistentes rumores en el sentido de que la cumbre pudiera celebrarse a distancia, por videoconferencia, la semana entrante, tentativamente este martes, porque los mandatarios parecen conscientes de que mientras más tarden en verse las caras, para pasar de las acusaciones a la búsqueda de consensos, mayor será el peligro de un estallido accidental de una guerra que, en el fondo, a nadie conviene.

Ya no se trata sólo de dar luz verde para que comiencen las labores de los grupos de funcionarios y expertos que han conformado Rusia y EU para negociar distintos aspectos del control de armamento y otras inquietudes en materia de seguridad.

Ahora Putin y Biden van a tener que defender posiciones irreconciliables: el primero, las líneas rojas que nadie debe cruzar –la expansión hacia el este de la OTAN y la admisión en su seno de repúblicas ex soviéticas como Ucrania o Georgia– y el segundo, lo que considera un derecho inalienable de cualquier país soberano como simple eufemismo de sus pretensiones hegemónicas.

El problema es que la iniciativa que va a presentar Putin a Biden –firmar un acuerdo jurídicamente vinculante que otorgue garantías de seguridad– permite que cada cual invoque principios nodales del derecho internacional para aceptar o rechazar el pacto. Exigir que ningún país vecino ingrese a la OTAN es para Rusia un derecho, pero también es una prerrogativa que corresponde decidir sólo a la población de esos países, y cada cual lo va a interpretar a su manera, como cuando se plantea un referendo de separación y unos reivindican la libre determinación de los pueblos, mientras otros se aferran a la integridad territorial.

Este tipo de contradicciones no pueden resolverse sin consenso, sin concesiones mutuas. ¿Están listas Rusia y EU para hacerlo ahora? Pronto lo sabremos.