El principal fabricante y vendedor de armas en el mundo es la principal víctima del uso de ese producto entre los países desarrollados. Lo que cultivas es lo que cosechas, dice el dicho, y aquí se abona el terreno con sangre. Todos saben el precio, pero en un sistema como este, el mercado es rey y durante 2020, en plena pandemia, la gente compró 23 millones de armas más, un incremento de 64 por ciento sobre el total de 2019, calculó el Washington Post.

Según investigaciones recientes, 39 por ciento de los hogares estadunidenses tienen armas (un incremento de 7 puntos desde 2016). El gobierno federal no mantiene un registro de la cantidad de armas que se venden en Estados Unidos, pero se calcula que existen hasta 400 millones de armas de fuego en manos privadas, o sea, más que suficiente para armar a la población entera del país.

Gran parte de las ventas de armas en Estados Unidos es legal, incluyendo las que fluyen a otros países como México. Los fabricantes, incluidos los 11 ahora demandados en una acción civil del gobierno de México registrada la semana pasada, afirman que ellos actúan estrictamente dentro del marco de la ley. Técnicamente eso es cierto. Más aún, a través de la asociación de fabricantes de armas, el National Shooting Sports Foundation (NSSF), argumenta que ellos no determinan el uso de sus productos, y que las licencias para adquirir y portar armas son establecidas y determinadas por leyes estatales y federales, no por ellos. También eso es cierto.

La Asociación Nacional del Rifle (NRA) que dice representar a los usuarios civiles de armas y que trabaja en conjunto y recibe apoyo de la industria, insiste que promueven la compra y uso legal de éstas, repitiendo su consigna de que las armas no matan a la gente, la gente mata a la gente (o sea, las armas no tienen la culpa). Estas asociaciones y sus aliados políticos conservadores han nutrido el antiguo y complejo argumento de que la tenencia de las armas por individuos es un derecho constitucional, y hasta tal vez un derecho divino, algo que los izquierdistas e intereses extranjeros les quieren arrebatar.

Como toda industria, saben cómo proteger su mercado y, por lo tanto, esas leyes que tanto dicen obedecer son casi redactadas por ellos mismos a través del juego corrupto (pero legal) donde invierten los fondos necesarios para que los políticos les paguen ese favor con legislación, es nada menos que el American way of life (o death en este contexto). Por ejemplo, en 2005 lograron que los republicanos promulgaran la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas de Fuego, que prohíbe casi toda demanda legal contra los fabricantes de armas en el país.

Pero al final son los políticos los responsables de promulgar y mantener las leyes que favorecen a esta industria –mucho de lo cual se hace a nivel estatal, no federal. Por lo tanto, las luchas a favor de un mayor control de armas en este país, muchas encabezadas por sobrevivientes, víctimas y familiares de la violencia de armas (y que deberían ser aliados naturales en esfuerzos como el de México) se han enfocado en hacer que los políticos rindan cuentas y presionarlos a abandonar su relación con la industria de las armas. Sin un cambio en esta alianza macabra de la industria con una parte de la clase política, no es posible un cambio real en el ámbito de control de las armas.

La violencia es negocio para los mercaderes de la muerte.